El Ministerio de Justicia deberá indemnizar con 1.660 euros a un hombre que fue detenido y privado de libertad durante 16 días en 2015 en el marco de la Operación Ice, cuyo objetivo era desmantelar al colectivo anarquista Straight Edge Madrid por supuestos delitos de terrorismo. En su momento, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, fueron imputados varios jóvenes por un delito de terrorismo por supuestamente haber prendido fuego a un cajero automático, e incluso uno de ellos pasó 16 meses en prisión, pero después fueron absueltos por falta de pruebas.
“Celebramos que el Juzgado haya otorgado una elevada cantidad diaria de indemnización, pues se trata de un reconocimiento implícito del terrible despropósito que fue la Operación Ice. Fueron unas imputaciones gravísimas sin pruebas”, donde la prensa publicó incluso sus nombres y fotos, por lo que esos jóvenes estudiantes de 20 años que nunca antes habían sido detenidos quedaron “afectados de por vida”, dice a Infobae España Daniel Amelang, abogado defensor del caso y miembro de Red Jurídica.
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Esos datos salieron a la luz, añaden, a pesar de que las actuaciones judiciales eran secretas y de que sus abogados no tenían conocimiento de los hechos. “Se publicaron noticias que atentaron contra su intimidad y privacidad, algunas con cierto morbo e incluso llegando a especular sobre su vida sexual”, indican desde la cooperativa de abogados.
En 2017 la imputación de delitos de terrorismo se sobreseyó ante la ausencia de pruebas que acreditara que los investigados hubieran cometido esos hechos y “únicamente fueron a juicio acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo por la publicación de una serie de mensajes en redes sociales llamando a la revolución”, si bien finalmente la Sala de lo Penal de la Audiencia Penal absolvió a todos los acusados, aclara Red Jurídica. “Habían sido detenidos, encarcelados, acusados y enjuiciados sin haber hecho nada”, sostienen.
Una vez firme su absolución, los abogados interpusieron reclamaciones patrimoniales ante el Ministerio de Justicia en nombre de los dos investigados que fueron encarcelados preventivamente y, “ante el silencio de la Administración”, recurrieron. La respuesta, en el primero de los dos casos en resolverse, fue “muy positiva”, indican desde Red Jurícia, ya que se indemnizó al reclamante con 103 euros por día privado de libertad, cuando la cifra media de indemnización suele situarse en 24 euros por día de encierro.
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“La defensa de la Administración demandada no se opone a la existencia de responsabilidad, pero considera que no se ha justificado la cuantía reclamada que cree excesiva siguiendo el criterio establecido en sentencias dela Sala Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional”, indica la sentencia.
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