Aquella semana de noviembre se sucedieron acontecimientos extraordinarios en España. Protagonistas de los tres poderes del Estado, con el presidente del Gobierno a la cabeza, maniobraron por un desfiladero. Los ciudadanos, fueran de izquierda o derecha, asistieron con estupor al desarrollo, narrado por los corresponsales en Bruselas. Todo por siete votos.
Pedro Sánchez será investido al precio de una amnistía que rechazó hasta el día que necesitó esos siete votos. Carles Puigdemont, primer responsable del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y también el primero en huir, regresará a España y podrá presentarse a unas elecciones sin haber pisado un tribunal ni la cárcel. Si nadie (*) lo impide.
En otro hito insólito, el Poder Judicial (*), con mandato caducado hace cerca de cinco años, se pronunció sobre la medida de gracia antes ya de su anuncio y redacción, es decir sobre lo leído, escuchado, visto en los medios. “Supone la abolición del Estado de Derecho en España”, proclamaron los vocales, todos propuestos por el PP.
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Génova movió hilos en el Legislativo, reformando el reglamento del Senado valiéndose de su mayoría absoluta en la cámara. Asegura querer dotar la tramitación de las proposiciones procedentes del Congreso de mayor “rigor” y “calidad”. En la práctica, la Mesa podrá postergar el debate sobre la amnistía meses y hasta años.
Contra la amnistía... y la Constitución
El encendido debate prendió en las calles. La protesta no fue espontánea ni autorizada. Ferraz como epicentro. La causa, desdibujada. Entre quienes clamaban se portaron pancartas contra la Constitución, se entonó el ‘Cara al sol’, se exhibieron banderas del régimen de Francisco Franco. Insultaron, atacaron e hirieron a agentes; destrozaron bienes públicos.
Una expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, azuzó los primeros días, llegando a cortar el tráfico. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se sumó en posteriores, con un papel activo -”¡esas lecheras, a la frontera!”, animó a cantar-. Santiago Abascal, presidente de Vox, tercera fuerza, en las últimas.
Entretanto, negociadores de PSOE y Junts cerraban en Bélgica el futuro de España. Se anunció el jueves. En Madrid era festivo. Los que lograban la investidura aseguraron tener un acuerdo “de legislatura”, pero los que lograban la amnistía pincharon el globo al poco: “Pedro Sánchez durará lo que dure su palabra”, pronunció/amenazó Laura Borrás.
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Si no hay adelanto, en 2025 hay elecciones en Cataluña. En las mejores proyecciones del presidente, se tratará de un Puigdemont versus Oriol Junqueras que ganará Salvador Illa. Pero el camino será tortuoso. El prófugo, rehabilitado, candidato, tiene en su mano destruir el gobierno que le ha conseguido el vuelo de vuelta.
Todos menos tres
Aquí le están esperando. Con el término lawfare revoloteando, y con el histórico precedente del Poder Judicial, Manuel García-Castellón decidió cuatro años después y justo esta semana, precisamente esta semana, imputar a Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic ni más ni menos que por terrorismo. La Fiscalía no ha podido sino expresar su sonrojo.
Otra investigación en marcha se produce en el seno de la Guardia Civil, con el foco en la asociación Aprogc, que concentra sus respaldos en la escala de oficiales. Están “dispuestos” -exponen en un comunicado- a “derramar la última gota” de su “sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional”.
En este clima, un Sánchez aparentemente tranquilo prepara su investidura, días 15 y 16. Como si nada hubiera pasado, ajeno al corrimiento de tierras a raíz de su jugada, no solo ha garantizado la mayoría absoluta, sino que la ha rebasado. Cuenta con 179 votos, 12 más que hace cuatro años. El viernes, de una tacada, PNV y Coalición Canaria.
Y la amnistía ya no es solo suya, de Sánchez: todos los partidos del Congreso de los Diputados salvo tres -PP, Vox y UPN- están de su lado. Su último movimiento, de gran riesgo, integra a quien jugaba en otro tablero. Esto sobre el papel. Con todo, aquella semana de noviembre, la que termina, solo era, es, un anticipo.
Frankenstein vive; Sánchez resiste, una vez más. No se sabe por cuánto. Habrá investidura, pero las batallas parlamentaria -y extraparlamentaria- por la legislatura y judicial por la amnistía están por librar. El jueves empieza todo.