PNV y PSOE pactan que el País Vasco recaude la nueva tributación de multinacionales sin aclarar el traspaso de la Seguridad Social

El acuerdo alcanzado este viernes entre el PSOE y el PNV para que Pedro Sánchez vuelva a ser investido presidente del Gobierno contiene tres medidas relevantes en materia económica a acometer en un plazo máximo de dos años: ampliación del concierto económico vasco para recaudar más impuestos; nuevas competencias en materia de empleo público y que los convenios colectivos de ámbito regional sean prioritarios a los nacionales. Aunque estos puntos son claros en el documento firmado, PSOE y PNV siguen discrepando en el ritmo para transferir el régimen económico de la Seguridad Social a la región, según contempla su estatuto de autonomía.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha celebrado en primer lugar que el escollo que impidió a su partido votar a favor de la reforma laboral de 2021 se haya pactado ahora. “Lo que entonces fue imposible, ahora lo hemos conseguido”, ha afirmado con notable alegría. El documento detalla en este aspecto que en un plazo máximo de seis meses el Gobierno modificará los artículos 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores para dar prioridad aplicativa en el País Vasco a los convenios firmados en la región “sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal”.

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Pese a esta ventaja, no serán negociables en el ámbito de la comunidad autónoma materias como las modalidades de contratación, la jornada máxima anual de trabajo, ni otros aspectos como el periodo de prueba, el régimen disciplinario o las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales.

CCOO y UGT han reaccionado a este acuerdo pidiendo que la modificación del Estatuto de los Trabajadores pactada se defina en las mesas de negociación porque no se abordó en la reforma laboral. No obstante, aceptan que coexistan distintos marcos autonómicos compatibles con los estatales.

Más espinoso y menos definido es el compromiso de transferir el régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco. El documento simplemente hace referencia a que se cumplimentarán las transferencias de las competencias pendientes a Euskadi, entre las que se encuentra la Seguridad Social, según lo dispuesto en el estatuto de autonomía de esta región.

No obstante, la transferencia tiene unos límites establecidos en la disposición transitoria quinta de dicha norma, que se haga: “dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad”. Este es un asunto clave, ya que romper la conocida como ‘caja única’ sería inconstitucional. Se desconocen por completo los pormenores de este acuerdo, pero la Constitución establece que solo la administración central puede legislar en materia de pensiones y cotizaciones a pagar.

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El compromiso de transferir la gestión económica de la Seguridad Social viene de lejos, se acordó para la anterior investidura de Pedro Sánchez y se llegó a pactar un cronograma en 2020 que nunca se llegó a aplicar. No obstante, Ortuzar insiste en señalar que esta vez es diferente: “Yo me quedo con que en el acuerdo pone negociar de buena fe para acordar los traspasos. La diferencia con el texto de hace cuatro años y el cronograma es que entonces se hablaba de estudiar los traspasos, ahora se habla de negociarlos y de hacerlos efectivos”, ha afirmado.

Horas después, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha quitado importancia a este aspecto asegurando que “no se ha singularizado nada al respecto a la Seguridad Social en el acuerdo” y que el literal incluido respecto a las competencias sin citar específicamente es “el mismo que figura en los acuerdos clásicos con el PNV”. “El Gobierno se tiene que comprometer al desarrollo del Estatuto del Gernika, pero hay algunas competencias singulares que se les da un plazo inferior y esta no se encuentra entre ellas”, ha defendido.

Por último, se amplía y refuerza el concierto económico vasco acordando la concertación de nuevos impuestos. Esto se debe a que los nuevos impuestos que se están creando a nivel europeo se quedan fuera del concierto porque no se negocia en Bruselas: “Se trata arreglar esos desajustes en algunos impuestos”, ha aclarado Ortuzar. En el documento se menciona específicamente que el País Vasco recaudará el impuesto que se pague en la región a raíz de establecer la nueva tributación mínima del 15% de las multinacionales procedente de una directiva europea y pendiente de trasponer por España.

También se ha acordado que el Gobierno se compromete a “fomentar la visibilidad y presencia” de las haciendas forales en el ámbito internacional para evitar que haya que hacer estos “ajustes” posteriores en la recaudación. No obstante, hay un detalle importante que falta en el acuerdo pese a que se ha estado barajando en los últimos meses: no hay rastro de un compromiso para modificar los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas para que los recaude y ajuste normativamente el País Vasco.

Por otra parte, también se ha pactado que en los próximos PGE se incluya una disposición para dar más competencias al Gobierno de Euskadi y al de Navarra en empleo público con efectos desde el uno de enero de 2024. En concreto, se podrá consensuar en el seno de las Comisiones Mixtas de Concierto (vascas) y Convenio (navarras) las tasas de reposición de la oferta de empleo público de nuevo ingreso y los máximos globales de incremento de la masa salarial retributiva de los empleados.