Qué es el ‘lawfare’, el concepto que reconocería a los independentistas que la Justicia ha actuado con intereses políticos

El acuerdo entre los socialistas y Junts per Catalunya se firmó el jueves después de semanas de incertidumbre en los que nunca se llegaba a materializar el acuerdo. Con la firma de este pacto de mínimos en el que se insta a ambas partes a encontrar una solución al conflicto político entre Cataluña y España, se ha introducido un concepto que el Poder Judicial ha querido rechazar de plano. Tanto asociaciones conservadoras, como progresistas, censuran que se pueda reconocer que en España se han producido casos de lawfare.

Lawfare, según la Fundeu, es la “instrumentalización de la Justicia, la judicialización de la política o la persecución judicial” contra un grupo de personas por su ideología. Reconocer casos de lawfare supondría admitir que ha existido una ruptura en la separación de poderes, es decir, que los jueces han actuado con intereses políticos.

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En el pacto firmado por el PSOE y Junts se reconoce esta cuestión vagamente, se hace una ligera mención al concepto explicando que “la Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”

Las comisiones de investigación a las que se refiere el documento fueron pactadas en agosto con el objetivo de hacer presidenta del Congreso de los Diputados a Francina Armengol. Se pactaron dos. Por un lado, se firmó impulsar una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer las maniobras que habría desplegado el Partido Popular contra los independentistas cuando la formación estaba al frente del Ministerio del Interior.

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Durante la etapa de Fernández Díaz al frente del ministerio, según el sumario de la Trama Kitchen, se maniobró en contra de los independentistas para lograr que perdieran fuerza en las elecciones al Parlament de Catalunya. La segunda comisión pactada investigará el espionaje con el programa Pegasus a líderes independentistas.

Los sectores independentistas argumentan que son víctimas de lawfare después de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se autoproclamaran competentes para dirigir la causa del procés independentista de 2017. La investigación de ambos tribunales acusando a los republicanos y posconvergentes de rebelión, permitió a la justicia enviarlos a prisión y suspender sus derechos políticos, cuestión que deberá dirimir el Tribunal de Estrasburgo, instancia en la que presentaron recurso.

Más allá de las decisiones judiciales de 2017 a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, en 2023, Junts y ERC siguen argumentando la presencia de esta intromisión judicial en la vida política. Las formaciones ejemplifican esta persecución en la decisión del juez Manuel García-Castellón al investigar por un delito de terrorismo a Carles Puigdemont, después de relacionar la muerte de un ciudadano francés con las acciones de Tsunami Demócratic. La investigación de aquel fallecimiento determinó que no había relación entre ambos hechos.

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En el escrito de la Fiscalía recurriendo esta decisión, el Ministerio Público dedica buena parte del documento a rebatir los argumentos expuestos por García-Castellón para citar como imputado a Puigdemont. La Fiscalía considera “significativo” que la Guardia Civil no dedicara en su informe “ningún apartado o capítulo” al papel que supuestamente desempeñó el expresident de la Generalitat, “ni se le atribuyan hechos concretos en relación con actividades delictivas relacionadas con Tsunami”. Además, acusa al magistrado de presuponer “sin fundamento” que Puigdemont estuviera en la presunta reunión en Suiza donde “pudo haberse planificado la actuación de Tsunami”.

La decisión de García-Castellón llegaba después de cuatro años con la investigación sin cambios relevantes y en plenas negociaciones entre Junts y el PSOE. Además, el juez se mostró en contra de la ley de amnistía “no como juez, sino como ciudadano”, dijo en un desayuno informativo.