Los siete días de locura política, judicial y social contra una desconocida amnistía

La amnistía es la comidilla de la conversación política y parte de la judicial. En la vida cotidiana, este término también está presente en muchas mesas. Para bien, para mal o para mostrar indiferencia porque “hay otros problemas peores”, pero está desde que el pasado 23 de julio el resultado electoral dio la oportunidad a Carles Puigdemont de poder influir en el panorama nacional.

La medida de gracia es la principal exigencia de Junts para dar su apoyo a Pedro Sánchez. El propio expresidente de la Generalitat, fugado a Bélgica, se encuentra entre los potenciales beneficiados. Pero lo cierto es que la norma todavía no se ha materializado ni existe como tal, más allá del acuerdo en torno a ella entre PSOE y ERC, y del que se cerrará este jueves con Junts. De hecho, hace apenas unas semanas, era una suerte de ente y no fue hasta el sábado 28 de octubre cuando Pedro Sánchez habló alto y claro acerca de esta medida, abrazándola y justificándola frente a los principales cuadros del partido.

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Desde ese momento hasta el pasado jueves, la norma parecía que estaba al caer en el Congreso, pero no había ninguna certeza en torno al contenido del texto de la ley. Siete días después, esa incógnita parece que se resolverá la próxima semana, después de que el PSOE y Junts hayan anunciado el acuerdo político que la envuelve, que se materializa este jueves. Si bien, el mero hecho de que se quiera impulsar la medida ha desatado la locura política y judicial, y ha servido de excusa para que grupos de neonazis quemen las calles contra el PSOE.

El pasado jueves, tras el receso por la jura de la Constitución de la princesa Leonor, el PSOE creía tener todo preparado en Bruselas y Barcelona para apuntalar la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas estaban convencidos de poder atar los apoyos más delicados, los de los dos partidos independentistas (enfrentados entre sí), y fijar la investidura para esta semana. Estaban llamados a filas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la capital comunitaria, y el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, en la ciudad condal para sellar sendos pactos con Carles Puigdemont (Junts) y Oriol Junqueras (ERC), respectivamente.

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El PSOE solo consiguió firmar el acuerdo con los republicanos, que incluye la ley de amnistía, el traspaso de Rodalies a la Generalitat y la condonación de parte de la deuda de Cataluña. Si bien, la jornada dejó un mal sabor de boca a los socialistas en lo referente a las negociaciones con Junts y sus aspiraciones de registrar junto a estas y otras fuerzas la ley de amnistía.

Los escollos en el último tramo de la negociación en torno a la ley de amnistía forzaron la cancelación de la rueda de prensa de Carles Puigdemont prevista ese mismo día en un hotel de Bruselas tras la reunión con la cúpula del partido, una decisión que llegó después del anuncio del pacto entre el PSOE y ERC, y la convocatoria de una rueda de prensa de Bolaños, por un lado, y Junqueras por otro para explicar los detalles del mismo, cuyas principales líneas maestras concuerdan con las exigencias de Junts.

Ha tenido que pasar una semana para que el PSOE y Junts vuelvan a poner sobre la mesa el anuncio del acuerdo, que se sellará este jueves en Bruselas, y que incluye algunos casos de lawfare (judicialización de la política) que implican, según denunció el propio Puigdemont, un “uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes”.

El acuerdo, de carácter “inminente” desde el pasado jueves, por fin verá la luz. Dirigentes de la cúpula de Junts se han desplazado a Bruselas para acompañar a Puigdemont, después de días de intercambio constante de papeles para perfilar detalles “técnicos” para que no quede ningún cabo suelto de cara a evitar que una norma de este calibre, la primera de la democracia, sea frenada por el Tribunal Constitucional.

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El pacto se ha demorado, según varias fuentes del PSOE, porque tenían que buscar una pista de aterrizaje por parte de Carles Puigdemont para comunicar el acuerdo de investidura del líder del PSOE. Por otro lado, los posconvergentes desconfían de la futura aplicación de la propia ley, especialmente después de la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de imputar a Puigdemont por terrorismo.

Esta decisión, anunciada el pasado lunes, se produce cuatro años después de que se abriera la causa que investiga a la plataforma Tsunami Democràtic y en plenas negociaciones del PSOE con Junts. De hecho, el Gobierno en funciones puso énfasis en esta cuestión para evitar criticar la decisión de este juez, vinculado además al PP, y destacó el criterio de la Fiscalía, que recurrirá el auto.

El magistrado incluye la “posible vinculación” de la muerte por infarto de un hombre con el bloqueo de los accesos a El Prat a causa de las manifestaciones promovidas por Tsunami Democràtic. Esta referencia en el auto judicial podría sentar las base para impedir la aplicación del olvido penal sobre los líderes independentistas por la supuesta existencia de un delito de sangre. Cabe recordar que la muerte se produjo en una terminal distinta a la que bloquearon los CDR para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés.

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El pasado lunes también irrumpió de lleno el propio órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva caducado casi cinco años por el bloqueo de los de Alberto Núñez Feijóo a su renovación. Una mayoría de nueve vocales (ocho designados por el PP) promovieron un texto para descalificar una norma que todavía no existe, y que espera ser registrada a falta de un acuerdo con Junts. “No deja de ser inaudito que un órgano en el que están sentados personas con estos conocimientos y estas trayectorias jurídicas emita un pronunciamiento acerca de una norma que no existe, que desconoce su contenido”, cuestionó la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez.

Y para evitar tramitar una ley que ni siquiera ha pisado el Congreso, el PP ha echado mano de su mayoría en el Senado para tratar de frenarla en esta institución en caso de que llegue hasta allí. Los populares, mediante un trámite exprés, aprobarán previsiblemente la próxima semana una reforma del Reglamento para decidir si la tramitación de una proposición de ley es o no urgente, lo que dilataría la eventual ley de amnistía.

Esto, a ojos de los socialistas, es un “atropello” porque “ni respetan plazos ni escuchan a la Junta de Portavoces”, ya que su toma en consideración se incluyó con calzador en el orden del día del pleno de esta semana. “Se saltan el Reglamento del Senado y la Constitución solo para dificultar la formación de un Gobierno de izquierdas”, escribió la portavoz PSOE en el Senado, Eva Granados, en la red social X.

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A estos hitos de los últimos siete días se suma la intensificación de las protestas en la calle contra una ley de amnistía que todavía no ha salido del cascarón. Más allá de las convocatorias impulsadas por el PP en el último mes, las manifestaciones han derivado en ataques hacia las sedes de los socialistas desde el pasado viernes. Las acciones en las inmediaciones del cuartel general del PSOE, ubicado en la madrileña calle de Ferraz, son las que más altercados han ocasionado, con detenciones y cargas policiales.

Estas protestas, respaldadas por Vox y a las que han acudido sus máximos dirigentes, han sido protagonizadas en los últimos días por los disturbios y ataques contra la Policía por parte de neonazis y grupos de violentos, entre los que los agentes han identificado ultras del Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Ante estos episodios de “intolerable acoso y violencia” contra las Casas del Pueblo del PSOE en toda España, especialmente en Ferraz, el PSOE pretende exhibir cohesión y quiere mantener el ánimo en pie. Horas antes de anunciar el acuerdo con Junts, Pedro Sánchez se remangó en una carta a la militancia para reafirmarse, “con más fuerza, si cabe, en la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición progresista”, manteniendo intacto su compromiso de rematar un acuerdo con los independentistas para allanar el camino de su investidura. El acuerdo por fin ha llegado, por lo que la ley de amnistía lo hará, previsiblemente, la próxima semana.