La batalla fiscal entre el Ministerio de Hacienda y las regiones gobernadas por el PP no ha terminado con el aval del Tribunal Constitucional al impuesto temporal a las grandes fortunas que recurrió la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso ha decidido eliminar la bonificación del Impuesto de Patrimonio (IP) mientras esté vigente el gravamen estatal con la finalidad de que lo que paguen las fortunas madrileñas que igualen o superen los tres millones de euros lo perciban las arcas de la comunidad. Sin embargo, esos ingresos se volverán a destinar a aliviar impuestos a los mismos ricos que paguen el renovado IP.
Ayuso busca volver a la situación anterior a la aprobación del tributo a las grandes fortunas porque, según fuentes del Ejecutivo madrileño, lo que se pretende es que los contribuyentes con elevado patrimonio no paguen más por este hecho. Esto coincide con el posicionamiento avanzado de manera menos clara por la presidenta este martes, cuando anunció una nueva ley para que la recaudación del impuesto “quede en manos del contribuyente madrileño” y, de esta manera, “se lo puedan devolver”.
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Queda por concretar cuál será la vía escogida para la rebaja fiscal, aunque el Ejecutivo madrileño no descarta ninguna de las cinco figuras en las que tiene competencia total o parcial: Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados (AJD) e IRPF. Descartada la vía de Patrimonio por la norma estatal, la atención recae en los cuatro restantes que, no obstante, ya tienen bonificaciones notables.
De hecho, Madrid recauda menos que Cataluña por Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimonioales y AJD pese a que tiene muchos más contribuyentes. Por el tributo que más se paga es, con diferencia, el IRPF, que está estratificado por nivel de renta y tiene un tramo autonómico, lo que lo convierte en el candidato más probable para compensar a las grandes fortunas afectadas.
Cabe recordar que la Comunidad de Madrid ya ha bonificado el IRPF en 2023 y también lo hará en 2024 aplicando una deflactación general para descontar el efecto de la inflación. Este tipo de rebaja que se aplica igual en todos los tramos y sin límite beneficia más a las personas con más renta, pero lo que se plantea ahora supondría un descuento adicional.
Hacienda perdería el 89% de la recaudación
Según detalla la proposición de ley registrada este miércoles por el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, es la primera vez que la región volverá a cobrar el Impuesto de Patrimonio desde su bonificación completa en 2008. “Esta bonificación se estableció con el convencimiento de que es un impuesto injusto e ineficaz, tal y como señala la inmensa mayoría de la doctrina hacendística y queda reflejado en el derecho comparado”, sostiene la exposición de motivos de la norma.
No obstante, lo que llama la atención del texto al que ha tenido acceso Infobae España es que la eliminación de la bonificación se introduce “con efectos desde el 1 de enero de 2023″, es decir, que aspira a aplicar la modificación con carácter retroactivo para que tenga efectos en el primer año que hubo que presentar la declaración del impuesto (2023) referente al patrimonio del año anterior (2022). De ser así, Hacienda perdería el 89% de lo recaudado este año, además de un importe similar en 2024.
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Esto se debe a que, aunque Andalucía y Murcia suprimieron el IP, la mayor parte de los grandes contribuyentes afectados por este se encuentran en Madrid dada su histórica bonificación y el efecto capitalidad. Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda en septiembre, 12.010 grandes patrimonios han pagado el impuesto a las grandes fortunas en 2023 y 10.302 de ellos, el 85,8%, corresponden a grandes patrimonios de Madrid. Estos han aportado 555 millones de euros de una recaudación total de 623 y les siguen los de Andalucía (865) con 29,7 millones y los de Galicia (91), con una cuota a pagar de 9,8 millones. Las tres comunidades suman más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación.
Este nuevo movimiento de Ayuso podría sentar precedente para el resto de las regiones del PP con Patrimonio bonificado y recursos ante el TC; Galicia, Andalucía y Murcia; cuyos procedimientos tienen alta probabilidad de acabar como el de Madrid. Mientras tanto, el Gobierno central se ha comprometido (según recoge el acuerdo entre PSOE y Sumar) a evaluar los resultados del impuesto temporal a las grandes fortunas con el objetivo de “avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.