Puigdemont frustra el calendario inicial de la investidura de Sánchez mientras crece el acoso de la extrema derecha por la amnistía

Las negociaciones continúan, pero el acuerdo se atasca. PSOE y Junts no terminan de atar los flecos sueltos en torno a la ley de amnistía, una norma que, por otra parte, está utilizando la derecha y la extrema derecha como arma arrojadiza contra el PSOE. Las protestas, jaleadas por Vox, han desembocado en ataques contra las sedes de los socialistas a lo largo y ancho del mapa español, dando lugar a cargas policiales. La pasada noche, de nuevo, Ferraz se llenó de gases lacrimógenos y pelotas de goma.

Aunque el optimismo entre las filas socialistas se mantiene en pie de cara a la investidura de su candidato, lo cierto es que hoy miércoles no se celebrará la cita para encumbrar a Pedro Sánchez. Tampoco hay visos de que se convoque para mañana jueves, pese al festivo madrileño por el Día de la Almudena. Fuentes socialistas de la Mesa, de hecho, alejan la posibilidad de que el debate se produzca finalmente esta semana.

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Con tiempo para sorpresas de última hora, todo apunta a que el calendario inicial del PSOE se ha visto frustrado. Los socialistas se escudan en que la fecha de la investidura sigue sin fijarse, una decisión que se oficializará por medio de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando tengan atados los apoyos necesarios —especialmente los siete votos de Junts—, pero lo cierto es que varios dirigentes del PSOE comentaban en privado sus intenciones de celebrar la investidura entre este miércoles y jueves.

Varias fuentes de la negociación achacan este retraso de los planes a las reticencias del líder de Junts, Carles Puigdemont, a dar el paso definitivo de pactar con el PSOE su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, lo que supondría un cambio drástico en las relaciones con el “Estado opresor”. Esta es la denominación que ha empleado una parte del independentismo, especialmente tras los hechos relativos al procés catalán y que ahora se pretenden amnistiar con una eventual medida de gracia.

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La principal duda de Junts para admitir la propuesta de amnistía que el PSOE ya ha pactado con ERC radica en la incredulidad de Junts sobre la futura aplicación de la propia ley. Puigdemont podría ser uno de los beneficiados de una norma de este calibre (la primera de la democracia), permitiendo su regreso a España, pero la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de imputarle por terrorismo aumenta la desconfianza entre los partidos independentistas sobre el poder judicial.

Y es que esta decisión se produce cuatro años después de que se abriera la causa que investiga a la plataforma Tsunami Democràtic y en plenas negociaciones del PSOE con Junts sobre la eventual ley de amnistía. En este escenario de pactos ha irrumpido también el propio órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva caducado casi cinco años por el bloqueo del PP a su renovación.

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Una mayoría de nueve vocales (ocho designados por el PP) promovieron este lunes un texto para descalificar una norma que todavía no existe, y que espera ser registrada a falta de un acuerdo con Junts. “No deja de ser inaudito que un órgano en el que están sentados personas con estos conocimientos y estas trayectorias jurídicas emita un pronunciamiento acerca de una norma que no existe, que desconoce su contenido”, cuestionó este martes la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez.

Esta situación complica a Junts la búsqueda de un relato para argumentar su cambio drástico en su estrategia política, al pasar de bloquear la gobernabilidad a posibilitarla. Fuentes del partido independentista insisten en su voluntad de negociar con el PSOE, pero voces socialistas conocedoras de la negociación achacan al “trabajo interno” de Junts la demora del acuerdo. “Hay algunos virajes que cuestan”, apostillan para explicar que, más allá de afinar flecos sueltos, lo que se busca es una pista de aterrizaje para comunicar el acuerdo de investidura del líder del PSOE.

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“Ya les conocemos”, anota una dirigente del PSC para referirse a la postura de Puigdemont en el tramo final de las negociaciones, que comenzó a echar el freno el pasado jueves, el mismo día que ERC firmó con los socialistas su apoyo a Sánchez. Desde ese día hasta ahora, la delegación del PSOE, encabezada por su número tres, Santos Cerdán, aguarda la firma del acuerdo definitivo, un pacto que si hasta hace poco era “inminente”, ya no se le quiere poner etiquetas.

Fuentes del entorno del secretario general de Organización esgrimen que “estamos a tiempo hasta el 27 de noviembre″, en referencia al plazo legal del que dispone Sánchez para armar una mayoría y evitar así una repetición electoral. Otras fuentes del equipo negociador del PSOE también inciden en este sentido: “Lo importante es llegar a un acuerdo”, señalan, además de pedir “paciencia”: “¿Qué son cinco días para formar Gobierno?”.

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Aunque desde la dirección del PSOE recuerdan que la investidura puede celebrarse cualquier día hasta el 27 de noviembre tras la habilitación de todos los festivos para fijar el pleno, los socialistas no quieren dejar pasar más tiempo ni agotar los plazos, ya que unas negociaciones sobre la bocina pueden hacer descarrilar los planes de investir a Sánchez y mantenerse en la Moncloa.

A esto se le añade la reciente crispación jaleada por la derecha y la ultraderecha, incendiando las calles contra el PSOE a cuenta de la ley de amnistía, una norma que a pesar de no conocerse ni trascender su texto, aspira a ser la nueva punta de lanza de la oposición a Sánchez. Este recrudecimiento de la presión “no amedrentará” al PSOE, que sigue con el foco puesto en la investidura. Los “avances” en las negociaciones complican al PSOE y a Junts cualquier amago de recular: los primeros por aceptar la amnistía y los segundos por negociar con Madrid una investidura. La cuestión es si estos pasos conducirán al acuerdo a buen puerto.