Los empleados de Renfe y Adif temen que el traspaso de Rodalies a Cataluña termine partiendo las dos empresas públicas en 17

Los comités de empresa de Renfe y Adif, integrados cada uno por cinco sindicatos, temen que el traspaso de los Rodalies (cercanías) al Gobierno de Cataluña abra la puerta a que otras regiones reclamen las competencias y se creen 17 empresas, una por región, para gestionar lo que actualmente abarcan solo dos de ámbito estatal. Esto supondría, según los representantes de los trabajadores, un perjuicio para los derechos de las plantillas ya negociados en los convenios estatales de las empresas actuales.

Así lo ha expresado durante una rueda de prensa este miércoles en Madrid Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario: “Ese es uno de los riesgos, que cunda el ejemplo y el resto de comunidades autónomas lo pidan (...) que se fraccionen y, por lo tanto, las condiciones de trabajo se pongan en cuestión”. Los sindicatos critican que el traspaso de Rodalies se ha acordado a nivel político sin tener en cuenta los problemas técnicos ni haber negociado con los trabajadores, por lo que han anunciado cinco jornadas de huelgas de 24 horas a nivel nacional durante los días 24 y 30 de noviembre y el 1, 4 y 5 de diciembre.

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No obstante, los sindicatos no se oponen a que las competencias se regionalicen, sino a que las plantillas se desvinculen de Renfe y Adif y pierdan derechos al pasar a pertenecer a una empresa distinta. Pepa Páez, secretaria general del sector ferroviario de CCOO, ha detallado que los “trabajadores de Renfe y Adif quieren seguir perteneciendo a sus empresas”, pero que “no se oponen al tras paso de competencias, sino a que eso suponga una segregación de las empresas públicas”.

A esto ha añadido que los sindicatos están dispuestos a negociar con el Ministerio de Transportes para que, aunque las competencias se transfieran, se subroguen las mismas condiciones laborales que tienen actualmente las plantillas. “Entendemos que tiene que haber unas figuras jurídicas suficientes como para que esa posible creación de una empresa pública compartida por la Generalitat y el Ministerio de Transportes no suponga que los trabajadores y trabajadoras se desliguen tanto del grupo Renfe como de Adif”, ha señalado Páez.

Los comités son aún más críticos con lo pactado entre ERC y el PSOE para traspasar infraestructuras porque es “prácticamente inviable lo que se está proponiendo”, ha avisado la representante de CCOO. La legislación contempla que solo pueden ser traspasables aquellas líneas en las que exclusivamente circulen trenes de ámbito regional y esto es “muy complicado” en una red como la española porque las líneas regionales “se entrecruzan y comparten partes con trenes de mercancías o de servicios comerciales que salen y entran de esa CCAA”.

Traspasar los Rodalies a la Generalitlat afectará a unos 2.500 trabajadores de Renfe y a otros 1.500 de Adif en Cataluña, pero desde los sindicatos recalcan que realmente implica a toda la plantilla (unos 30.000 trabajadores) porque supone un perjuicio en cuanto a traslados y sienta un precedente arriesgado. Respecto a las huelgas anunciadas, los sindicatos esperan una “afluencia absolutamente masiva”, según Pedro Ayer, del sector ferroviario de UGT, aunque reconocen que los servicios mínimos que se establecen en estas empresas (que prestan un servicio público) “hacen que las huelgas se vean reducidas a su mínima expresión”.

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Más allá de este conflicto, hay un problema añadido que también ha llevado a la convocatoria de huelga: la “privatización encubierta” de Renfe Mercancías. Este proceso está consistiendo en trasladar todos los activos de la empresa pública a una nueva sociedad participada al menos en un 50% por una empresa privada. El comité de empresa de Renfe considera que esta actuación “no garantiza un futuro viable ni la existencia de empleo estable”. Añaden además que “no se entiende la reciente inversión millonaria” con fondos del Plan de Recuperación en activos “que se preveían externalizar”.