Estos son los requisitos que establece el Gobierno para celebrar manifestaciones

Todavía no hay norma, ni acuerdo. Pero la trifulca ya está en las calles. La ley de amnistía ha llevado a cientos de personas a manifestarse en su contra por la calle madrileña de Ferraz, en dónde se encuentra la sede nacional de los socialistas.

Revuelta, una asociación juvenil vinculada a la extrema derecha, ha sido la encargada de convocar las manifestaciones contra el actual gobierno en funciones. Los participantes han cargado contra el posible acuerdo con los independentistas, pero esto no ha sido lo único. También han alzado cánticos contra el presidente del gobierno, así como contra otros colectivos sociales. Entre tanto, han sido muchas las polémicas derivadas de estas manifestaciones. La forma de convocarla ha sido una de las más candentes. Y es que, lejos de que los organizadores se lo comunicasen a la Delegación del Gobierno, las revueltas han sido coordinadas de forma ‘espontánea’ y a través de las redes sociales.

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El derecho a la manifestación está recogido en el artículo 21 de la Constitución. Así, si bien se reconoce el derecho a la reunión pacífica y sin armas, al tiempo que se establece que “el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”, también se puntualiza que en “los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad”.

Por tanto, a diferencia de las reuniones, las manifestaciones sí deben comunicarse por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente. La antelación necesaria es de diez días mínimo y treinta como máximo. Aunque en los casos de urgencia la comunicación podrá hacerse en las 24 horas previas.

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Entre tanto, tal y como se indica en la web del Ministerio del Interior, en el escrito de comunicación los organizadores deben facilitar sus datos personales (nombre, apellidos, domicilio y DNI), así como indicar la hora, el lugar, la fecha y la duración prevista de la manifestación. Paralelamente, también se deberá indicar el itinerario si se prevé circular por las vías públicas.

La autoridad gubernativa tiene el deber de defender el ejercicio de manifestación frente a aquellos que quieran impedirlo. Ahora, en caso de que “la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes”, si podría prohibirse una manifestación o, por el contrario, proponer una modificación de alguno de los aspectos de la misma, bien sea del lugar, de la fecha, de la duración o del itinerario. Entre tanto, la autoridad debe motivar su decisión y notificarla en un plazo máximo de 72 horas desde que fuera comunicada la manifestación.

Ahora, si los organizadores de una manifestación previamente suspendida deciden llevarla a cabo, podrían ser amonestados y condenados a una pena de prisión de 6 meses a un año y a una multa de 6 a 12 meses.