La vivienda asfixia a más de tres millones de personas: 6 de cada 10 euros los dedican a casa, comida y suministros

La vivienda se ha convertido en un quebradero de cabeza para numerosas familias en España, sobre todo para aquellas con menos ingresos. Los gastos relacionados con el pago de la casa y sus suministros son los que más se han incrementado en los presupuestos familiares, desequilibrando así las cuentas de millones de personas, indica la Fundación Foessa y Cáritas en su nuevo informe: del informe Análisis y Perspectivas 2023. Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida, donde aseguran que tres millones de hogares (16,8%) se sitúan por debajo del umbral de la pobreza severa.

En los últimos años, señala el informe, las familias con menos ingresos han invertido más de seis de cada 10 euros (63%) en gastos de vivienda, suministros y alimentación frente a los menos de cuatro de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos.

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Si bien es una buena noticia que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11% desde 2008, añade el estudio, también advierte de que “el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30%”. Esa disparidad es aún más acusada entre los hogares más humildes, ya que “el incremento de ingresos en estas familias ha sido prácticamente inexistente (0,5%)”.

“Sirve de muy poco ese aumento de los ingresos si las condiciones de vida no mejoran”, ha indicado este martes en rueda de prensa Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), que ha destacado la importancia de que se amplíe la vivienda social para que sea asequible para la población más vulnerable.

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Asimismo, ambas organizaciones han señalado que un total de 2,5 millones de personas “son pobres a pesar de que trabajan”. “Se trata de personas que madrugan, que cumplen con su trabajo, pero los ingresos que obtienen no les permiten salir de situaciones de pobreza”, ha señalado Rodríguez.

En las últimas crisis, ha recordado por su parte Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, ha habido una constante y es que son las familias más vulnerables las más afectadas. Así ha ocurrido desde la crisis económica de 2008, cuando aumentó la exclusión social, y después, en 2015, indican ambas organizaciones, la recuperación “no llegó para todos”. En 2020, la pandemia también “se cebó con las personas con empleos precarios y con las familias con hijos a cargo”, así como con las personas migrantes.

El precio de la vivienda no deja de subir, ha recordado Rodríguez, que ha asegurado que la casa que en 2015 valía 100.000 euros ahora cuesta 150.000 euros, un incremento que para muchas familias es imposible de asumir y deja como única opción habitacional el alquiler, si bien también se ha incrementado notablemente, un 44% según el portal Idealista.

Además, indica el informe, en un intento por encontrar soluciones económicas y sostenibles, cada vez más familias se ven obligadas a recurrir a fórmulas como el subarriendo de habitaciones. En apenas cinco años, el porcentaje de familias con esta casuística ha experimentado un notorio aumento, llegando al 6,6% en 2022 (más de 1,2 millones de hogares).

También se está registrando un incremento en el número de familias que residen en viviendas inseguras, llegando al 23,2% en 2021, lo que implica que más de 4,2 millones de hogares viven en pisos compartidos o cedidos sin contrato en vigor o en situación de desahucio.

De manera paralela, la cifra de familias que habitan viviendas inadecuadas, aquellas que no cumplen con las condiciones mínimas dignas para la vida cotidiana, “también ha experimentado un preocupante aumento, pasando del 25% en 2018 al 30% en 2021 (5,6 millones de familias)”.

El estudio propone algunas consideraciones tanto en la esfera de los ingresos como en la de los gastos para mejorar el equilibrio financiero de los hogares. Por ello, considera fundamental que se pongan en marcha acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, como es la ampliación del número de viviendas sociales en alquiler, así como el de viviendas de emergencia, “lo que garantizaría un refugio a familias en situaciones de extrema necesidad”.

El informe también destaca la necesidad de coordinar políticas de empleo centradas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral, así como abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral, lo que implica reducir la temporalidad en los contratos y la parcialidad en las jornadas.

Asimismo, consideran fundamental realizar los cambios legislativos para que las trabajadoras del hogar alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social y establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular.