El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, lleva con el bolígrafo preparado cinco días. Desde el jueves de la semana pasada, el número tres de los socialistas aguarda en Bruselas el sello de un acuerdo definitivo e histórico con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Los socialistas esperaban amarrar en un mismo día los apoyos más delicados para la investidura de Pedro Sánchez —el de los dos partidos independentistas—, pero solo consiguieron atar el sí de ERC.
Cinco días después, el pacto no llega. Más allá de afinar los últimos detalles “técnicos” en torno a la ley de amnistía, la explicación que dan desde Ferraz para justificar la tardanza de un acuerdo inminente, fuentes socialistas de la negociación apuntan a otro motivo: la búsqueda del relato por parte del partido de Puigdemont para argumentar su cambio drástico en su estrategia política, al pasar de bloquear la gobernabilidad a posibilitarla.
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Desde hace tiempo, en las filas del PSOE avisaron de la necesidad de “virar el transatlántico” para referirse al eventual nuevo papel de los de Puigdemont en Madrid después de criticar durante cuatro años el camino de diálogo emprendido por Oriol Junqueras. Los republicanos fueron una pieza esencial para el Gobierno de coalición en la pasada legislatura y tras el 23 de julio siguieron apostando por seguir esta senda posibilista.
Junts está a un acuerdo de entrar en ese amplio club, pasando a formar parte de un bloque, aunque nunca ha querido que lo metieran dentro del saco. Por eso, la formación independentista se descolgó de la firma de la ley para permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, un compromiso que los de Puigdemont arrancaron al PSOE para encumbrar a Francina Armengol a la Presidencia de la Cámara Baja.
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Fuentes socialistas de la negociación achacan al “trabajo interno” del partido independentista la demora del acuerdo. “Hay algunos virajes que cuestan”, apostillan estas voces para explicar que, más que flecos sueltos, lo que se busca es una pista de aterrizaje para comunicar el acuerdo de investidura del líder del PSOE. En este sentido, en Ferraz respiran tranquilos porque tienen el respaldo de su militancia a los pactos con los partidos independentistas, y al menos no una oposición férrea a la amnistía en el seno de la formación.
El 27 de noviembre, límite legal
Los socialistas creen que ya ha pasado lo peor al defender la amnistía en público. Por eso, quieren que este trago delicado de digerir se olvide cuanto antes y pasar a la siguiente pantalla: la conformación del nuevo Gobierno de coalición con Sumar, la puesta en marcha de su agenda progresista y engrasar la maquinaria para impulsar las cuentas públicas de 2024. Y quieren que todo ello sea cuanto antes, aunque el límite legal esté en el 27 de noviembre.
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Por eso, el PSOE sigue confiado en poder comunicar el acuerdo este martes, el último día del que dispone Francina Armengol para fijar el pleno de investidura este miércoles y que la votación se produzca jueves, el planteamiento inicial de los socialistas desde hace varias semanas. Este viernes y sábado, los de Pedro Sánchez serán anfitriones de la familia socialista europea en un congreso en Málaga para definir su estrategia de cara a las elecciones al Parlamento Europeo.
Por si acaso, la Mesa del Congreso, con mayoría de progresista, aprobó en su reunión del pasado viernes habilitar todos los festivos hasta el 27 de noviembre, incluido el que se celebra en Madrid el próximo 9 de noviembre, el Día de la Almudena, para que se pueda celebrar un pleno de investidura en cualquier momento. Asimismo, aunque el reglamento señala que la convocatoria de un pleno ha de anunciarse con 48 horas de antelación, el texto que regula la actividad en el Congreso contempla la posibilidad de que la Mesa avale la fijación de un debate con 24 horas de antelación. La mayoría de PSOE y Sumar podría permitir esta opción.
Desde el partido de Puigdemont comentan que sigue habiendo un “intercambio de papeles” contante para “afinar” la ley de amnistía y que “no quede nada suelto”. La desconfianza persiste y no solo afecta a las negociaciones con los socialistas, pues la pata judicial sigue arrinconando a los líderes independentistas. Otra prueba más de ello llegó este mismo lunes después de que la Audiencia Nacional imputara por terrorismo al propio Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas en la causa sobre la plataforma Tsunami Democràtic.
Esta situación complica el escenario para Junts en medio de una enorme presión en el entorno catalán por el paso que tiene previsto dar, motivo por el que el acuerdo aún se hace de rogar pese a su carácter inminente.