Cepyme pide retrasar cuatro años la obligación de que las empresas medianas tengan representación de los trabajadores

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha reclamado al Gobierno este martes que se modifique el artículo 63 del Estatuto de los Trabajadores (ET) para que las empresas que superen por primera vez los 50 asalariados y pasen a ser medianas no tengan la obligación de crear un comité de empresa de manera inmediata. Este órgano es el representativo de los empleados en su centro de trabajo y es a través del cual defienden sus intereses, según define el ET.

El economista y director de estudios de Cepyme, Diego Barceló, ha explicado que la propuesta consiste en que dicha exigencia se aplique “únicamente después de cuatro años de cumplimiento efectivo de la condición” de los 50 trabajadores, porque habiendo pasado ese periodo es “más probable” que el negocio haya crecido en asalariados. De esta manera, “se le quita al empresariado el miedo al empleado número 50, por el cual muchas veces el empresario prefiere constituir una nueva empresa aparte”, ha asegurado Barceló. En este sentido, Cepyme considera que el escalón regulatorio de los 50 empleados es uno de los “problemas que hace que la empresa española sea más pequeña” que las europeas.

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Este planteamiento choca frontalmente con la dirección en la que quiere avanzar la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y con lo recogido en el pacto para reeditar un Gobierno de coalición con el PSOE. En concreto, ambas formaciones se comprometieron en el documento a impulsar “una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas” en el marco del artículo 129 de la Constitución y del diálogo social. Dicho artículo hace referencia a que los poderes públicos promoverán “diversas formas de participación en la empresa” y establecerán “los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

Hace unos meses, Díaz ya avanzó en el programa de Sumar que su intención es que los trabajadores puedan participar en los consejos de administración de las empresas, como sucede en algunos países europeos, y ha puesto de ejemplo para ello el caso de Navantia, que es una empresa pública.

Otra de las propuestas principales de Cepyme para que aumente el tamaño de las empresas españolas es reducir las cargas burocráticas y barreras regulatorias porque ocasionará también una reducción de costes. Según un informe publicado este martes sobre la situación de las pymes en España, en 2022 se aprobaron 849 nuevas normas nacionales; 340 autonómicas y 2.249 europeas. “Por cada norma nueva se debería derogar al menos una del mismo rango”, pide la organización en el documento.

Esta idea también es una de las peticiones reiteradas de la patronal europea Bussines Europe y coincide parcialmente con la simplificación normativa y reducción de los requisitos de notificación en un 25% a la que se ha comprometido la Comisión Europea para 2024, aunque “sin rebajar las normas sociales, medioambientales, económicas, de seguridad o de protección de los consumidores”.

Por otra parte, el informe de Cepyme señala que el 94% de las empresas españolas tiene 1,7 ocupados de media, por lo que siguen siendo de las más pequeñas de Europa. Esto supone un freno a las opciones de mejorar la productividad, las ventas, las exportaciones, los salarios, el empleo y, por ende, el crecimiento del PIB.

Según los cálculos de la patronal, elevar el tamaño de la empresa española a la media europea permitiría: bajar la tasa de paro en cinco puntos porcentuales; aumentar el PIB un 5%; reducir el déficit fiscal en torno al 2% del PIB sin aumentar la presión tributaria; recortar en más de 4 puntos porcentuales el peso de la deuda pública sobre el PIB e incrementar la recaudación en 21.000 millones de euros.