Lleva en el punto de mira de los partidos que han apoyado al PP en la Comunidad de Madrid desde el año 2015. Primero fue Ciudadanos, quien facilitó la investidura de Cristina Cifuentes. La formación naranja calificó entonces a Madrid Activa, una mercantil propiedad al 100% del Gobierno regional, de una sociedad que solo sirve para organizar “desayunos empresariales” que había que cerrar. No tuvo suerte. En 2021, con ya Ciudadanos desaparecido del mapa político madrileño, fue Vox tras apoyar a Isabel Díaz Ayuso quien tomó el relevo, definiendo a este ente público de auténtico ‘chiringuito’ que había que eliminar.
Treinta y seis años después de su creación, Ayuso ha tomado por fin la decisión de echar la persiana. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo “está actualmente iniciando los procesos administrativos para disolver esta empresa y ceder sus activos y pasivos a la Comunidad de Madrid”. Desde la consejería prevén su cierre para el primer semestre de 2024. “No era una empresa sostenible. Bueno, si era sostenible era en pérdidas”, ironiza José Luis Ruiz Bartolomé, diputado de Vox, “porque lo único que ha hecho en dos años es vender cuatro parcelas, un trabajo que se podría haber subcontratado”, explica.
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El último balance de 2022 refleja que la empresa tenía una directora general y tres trabajadores y que pagaba en nóminas 306.000 euros, de los que 94.531 euros se los llevaba la máxima responsable de la sociedad. La mejor prueba de que la empresa no funcionaba a pleno rendimiento es que su última directora general, Lucía Morales, dejó el cargo en junio de este año para irse como concejala al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Desde entonces no ha habido sustituto. De hecho, en la web de Madrid Activa se puede observar que en lo que llevamos de 2023 solo ha organizado seis actos, el último en abril, una mesa redonda sobre innovación para estudiantes. Su cuenta de X (antes Twitter) solo tiene 438 seguidores. Actualmente, explican desde la consejería, solo cuenta con dos trabajadores, uno de los cuales tiene plaza de empleado público en la Comunidad de Madrid en situación de excedencia.
Desde 1987
La empresa se constituyó como sociedad anónima en junio de 1987 con la denominación de Parque Tecnológico de Madrid. En 1994 cambió de nombre para llamarse Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá, renombrándose definitivamente de nuevo como Madrid Activa en 2014. El objeto de esta sociedad consiste en “impulsar el desarrollo económico, tecnológico e industrial” de la región, apoyando “el emprendimiento de proyectos de base tecnológica”.
‘Madrid Activa’ también gestiona TecnoAlcalá, un parque tecnológico y empresarial de 370.000 metros cuadrados ubicado en Alcalá de Henares donde están asentadas 40 empresas. Como entidad gestora, la empresa pública presta los servicios de vigilancia, jardinería, limpieza y recogida de residuos del parque. También se encarga de vender su suelo a las empresas que quieren instalarse allí. En 2014, la Comunidad de Madrid presidida entonces por Ignacio González quiso dar un impulso a la sociedad poniendo en marcha el Plan Activa Henares, una inversión de 268 millones para relanzar la economía en 17 municipios del Corredor del Henares; y el Plan Activa Sur, para dinamizar el empleo en 23 municipios del sur de la región, en este caso con una inversión de 630 millones de euros. Se desconocen si ambos planes han cumplido sus objetivos, nueve años después. Lo único que aclaran desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo es que ‘Madrid Activa’ ha vendido las dos últimas parcelas que quedaban en el polígono TecnoAlcalá y que la empresa pública ha cumplido ya, por tanto, su razón de ser.
El grupo parlamentario Más Madrid pidió el año pasado a la Cámara de Cuenta que fiscalizará la actividad de esta empresa pública en el periodo 2015-2021. En julio de 2023 un informe del órgano fiscalizador detectó varias irregularidades en su situación contable, ya que no tenía un “inventario detallado y valorado de su inmovilizado material e inmaterial”, “debería restringir sus pagos de caja a operaciones puntuales y de pequeño importe”, y también debería “garantizar que sus procedimientos de contratación” cumplen con lo establecido en la Ley de Contratación del Sector Público.