El pleno ‘fantasma’ y de alto voltaje del Poder Judicial sobre la amnistía: sin ley pactada, sin consecuencias y sin mayoría asegurada

Cumbre en el Poder Judicial por la amnistía. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces se reúnen a partir de las siete de la tarde de este lunes para abordar su propio debate interno sobre una futurible ley de amnistía que el PSOE aún no ha conseguido cerrar con Junts –sí con ERC–. Ningún agente externo ha pedido al CGPJ que se pronuncie sobre el asunto, pero los vocales propuestos por el Partido Popular están a solo un voto de poder realizar una declaración institucional contra la medida clave para la investidura de Pedro Sánchez.

Si el revuelo ya era alto, Álvaro Cuesta, vocal progresista, acrecentó ayer el ruido y evidenció las discrepancias internas al solicitar la convocatoria del pleno al considerar que es “manifiestamente ilegal”. Vicente Guilarte, presidente interino, salió rápido al paso y rechazó los argumentos de Cuesta, que amenaza con no acudir. “No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes en 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio de 2023″, esgrimió Cuesta, quien apuntó que el CGPJ “no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre proposiciones de ley, salvo que así se lo haya pedido el Congreso”.

Guilarte, que aceptó la propuesta de los ocho vocales conservadores, le respondió que “la convocatoria se ha realizado de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CGPJ”.

Lo cierto es que la posible declaración no tendría consecuencia directa alguna. Menos aún cuando, dada la falta de acuerdo del PSOE con los de Carles Puigdemont, el texto de la proposición de ley aún no ha sido registrado en el Congreso de los Diputados. No obstante, de darse dicha declaración, sería con toda seguridad un rechazo frontal y contundente contra la ley de amnistía en Cataluña.

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“El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”. Estos fueron el tono y las palabras utilizadas por los ocho vocales conservadores que pidieron la celebración de un pleno extraordinario.

Tras la aprobación del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, los ocho magistrados necesitan un voto a favor más para sacar adelante la declaración contra la amnistía. Descartando el rechazo en bloque del sector progresista, con seis vocales, los conservadores solo pueden convencer al propio Guilarte –algo improbable– y al vocal Wenceslao Olea.

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El resultado que se extraiga del pleno extraordinario del CGPJ, cuyo mandato está caduco desde hace casi cinco años, no será vinculante para la futura, si llega, ley de amnistía. Y es que la medida se tramitará en el Congreso por la vía de proposición de ley, que no requiere la valoración por parte de órganos como el CGPJ o el Consejo de Estado, como si ocurre con los proyectos de ley que presenta directamente el Gobierno.