Perdonar parte de la deuda a Cataluña y a otras CCAA muy endeudadas no bastará: el problema se remonta a más de una década

Una de las monedas de cambio del PSOE para conseguir la investidura de Pedro Sánchez ha sido que el Estado asuma parte de la deuda de Cataluña y, de paso, parte de la del resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, el problema es mucho más estructural: la deuda pública se disparó tras la crisis de 2008 y desde hace una década las regiones que más adeudan no están en condiciones de acudir a los mercados. Esto les hace depender de lo que les preste el Estado para financiarse.

Aunque las comunidades rechacen ahora las formas en las que se anuncia la condonación, el último ministro de Hacienda del PP (Montoro) ya incluyó una fórmula para reestructurar las deudas autonómicas en los PGE de 2018. La llegada de la pandemia en 2020 volvió a disparar la deuda pública y a fecha del segundo trimestre de 2023 hay regiones como Valencia y Cataluña con deudas del 43,5% y del 32,4% sobre su PIB, respectivamente. “Algunas comunidades no son viables desde el punto de vista financiero en los mercados de capitales y están siendo sostenidas financieramente por el Estado, que no es un banco”, explica Diego Martínez López, economista de Fedea, a Infobae España.

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Según Martínez, la condonación de la deuda “es un ejercicio de realismo”, aunque debería ser “algo instrumental” para conseguir esa vuelta a los mercados, no un fin en sí mismo. Además, perdonar unos 15.000 millones de euros de deuda pública a Cataluña, más unos 1.300 de intereses, según contempla el documento pactado entre el PSOE y ERC, se antoja insuficiente para que le queden unas cuentas saneadas.

Según el Banco de España, la deuda total de esta región ascendió en el segundo trimestre de 2023 a 86.800 millones, debiendo el 84,2% de ellos al Estado. Si se resta la cantidad anunciada de condonación, Cataluña seguiría debiendo 58.110 millones, en torno al 21,5% de su PIB y 11 puntos porcentuales más que en 2008.

“Este 20% del que se está hablando es insuficiente (…) haría falta algo más”, apunta Martínez. En concreto, el economista propone tres acciones para todas las CCAA tras esta primera condonación: una reestructuración de la deuda restante alargando su plazo de devolución a 40 o 50 años; reformar el sistema de financiación autonómica (SFA) y establecer planes de ajuste creíbles a medio plazo, algo que la AIReF lleva pidiendo años sin éxito.

Según el documento pactado con ERC, el Gobierno central tramitará una modificación legal de “alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común” que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica contraída con el mismo (principalmente a través del Fondo de Liquidez Autonómico y del Fondo de Facilidad Financiera). Además, para las regiones que no tienen este tipo de deuda (Madrid) se plantea la posibilidad de realizar transferencias para que paguen parte de su deuda con terceros.

La fórmula para calcular la deuda a condonar se basará en el “impacto negativo del ciclo económico” en cada región, por lo que el resultado también será distinto en cada caso. Sin embargo, el criterio escogido es complejo y omite el argumento de la infrafinanciación relativa a través del SFA reconocido hasta ahora tanto por el Gobierno actual como por los anteriores a la hora de abordar el problema de las deudas autonómicas.

“A mí no me parece el mejor criterio”, señala Martínez, aunque también reconoce que probablemente sea “el más factible” para generalizar la condonación, ya que Cataluña no está financiada por debajo de la media en el SFA. Según el economista, utilizar el impacto de la crisis económica para definir la cuantía es un cálculo realizable, pero que genera problemas técnicos porque desde 2008 “ha habido años que comunidades como Cataluña y Valencia han tenido superávits cíclicos”. A esto se añade que todas las regiones han estado “sobrefinanciadas” durante la pandemia para hacer frente al aumento repentino de gastos como el sanitario.

Si las dudas respecto a la fórmula que se usará para calcular los saldos cíclicos y las condonaciones no se aclaran cuando la medida se efectúe, podría impactar de manera negativa en la prima de riesgo. “Hay que hacerlo con mucha claridad para que los mercados de capitales no piensen que se está realizando una condonación ad hoc sin criterios técnicos y de manera excesivamente política”, explica Martínez.

A esto mismo se ha referido este viernes durante unas jornadas de la APIE la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, asegurando que la condonación “no afectará a la posición de España en los mercados financieros” y que tampoco supondrá un aumento de la deuda pública del conjunto de España al tratarse de una transferencia entre administraciones. Martínez coincide en esta afirmación, aunque matiza que puede haber un “pequeño desequilibrio financiero” para el Estado derivado de que en algunas ocasiones este ha prestado a las comunidades a un tipo de interés superior al que se endeudaba.

Por otra parte, que una región tenga más deuda que otra no se puede atribuir de manera inequívoca a una peor gestión de sus gobiernos, sino que se debe a una acumulación de factores difíciles de cuantificar. Martínez identifica al menos otros dos: infrafinanciación en el SFA y unas reglas fiscales nacionales reiteradamente incumplidas al ser “muy exigentes” en comparación con las europeas.

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“Es difícil encontrar grandes números de mala gestión, aunque seguro que ha habido”, señala el economista, y asegura que la infrafinanciación de Valencia y Murcia sí “está bastante evidenciada”. Respecto a las reglas fiscales, ni el Estado ni las CCAA han cumplido con los límites de endeudamiento y eficiencia establecidos en la Ley de estabilidad presupuestaria, a lo que se suma que el periodo de expansión entre la crisis financiera de 2008 y la de la COVID-19 “no se utilizó para sanear las cuentas”.