El PSOE aún tendrá que esperar a cerrar su acuerdo con Junts para hacer de la ley de amnistía una realidad tras el pacto con ERC. Aunque el texto de la proposición de ley aún no ha sido registrado en el Congreso de los Diputados, algunos sectores de la judicatura ya han lanzado su oposición contra la medida clave que investiría a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Los primeros fueron los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quienes lograron que el próximo lunes se celebre un pleno extraordinario en el que se debatirá la medida. Pero, ¿pueden estos jueces –o los del Tribunal Constitucional– paralizar la ley de amnistía?
La respuesta no es tajante y tiene muchos matices. Al estar el Ejecutivo en funciones, la medida se registraría en el Congreso por el trámite de proposición de ley de los grupos parlamentarios, en lugar de por la vía de proyecto de ley, como suele ser habitual cuando el Gobierno quiere sacar adelante una medida legislativa. Es por esta razón que no será necesaria la emisión de informes evaluativos por parte de órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial.
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De esta manera, el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cinco años con el mandato caduco, solo podrá hacer una declaración institucional que no sería vinculante para la amnistía. Para que salga adelante, los ocho vocales que pidieron el pleno, todos elegidos a propuesta del Partido Popular, necesitarán convencer a otro magistrado, ya que deben alcanzar al menos nueve votos de un total de 16. Dando por hecha la negativa de los seis vocales progresistas, los solicitantes buscarán el voto favorable del propio presidente interino del Poder Judicial, Vicente Guilarte, o del vocal Wenceslao Olea.
Los vocales del sector progresista ya han advertido que consideran la petición de sus colegas conservadores un intento de intervenir en la política, por lo que con toda seguridad votarán en bloque contra la emisión de una declaración institucional en el pleno del próximo lunes.
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El papel del Constitucional
En el caso de aprobarse una ley de amnistía que beneficiará a los inductores y colaboradores del procés, la medida pasará rápidamente a estar sobre la mesa de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). El PP y Vox ya avanzaron que recurrirán la constitucionalidad de la norma de forma inmediata. Su recurso, según la ley orgánica del TC, no frenaría la aplicación de la norma hasta que el tribunal de garantías dictase su sentencia. No obstante, los partidos políticos no serán los únicos que puedan poner la amnistía en manos del Constitucional.
Los propios tribunales que hayan juzgado o tengan una causa abierta afectada por la amnistía, como la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o varios juzgados de instrucción catalanes, podrán preguntar al TC sobre el encaje de la medida en la carta magna o, lo que es lo mismo, plantear una cuestión de inconstitucionalidad. En estos casos, sí se paralizaría la aplicación de la norma, pero solo para el procedimiento o procedimientos concretos a los que haga referencia ese tribunal.