Nueva operación de la Policía Nacional contra la piratería en el deporte. Esta vez ha desarticulado una organización asentada en las provincias de Alicante y Sevilla a la que habían contratado sus servicios más de 18.300 clientes. Los agentes han detenido a ocho personas acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la propiedad intelectual, según ha informado la Dirección General del Cuerpo.
La organización desmantelada contaba con un alto grado de especialización tecnológica, lo que le permitía administrar de forma remota a los clientes que contrataban el contenido audiovisual de deportes.
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La investigación policial comenzó en febrero de 2022, cuando se identificó a una organización criminal que se dedicaba a proveer contenido multimedia fraudulento desde dos centros operativos. Lo hacía a través de IPTV (Internet Protocol Television) y mediante la instalación de aplicaciones ilícitas en televisiones y teléfonos móviles de los clientes. Este servicio les permitía acceder a películas, series o eventos deportivos a un precio muy inferior al de mercado.
Para ofertar el servicio la organización utilizaba una empresa de consultoría de telecomunicaciones que contaba con una sólida estructura de marketing a su servicio. Los integrantes del entramado criminal vivían en las provincias de Alicante, Málaga y Valladolid. Su función era comercializar los servicios de piratería, siempre maximizando el número de clientes, lo que generaba un creciente perjuicio económico a los operadores perjudicados.
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Perjuicio económico para las operadoras con derechos
La Policía considera tanto a los miembros de la organización como a sus clientes “parte activa” de ese perjuicio, conocido como lucro cesante, que hacer referencia a las ganancias que los operadores con derechos dejan de percibir como consecuencia de los servicios de piratería. En este caso, el perjuicio se estima en 366.250.000 euros.
Una vez finalizada la investigación, la Policía llevó a cabo cuatro registros en las provincias de Alicante, Valladolid, Málaga y Sevilla, donde de ellos en los centros operativos donde la organización gestionaba toda la infraestructura informática que les permitía proveer a sus más de 13.800 clientes del acceso ilegal a contenidos de pago.
Los agentes efectuaron tres detenciones en Alicante, otros tantos en Valladolid, uno en Málaga y otro en Sevilla. Los agentes intervinieron numeroso material informático como ordenadores, tablets, smartphones y dispositivos de almacenamiento.
Según el Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2022 de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la piratería digital solo bajó un 2,5 por ciento en 2022, un año en el que se registraron 5.268 millones de accesos ilegales con un valor de mercado de 33.056 millones de euros y que causaron un perjuicio al sector de 1.995 millones de euros, unos niveles que el sector cultural considera “inaceptables”.
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