El PP intentará retrasar la tramitación de la ley de amnistía utilizando el Senado

El Partido Popular está preparando otra artimaña parlamentaria contra la amnistía, en el esta ocasión, utilizando su mayoría absoluta en el Senado para intentar retrasar la ley que aún ultima el PSOE. Los de Alberto Núñez Feijóo han registrado una reforma del Reglamento del Senado que les permitirá retrasar todo lo posible la tramitación de ley que negocia el PSOE con los independentistas.

El PP ya amenazó con utilizar su poder institucional, en este caso en el Senado, para cargar contra la amnistía, de hecho, convocó el mes pasado una comisión para debatirla en el Cámara Alta, a la que asistió el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ahora la estrategia es más ejecutiva, ya que los populares pretenden articular una reformar que permitirá frenar el debate de la norma que, como todas, tiene que pasar por la Cámara Alta antes de su aprobación definitiva.

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Fuentes parlamentarias han confirmado que el PP ha registrado esta modificación, que permitiría que la Mesa del Senado decidiese sobre la tramitación o no por procedimiento de urgencia de una proposición procedente del Congreso de los Diputados. Si los populares, que tienen mayoría en el Mesa, consiguen que no se tramite por procedimiento de urgencia, la ley de amnistía podría demorarse meses e incluso años en el caso de que se acuerden sucesiones de los plazos de enmiendas.

El objeto específico de la reforma, según el texto registrado por el PP al que ha tenido acceso Infobae España, es “ofrecer mayores oportunidades al rigor y la calidad de la función legislativa del Senado”, abriendo la posibilidad de que en las propuestas de ley los senadores cuenten con el “tiempo necesario” para poder paliar “los déficits de documentación y análisis técnico y jurídico, así como de debate público y de participación social”.

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Lo cierto, es que el PP registra esta modificación con el foco puesto en la ley de amnistía, reformando el artículo 133 del reglamento de la Cámara que, tras la aprobación, recogerá que los proyecto declarados “urgentes” por el Gobierno o por el Congreso, tendrán que pasar por un plazo en el Senado de 20 días naturales para ejecutar sus “facultades” de orden legislativo. También indica que la Mesa del Senado podrá decidir sobre la aplicación del procedimiento de urgencia.