Cuántos apoyos tiene ya Pedro Sánchez y cuántos le faltan para la investidura: amnistía, Rodalies y el silencio del PNV

Junts per Catalunya, ERC, Bildu y el PNV mantienen las negociaciones abiertas y el BNG pedirá mejoras para Galicia

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Pedro Sánchez sigue negociando con los partidos periféricos su investidura para el futuro Gobierno de coalición. Ilustración.
Pedro Sánchez sigue negociando con los partidos periféricos su investidura para el futuro Gobierno de coalición. Ilustración.

Los apoyos de Sánchez para la investidura cada vez son más y están más armados. El primer gran paso fue la firma del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. Con este acuerdo, líneas maestras del futuro Gobierno de coalición, el resto de pactos con las fuerzas políticas se preveían que se fueran sucediendo, aunque paulatinamente, de forma constante.

Aunque EH Bildu fue claro desde el primer momento en su apoyo a Sánchez bajo la máxima de evitar un Gobierno formado por la derecha conservadora de Alberto Núñez Feijóo y la ultraderecha, la formación abertzale sí ha exigido algunas cuestiones. Las políticas públicas progresistas y avanzar en el modelo territorial y de financiación han sido sus dos principales condiciones.

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Hace unas semanas, Sánchez marcaba un hito dentro de la socialdemocracia española al convertirse en el primer presidente socialista en reunirse con representantes de EH Bildu. Esta reunión supuso un paso vital para los abertzales que eran, por vez primera, considerados interlocutores válidos de pleno derecho.

Pese a lo que pudiera ocurrir en el pasado, EH Bildu se ha convertido en el socio más cómodo para los socialistas. Un socio que no pide, de momento, inalcanzables demandas, ni tampoco transferencias concretas por las que el PSOE se vea en la obligación de plantarse. En estos momentos sus peticiones se están circunscribiendo a cuestiones más sociales que territoriales. Arena en la que el PSOE se encuentra más cómodo. Esto permite a los socialistas presionar al PNV desde Madrid, y a Bildu, desde Euskadi, para promover su voto favorable al Gobierno de Coalición.

ERC, muy avanzadas

Las negociaciones con los independentistas catalanes de izquierdas no se centran, en estos momentos, en la amnistía, que todos los socios parlamentarios ya dan por descontada, sino por cuestiones más sociales y de tipo económico para la comunidad autónoma. Ambos asuntos están suponiendo un escollo para que ambas formaciones Esquerra de el sí a la investidura. Al respecto, según han publicado diferentes medios de comunicación, en estos momentos se estaría negociado la trasferencia del Ingreso Mínimo Vital al la Generalitat de Catalunya.

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No obstante, los rodalíes, los trenes de cercanías de Cataluña, controlados en estos momentos por el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, habían supuesto el principal escollo para que siguieran avanzando las negociaciones. No obstante, a primera hora de la mañana del jueves, los dos partidos hacían público un acuerdo en esta materia, aunque advierten que “aún quedan flecos por cerrar”.

Junts, con foto, pero sin firma

Junts per Catalunya, en un principio sería el actor político más complicado de convencer. Las negociaciones llevan meses produciéndose bajo alto secreto y a importante escala. El cierre definitivo del pacto estaría a punto de producirse, pero como paso previo, ambas formaciones, necesitan crear relato interno que les permita justificar su acuerdo para mitigar el desgaste interno y electoral que podría suponer.

Con esto claro y después de meses de conversaciones en cubierto, el acuerdo o, está más que cerrado o está a punto de cerrarse. Esta posibilidad gana fuerza después de que el martes el PSOE y Junts per Catalunya compartieran una imagen en un despacho del Parlamento Europeo, en aquella fotografía se podía observar una reunión entre Santos Cerdán, número 3 del PSOE, y Carles Puigdemont. Una vez más, la instantánea supone otro de los gestos que Puigdemont exigía, el reconocimiento del PSOE a tratar a Puigdemont como interlocutor válido.

Con estos gestos, la ley de amnistía prácticamente perfilada, la aprobación en el Congreso del permiso de las lenguas oficiales y la pelea del Gobierno de España por incluir el euskera, el gallego y el catalán como lenguas oficiales de la UE, los pagos a Junts per Catalunya -algunos por adelantado como exigían- ya estarían cumplidos.

El PNV, el negociador silencioso

El Partido Nacionalista Vasco ha sido uno de los principales actores que le permiten a Sánchez tener la posibilidad de reeditar el Gobierno de coalición. La negativa de Antoni Ortúzar, presidente del PNV, a Feijóo, ha sido la clave para que se abra la puerta a un nuevo escenario más parecido al de la legislatura anterior, aunque con los números mucho más ajustados.

Son conscientes de su poder y harán valer sus seis votos. Durante una entrevista a la presidenta de la ejecutiva del partido, Itxaso Atutxa, ha enfriado los plazos que maneja La Moncloa: “Estamos tan cerca como lejos, trabajando y cruzando documentos. Aunque parece que hemos comenzado un poco tarde si los plazos que escuchamos sobre la investidura son esos”

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Esta aritmética parlamentaria tan precaria beneficia en gran medida a partidos como el que representa Aitor Esteban. Grupos parlamentarios tradicionalmente conservadores, pero que por la deriva del PP y gracias a la estrategia del PSOE, han logrado un clima más proclive al pacto con la izquierda que con la derecha españolista. Circunstancia, bien es cierto, que podría dar un vuelco en cualquier momento.

Los nacionalistas conservadores vascos, aunque por el momento no han desvelado sus cartas de forma clara, sí que han dado pistas importantes: al igual que ha reconocido Bildu y ha apuntalado la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, “esta debe ser la legislatura territorial”. Por tanto, el PNV comparte con los demás socios del Gobierno que este nuevo periodo legislativo debe dar comienzo con una iniciativa clara a debatir y abordar asuntos que atañen el modelo territorial del España. Ésta, al parecer, será su demanda más ambiciosa. No obstante, como es habitual, el partido también podría exigir transferencias de competencias, reformas de algunas reglas fiscales o abordar la forma de reparto de los fondos europeos.

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