Una mujer y sus nietos, al borde de vivir en la calle: les desahucia una empresa acusada de no haber pagado el piso tras comprarlo

Las imágenes eran muy crudas. Cruz fue desahuciada hace dos años junto a su marido y sus cuatro nietos, de los que entonces se hacía cargo el matrimonio. Salió de su casa sin alternativa habitacional, sin opciones de futuro. Sin un sitio al que ir, la mujer pedía algo de compasión a través de vídeos publicados en redes sociales. “No tengo a dónde ir, pero algún día se darán cuenta lo que hicieron por un techo que no tiene valor, el valor son los niños”, decía la mujer horas antes de ser expulsada de su casa.

Nada lo impidió y Cruz tuvo que abandonar su hogar. Una vez fuera, como militante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas fue realojada en un piso vacío en el número 27 de la calle Sierra de Llerena, en el distrito de Puente de Vallecas. Sus condiciones económicas no han cambiado y sus únicos ingresos siguen siendo los que percibe por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), de forma que iba a ser desahuciada de nuevo el pasado viernes, pero una orden de los juzgados paralizó la medida hasta el mes de diciembre. “Ahora está más tranquila”, dicen sus compañeros tras la anulación, que también ha generado algo de caos y de desentendimientos. Las organizaciones piden un alquiler social para la mujer, pero sus demandas no han sido escuchadas.

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El caso de Cruz es paradigmático y desde la PAH Vallecas lo muestran como ejemplo, según dicen, de cómo funcionan los grandes tenedores de propiedades en España. En el caso concreto de Madrid, el 23,2% de las viviendas alquiladas en la región son propiedad de empresas con más de 50 inmuebles, entre las que se encuentran Blackstone, CBRE, CaixaBank, Renta Corporación, Cerberus y Banco Santander.

La propiedad de la que ahora se quiere desahuciar a Cruz pertenecía hasta hace cuatro años a la Sareb, conocida como el banco malo, que compra propiedades a los bancos, muchas de ellas provenientes de desahucios, para darles una nueva vida en el mercado inmobiliario. La actual vivienda de esta mujer pasó a manos de Regalías Capital, una filial de Ahora Asset Management (ASM), que adquirió el domicilio en un paquete de 400 propiedades, muchas de ellas con inquilinos dentro, con el objetivo de desahuciarlos. El precio de esta vivienda en particular fue, según pudo saber la PAH y tal y como se confirma por Infobae España, de 45.499 euros, tal y como queda aclarado en una nota simple del Registro de la Propiedad de Madrid.

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“46.000 euros por una casa en Madrid de 97 metros cuadrados. ¿Tú encontrarías algo así por ese precio?”, bromeaban activistas de la PAH al contar el caso de Cruz, que también critican el precio, imposible de encontrar para un comprador particular. “En pleno debate sobre lo caros que son los alquileres, no nos parece un precio justificable”, asegura Mercedes, una de las portavoces de la organización.

Además, en ese documento del Registro de la Propiedad, con fecha actualizada de 2023, reconoce que el cambio de propiedad se hizo a pesar de que la empresa compradora no había abonado el dinero: “La cantidad de pago aplazado del precio de compraventa deberá ser abonado antes del 31 de diciembre de 2021″. Desde la PAH han solicitado la documentación que verifique que el pago ha sido realizado, pero no han obtenido respuesta ni nada que reconozca que la deuda ha sido zanjada. De no ser así, se intentaría desahuciar a una persona por parte de una empresa que no ha pagado aún la compra de la vivienda.

En caso de no haberse ejecutado el pago aplazado, la PAH de Vallecas pide que “Sareb ejerza su derecho a declarar nulo el contrato de compraventa y asuma de nuevo la titularidad de la vivienda” para llevar a cabo “un alquiler social para Cruz y familia”. Este medio ha intentado, sin éxito, comunicarse con Regalías Capital.

Cruz no será desahuciada este mes, pero en diciembre tendrá que volver a pelearse por mantener un techo para ella y sus nietos. Tanto ella como su marido, los cabezas de familia, tienen incapacidades físicas reconocidas, pero eso no impide que la empresa negocie un alquiler social y ponga fin a la travesía de esta familia, que deambula de casa en casa sin alternativa.