Un informe publicado por el BCE detecta que las medidas aprobadas en España contra la inflación no reducen la desigualdad

Los precios crecieron un 8,5% de media en 2022 y erosionaron el poder adquisitivo de los hogares en España. No obstante, la inflación hizo más mella en quienes cuentan con menos ingresos debido a que el encarecimiento de la energía y de los alimentos les afecta más y a que las medidas aprobadas por el Gobierno no estaban especialmente enfocadas en ellos, a diferencia de las que legislaron otros países europeos. Así lo refleja el informe Inflación, política fiscal y desigualdad publicado recientemente por el Banco central Europeo sobre el impacto que tuvieron las distintas medidas fiscales para compensar a los consumidores el pasado año.

El documento firmado por 13 académicos diferencia entre dos tipos de medidas, las destinadas a contener los precios y las enfocadas a reforzar directamente los ingresos de los hogares. Las medidas que rebajan los precios de manera generalizada suelen resultar más aprovechadas por las rentas altas dado su mayor consumo. Al contrario, según demuestra el informe, actuar sobre los ingresos de las rentas bajas es más efectivo para apuntalar su poder adquisitivo, pero estas son justamente las medidas que menos ha adoptado España.

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En concreto, el 10% de hogares más ricos de España perdieron un 3% de renta disponible equivalente en 2022 en comparación con el año anterior, mientras que el 10% más pobre tuvo un desplome del 7%, más del doble, por lo que aumentó la desigualdad de rentas. No obstante, el resultado habría sido aún peor sin medidas: el decil de hogares con más ingresos habría perdido un 5% y el de menos en torno a un 14%. De los países analizados, esta situación también se da en Alemania: “El efecto adverso de la crisis inflacionista sobre la desigualdad se compensó en general en todos los países, con las excepciones de Alemania y España”, detalla el informe.

El 80% de las medidas adoptadas por España para paliar la crisis inflacionista han sido de precios y han supuesto un gasto del 0,6% del PIB. En contraste, las de ingresos solo han abarcado el 20% restante, con un gasto de algo menos del 0,1% del PIB. Las medidas tenidas en cuenta para realizar los cálculos en el estudio han sido, por el lado de los precios: la reducción del IVA de la electricidad y del gas, la subvención al combustible, la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la excepción ibérica. Por el lado de los ingresos, solo se han tenido en cuenta la primera ayuda de 200 euros y el aumento del 15% de las pensiones no contributivas y del IMV. Una medida importante que queda al margen del análisis es la subida del SMI un 3,6% hasta los 1.000 euros.

“Las medidas de precios son ineficaces en todos los países en grados similares. ”, detalla el estudio, ya que por cada 1% adicional del PIB en gasto en este tipo de medidas, el “bienestar” del primer quintil de hogares con menos renta aumenta menos de un 5%. En cambio, el primer quintil en España ganaría más de un 25% de “bienestar” por un aumento similar del gasto. “Aunque las medidas de precios aumentan el bienestar progresivamente a lo largo de la distribución de la renta, los hogares de renta más baja podrían haber estado protegidos contra la inflación a un coste mucho menor si los gobiernos hubieran hecho un mayor uso de las medidas de protección de la renta”, concluyen los autores.

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Más allá de estas deficiencias, el documento constata que las medidas contra la inflación en España supusieron una rebaja de 1,4 puntos porcentuales de los precios de consumo en 2022, muy similar al impacto medio en los países de la eurozona (1,6), pero un aumento menor de la renta familiar, del 2,3%, frente al 4,4% de la media. Aunque estos cálculos solo se refieren a 2022, cabe señalar que la medida más novedosa de 2023 ha sido de precios, la rebaja del IVA de los alimentos, por lo que cabría esperar unos resultados similares actualizando un año más.

Además de la menor eficacia para proteger a los más vulnerables, las medidas contra la inflación tienen un impacto fiscal de un 1% sobre el PIB en 2023, por lo que diversas instituciones instan al Gobierno a retirarlas para cumplir con el déficit del 3% en 2024. La última ha sido la AIReF, que no ve margen fiscal para ampliar este tipo de medidas, exceptuando la bonificación del transporte público ya comprometida en los PGE que se prorrogarán. Su opinión se debe tanto al escaso margen para cumplir el rango de déficit como para no sobrepasar el límite del crecimiento del gasto nacional del 2,6% recomendado por la Comisión Europea.

En este contexto, el nuevo Ejecutivo tendrá que decidir de manera acelerada si deja caer todas las medidas que finalizan su vigencia el 31 de diciembre o diseña alguna nueva en sustitución. El pacto para reeditar un Gobierno de coalición contempla diseñar “ayudas directas focalizadas” para las familias más vulnerables en los alimentos y este lunes la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar ha reunido a unos 40 economistas para debatir sobre qué medidas podrían continuar. Según los cálculos de la cartera de Díaz, retirar las medidas “de golpe” elevaría el IPC en 1,5 puntos, lo que “preocupa de manera sustancial” al Ejecutivo.