La Iglesia anuncia su disposición a colaborar en un fondo para indemnizar a las víctimas de abusos si no se limita solo a las de religiosos

Los obispos se han mostrado este martes dispuestos a participar en el fondo propuesto por el Defensor del Pueblo para reparar e indemnizar a las víctimas de abusos, pero “solo si se hace para todas las víctimas” y no solo aquellas que los han sufrido en el seno de la Iglesia.

Así lo ha dicho en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, quien ha defendido que todas las víctimas de abusos sexuales merecen acompañamiento y reparación. “Si solo se tiene en cuenta a las víctimas en la Iglesia, el 90 % quedaría excluido y no tendría reparación”.

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Los obispos han comparecido este martes en una rueda de prensa después de participar en una Asamblea Plenaria extraordinaria convocada para analizar el informe del Defensor del Pueblo, que recoge los resultados de una encuesta en la que el 1,13% de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6% por parte de un sacerdote o religioso.

El Defensor, Ángel Gabilondo, entregó este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el resultado de la investigación que la Cámara le encargó hace año y medio. En el documento, de 777 páginas, no se cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos, aunque aporta una encuesta que revela que el 0,6 % de los españoles ha sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote o religioso.

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Por su parte, un 11,7 % de los españoles afirma haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas, teniendo en cuenta que en España hay 39.415.017 personas mayores de edad. Según el sondeo, un 3,36 % manifiesta que el abuso se produjo en el ámbito familiar. El 72 % de los encuestados considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4 % lo ven bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para combatirlo.

El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, se ha caracterizado, “durante mucho tiempo”, por “la negación o la minimización del problema”. En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la “negación y a la ocultación”, sino incluso a “presiones” de representantes de la misma en las que “se les culpabilizaba de los abusos sufridos”.

El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.

Información de la agencia EFE