Los 27 días de Sánchez como candidato: la complejidad de las negociaciones con los independentistas entierra una investidura rápida

La investidura de Pedro Sánchez se está cociendo a fuego lento, lejos de las previsiones que los socialistas jaleaban durante el proceso de investidura de Alberto Nuñez Feijóo, que tildaban de “pérdida de tiempo”. Lo cierto es que la situación para el líder socialista es más favorable, pero también muy compleja al tener que aunar los votos de hasta cinco fuerzas nacionalistas e independentistas, más allá de los de Sumar, con quien la semana pasada alcanzó un acuerdo para reeditar el Gobierno de coalición progresista.

Desde que el rey designó a Pedro Sánchez candidato a la investidura hasta este lunes han transcurrido 27 días. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, todavía no ha fijado una fecha al debate de investidura, ya que dio tiempo al presidente del Gobierno en funciones hasta consegiur atar los apoyos necesarios. Hasta que las negociaciones estén “maduras”, incidió el pasado 3 de octubre, cuando comunicó la decisión de Felipe VI.

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Con estos 27 días, Francina Armengol supera a Meritxell Batet, ambas socialistas, en la tardanza para fijar una fecha de investidura desde la elección del candidato hasta su fijación. La expresidenta de la Cámara Baja tardó en verano de 2019 hasta 26 días en fijar la fecha de investidura de Pedro Sánchez, pero la gran diferencia entre ese proceso y el actual es que el nuevo intento de investidura del líder socialista tiene una fecha tope: el 27 de noviembre.

Y es que, en esta ocasión, el reloj para formar gobierno y evitar una repetición electoral se puso en marcha con la primera votación de la investidura de Feijóo. “Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”, reza el Artículo 99.5 de la Constitución.

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A esto se agarran desde la Presidencia del Congreso para desviar las críticas de la derecha contra Armengol por no asignar un día en el calendario. No obstante, fuentes socialistas indican que esta fecha se podría dar a conocer ya esta semana a la espera de que se constaten los “avances” en las negociaciones augurados por Sánchez. Aunque los socialistas tienen en mente el 6 y 7 de noviembre, rechazan fijar ya la investidura para “no poner una pistola en la cabeza” de Junts, según fuentes socialistas implicadas en la negociación.

El partido independentistas es el gran protagonista desde el 23 de julio. El mapa que pintó la convocatoria electoral puso todos los focos sobre Carles Puigdemont, el expresident de la Generalitat huido a Bélgica y líder de Junts, de cuyos siete votos pende la investidura de Pedro Sánchez. Aunque estos no son solo los únicos apoyos que necesita el PSOE para reeditar un nuevo gobierno de coalición con Sumar, sí son cruciales teniendo en cuenta la trayectoria de bloqueo institucional de la formación independentista en Madrid.

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Se da la circunstancia de que los potenciales socios de Sánchez miran de reojo al partido independentista como pieza clave que desatasque la investidura. No obstante, la pugna entre Junts y ERC por el liderazgo del independentismo catalán, con las elecciones autonómicas en el horizonte, y para tratar de capitalizar los eventuales logros que pueda deparar la negociación con el PSOE, con una ley de amnistía como gran victoria, han añadido dificultad a las negociaciones.

El papel negociador de ERC en Madrid, reforzado durante la pasada legislatura, se vio desplazado por la irrupción de Junts en el puzle de la gobernabilidad. En las filas socialistas son conscientes de ello y han tratado de hacer equilibrior. La conversación telefónica entre Pedro Sánchez y el líder republicano, Oriol Junqueras, fue una gran prueba de ello. También, la asistencia del president catalán, Pere Aragonès, al Senado trató de empoderar a esta formación ante el PSOE y frente a Junts.

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En los últimos compases de la negociación, mientras el PSOE anticipa el final de esta y Junts guarda un perfil más bajo, los republicanos volvieron a la carga la semana pasada, avisando que el referéndum del 1-O no puede ser un delito en el marco del texto de la eventual ley de amnistía. Asimismo, el presidente del grupo parlamentario republicano en el Parlament, Josep Maria Jové, afeó al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, los palos en las ruedas que la titular de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, pone en lo relativo a la financiación y el traspaso de Rodalies, otras dos exigencias de ERC.

La competencia entre sí ha influido en la ralentización de las negociaciones, pero pese al tiempo transcurrido, el optimismo de Pedro Sánchez se mantiene intacto. Más aún después del paso dado este sábado en el Comité Federal de su partido, en el que abrazó la amnistía y la defendió ante los suyos como medida indispensable para reeditar el Gobierno de coalición. Si la dicotomía antes de las elecciones era elegir entre un gobierno de “retroceso” de PP y Vox, o un gobierno de “progreso” de PSOE y Sumar, ahora es: una amnistía para facilitar un nuevo ejecutivo progresista o la repetición electoral que vuelva a dar alas a la derecha y a la ultraderecha.

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“Los socialistas sabemos leer los momento especiales como este”, sostenía una importante exdirigente para adelantar la previsible acogida de los militantes a la consulta lanzada por el partido sobre los pactos de coalición y de investidura. Al margen de la convocatoria, el PSOE espera dar por zanjados en los próximos días los acuerdos que vuelvan a encumbrar a Sánchez. En ese caso, la investidura no será tan rápida como esperaban los socialistas, pero será.