La histórica ley de amnistía de 1977: el dilema con los delitos de sangre, el impulso del PCE y la abstención de AP

La amnistía está, otra vez, de moda. Ya vivió su época dorada, hace 46 años, cuando Las Cortes Generales aprobaron la norma y una especie de “borrón y cuenta nueva” se activó de inmediato, explican los expertos. El instrumento, aunque en la actualidad levante muchas ampollas, en el pasado, por sorprendente que parezca, fue bien recibida. Pero era otra historia, otro motivo y otras reivindicaciones. Hoy, en 2023, Puigdemont, entre otros políticos catalanes, podrían beneficiarse también de este instrumento legal.

A la muerte de Franco y con los primeros pasos aperturistas de Juan Carlos I, la sociedad empezó a corear de forma masiva uno de los lemas más importantes de la historia contemporánea de España: “Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía”. Con esta demanda, los ciudadanos exigían a sus instituciones pisar el acelerador en lo que respectaba a la igualdad social y económica de los ciudadanos.

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El movimiento pro amnistía no reconocía los tribunales franquistas, a los que consideraban de parte y, por tanto, incapacitados para dictar sentencias legítimas y acordes al derecho democrático, un espíritu que, por aquel entonces, reclamaba la sociedad.

Muchas voces dentro de la izquierda y entre los sectores intelectuales reclamaban este importante paso al Gobierno de Adolfo Suárez. Ya en 1960, el Partido Comunista de España (PCE) ya reclamaba la aprobación inmediata de esta norma. Una norma que “significaba la comprobación real de que España aspiraba a una democracia”.

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Los comunistas no fueron los únicos, sino que acabaron siendo mayoría: multitud de movimientos de la izquierda y partidos como el Partido Nacionalista Vasco reclamaron la amnistía de forma masiva, situación que presionó a Suárez a aprobar en 1976 un Real Decreto por el que se liberaron a cientos de presos políticos. Todo con el propósito de calmar las calles y evitar disturbios. No obstante, el Gobierno se guardó un ‘as’ en la manga: aquellos condenados por delitos de sangre, su pena no quedaría computada, por lo que seguirían en prisión.

El movimiento pro amnistía y la suma paulatina de las diferentes fuerzas políticas a la causa, permitió que en el año 1977, un año antes de la aprobación de la Constitución, que se aprobará en el Congreso de los Diputados la tan discutida amnistía. Todos los grupos parlamentarios: el PSOE, UCD, PSC y los nacionalistas vascos y catalanes, votaron sí, a excepción de Alianza Popular. El partido del exministro franquista, Manuel Fraga, argumentó su abstención en que “una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”.

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A pesar de su abstención, los españoles hicieron “borrón y cuenta nueva”, amnistiando tanto a represaliados franquistas, como a los cuerpos policiales del régimen. La votación salió adelante con 296 votos afirmativos.

Las mayores reticencias sobre la amnistía, dentro de los sectores del Gobierno, se centraban en el perdón a condenados por delitos de sangre, en especial a los condenados por ETA. Un movimiento de estas características suponía un paso muy arriesgado en materia de convivencia, en una democracia recién nacida y con claras carencias de cultura política democrática.

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En Euskadi, el apoyo a la amnistía fue absolutamente masivo e histórico. Tanto la izquierda abertzale, que ya por aquellos años empezaba a aparecer, como el Partido Nacionalista Vasco, organizaron concentraciones masivas. Su objetivo principal era presionar al Gobierno para que diera luz verde a lo que estos sectores denominaron “la amnistía total”, un perdón que, bajo su prima, debía incluir a los condenados por el terrorismo de ETA.

Puede que no se obtuvieran una “amnistía total”, pero la norma perdonó 66 asesinatos de ETA, y a 89 personas vinculadas con delitos de sangre en acciones terroristas, la mayoría del GRAPO y de ETA.