Yolanda Díaz gana temporalmente la pugna por la reducción de la jornada y la reforma del despido pese al desacuerdo con Calviño

Los escollos principales para alcanzar un acuerdo programático entre el PSOE y Sumar eran dos cuestiones laborales: reducir la jornada de trabajo y reformar el despido. Como se desveló este martes, Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, consiguió imponerse sobre el papel en ambas, todo un logro teniendo en cuenta las posturas contrarias del PSOE y, más especialmente, de Nadia Calviño. Sin embargo, la vicepresidenta primera sigue discrepando a pesar de que ya hay un documento que fija lo pactado.

Según el documento, las formaciones prometen reducir “la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales”. Su aplicación se produciría “de forma progresiva” reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. Esto pasa, según aclaran fuentes de Sumar, por una modificación legislativa del Estatuto de los Trabajadores en primera instancia, de manera que solo después es cuando entran en juego patronal y sindicatos.

“A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”, fija el documento.

Sin embargo, Calviño ha asegurado este viernes durante una entrevista en RNE que “no tiene ningún sentido hacer una medida que tenga carácter general sin tener en cuenta sectores y empresas”, preguntada por si el próximo Gobierno legislará la reducción de la jornada laboral, como se contempla en el documento. “Esto habrá que hacerlo en el diálogo social, es en ese contexto en el que hay que hacerlo”, ha afirmado con rotundidad. “Esas decisiones tienen que hacerse de manera que se proteja la productividad y el crecimiento económico y que se puedan seguir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores y también mejorar los márgenes empresariales”, ha defendido.

Horas después, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado en un acto de UGT que el próximo Gobierno “va a implantar las 37 horas y media de la mano del diálogo social antes de que finalice 2025. Ese es un compromiso negro sobre blanco, como lo es reforzar las garantías frente al despido”.

La diferencia de posturas asegura que, si el Ejecutivo se conforma, las discrepancias volverán a aflorar cuando se aborde el cambio normativo. No obstante, es posible que para entonces Calviño ya no forme parte del Gobierno porque antes de final de año se resolverá qué candidato presidirá el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a partir del 1 de enero de 2024 y su candidatura parece contar con apoyos. Una hipotética salida de Calviño del Ejecutivo allanaría el terreno a Díaz para implementar lo ya pactado con el equipo negociador del PSOE.

El segundo gran asunto en el que Díaz –y los sindicatos– se han impuesto es en llevar a cabo una reforma del despido en la próxima legislatura. Se trata de un aspecto que quedó fuera de la reforma laboral y que causó el voto en contra de la norma por parte de EH Bildu y ERC, socios habituales de la coalición, que rechazaron dar su apoyo porque no se recuperaban las indemnizaciones por despido improcedente de 45 días anteriores a la reforma laboral de 2012.

El texto que aparece en el documento adolece de concreción, pero sí promete “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. Calviño siempre incidió en derogar los aspectos “más lesivos” de la reforma laboral del PP y consideró que el coste del despido, 20 días por año si es objetivo y 33 si es improcedente, no es “particularmente bajo” en España.

Cada vez que el tema ha resurgido en el seno del Gobierno a lo largo de la última legislatura se ha cortado el debate, pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve esperanza en el momento actual por el acuerdo de Gobierno y por su denuncia ante el Comité de derechos sociales de la UE por el precio del despido. “Tenemos plenas esperanzas puestas en la sentencia que vendrá y que tiene que ser la base para hacer un cambio legislativo que nos permita que realmente podamos introducir el despido restaurativo”, ha afirmado este viernes. La petición de UGT es que se traslade a España la legislación de otros países, que establecen en seis meses el coste mínimo del despido improcedente.

Más allá de estos dos temas, el acuerdo contempla otras medidas que generaron fricción en la pasada legislatura. Muestra de ello es el compromiso de llevar al BOE el Estatuto del Becario que la parte socialista del Gobierno se negó a aprobar antes de las elecciones por la presión de los rectores y de la patronal. También es llamativo el cambio de postura en el uso del Observatorio de Márgenes Empresariales, que Calviño creo únicamente con fines informativos. PSOE y Sumar se han comprometido a apoyar que su información se utilice para negociar los salarios en la negociación colectiva “poniendo a disposición de las mesas negociadoras de los diferentes sectores información detallada”, como pedían UGT y CCOO y rechazó siempre la vicepresidenta primera.