Por qué el Pacto de Estado contra la Violencia de Género funciona pero aumentan los feminicidios

España cuenta con un Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde diciembre de 2017, un compromiso de los poderes públicos que en cinco años ha logrado importantes avances en materia de igualdad. De las 290 medidas que contempla, según el primer informe de evaluación de su cumplimiento, se han culminado el 65%, otro casi 30% está camino de cumplirse y el 3% está pendiente de ejecución.

Los datos fueron presentados este jueves por la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que destacaron la necesidad de seguir avanzando para “evitar que el silencio y el negacionismo sean cómplices de los agresores y de la violencia machista”.

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“Sabemos que hay que seguir avanzando y pensamos que en los próximos años de esta legislatura, en cada uno de ellos, deben ser invertidos mil millones de euros en la lucha contra las violencias machistas”, indicó Montero, que también destacó la relevancia del movimiento feminista para lograr este acuerdo.

Algunas de las medidas que se han aplicado entre 2018 y 2022 para combatir la violencia de género han sido la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, la ley de garantía integral de la libertad sexual, que establece obligaciones al Estado para proteger a las víctimas, o la suspensión de las visitas de los padres maltratadores a sus hijos menores. Sin embargo, pese a los avances, en lo que va de año 51 mujeres han sido asesinadas por la violencia de género en España, una cifra que ya ha superado al total de feminicidios registrados en 2022.

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El hecho de que se sigan produciendo feminicidios, que ya alcanzan un total de 1.236 desde que comenzaron los registros en 2003, es un “fracaso colectivo”, dice a Infobae España María Silvestre, catedrática de Sociología de la Universidad de Deusto. Porque, por un lado, evidencia que no se ha acabado con las causas estructurales y culturales de la desigualdad y la violencia de género y, por otro, que existe “una reacción alimentada por el negacionismo de las violencias machistas”. “Los discursos negacionistas son una reacción a los avances en materia de igualdad y establecen un estado de opinión que cuestiona amplios consensos en esta materia. Hay una clara reacción a los avances del feminismo”, asegura.

La docente recuerda que muchas de las medidas que se ponen en marcha para combatir la violencia de género responden a necesidades inmediatas que exigen una respuesta institucional, pero en realidad “no llegan a las raíces de la desigualdad ni atacan las causas profundas de la violencia machista”. “Son menos las medidas centradas en la educación a medio y largo plazo que permiten alterar los roles de género y que modifiquen radicalmente las relaciones entre mujeres y hombres”, añade.

En esa misma línea se expresa Arantxa Elizondo, profesora de Ciencia Política y codirectora del Máster de Igualdad de la Universidad del País Vasco, que consciente de que se trata de un fenómeno “muy complejo y difícil de abordar”, considera necesario reforzar el acompañamiento a las víctimas para que “las mujeres que llegan a una institución se sientan respaldadas”.

También es fundamental que las personas que están trabajando en espacios donde pueden identificar esas violencias machistas, como por ejemplo el ámbito de la sanidad o el judicial, “cuenten con una formación adecuada para poder ayudar a las víctimas y acompañarlas”, añade. Asimismo, la docente considera necesaria una “verdadera educación afectivo-sexual” en los colegios para poder hablar relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

“No solo se trata de que haya fondos, sino que se necesita una voluntad política muy férrea para no dar pasos atrás, porque estamos viendo ataques como los de Vox [que niega la existencia de la violencia machista] y hay una decreciente relevancia de las políticas de igualdad en muchos contextos, lo que hace que esas políticas se resientan, porque es en ese marco donde deben ser entendidas”, sostiene Elizondo.

Para la experta el hecho de que los juzgados hayan recibido más de 182.000 denuncias por violencia de género en 2022, una cifra superior a las de 2021, “solo habla de una realidad parcial”, pues no significa necesariamente que haya más casos de violencia machista, sino que hay una mayor concienciación del problema y, por tanto, se denuncia más. De hecho, “una de las grandes lagunas de la violencia machista es que realmente es difícil ver la evolución en el tiempo porque los datos no muestran toda la realidad”, añade.

Sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género también se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas, que este jueves publicó un informe donde si bien asegura que las dotaciones presupuestarias previstas de 1.000 millones se han aplicado, también advierte que para mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos “sería necesario revisar el diseño del pacto”.

Aunque los datos demuestran que España ha avanzado a lo largo de los años en la prevención y lucha contra la violencia machista, señala el tribunal, también muestran que en los juzgados existen más de “180.000 denuncias y que más de 700 mujeres deben estar especialmente protegidas”. Las autonomías, según constata el tribunal, reconocen además que falta reforzar los servicios de atención y prevención en el ámbito rural debido a la escasez de recursos.

Lograr una mayor sensibilización en el uso de internet y de las nuevas tecnologías entre los jóvenes, así como mejorar la coordinación y colaboración entre los servicios educativos de las distintas administraciones es otro de los retos que quedan por delante, según indica el Tribunal de Cuentas. Asimismo destaca la relevancia de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para desarrollar la estrategia estatal, coordinar a los poderes públicos y evaluar los resultados de la actuación, pero, a su juicio, “necesita fortalecer los recursos de las unidades territoriales de violencia”.

Por todo ello, y con el objetivo de mejorar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el tribunal recomienda cubrir las vacantes y reforzar el personal de las unidades de violencia sobre la mujer e impulsar un proceso de evaluación a nivel autonómico que identifique los desequilibrios en la asistencia a las víctimas.