El atasco de los fondos europeos retrasa su impacto en la economía: solo se implementarán 13.000 millones en 2023

A dos meses de que acabe el año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que los fondos del Plan de Recuperación (PRTR) tendrán un impacto en la economía menor del previsto como consecuencia de los retrasos en su movilización por parte de las administraciones públicas. En concreto, la institución calcula que el nivel de PIB en 2023 será un 1,1% superior gracias a los fondos europeos, pero esta cifra supone una rebaja de seis décimas respecto a su estimación anterior, del mes de mayo.

El motivo es que la “implementación efectiva” del PRTR solo alcanzará los 13.000 millones de euros en 2023, lo que supone solo algo más de la mitad de lo estimado en mayo (por encima de los 20.000 millones). No obstante, si dicha cifra se cumpliera, ya supondría un notable avance respecto a 2021 y 2022, años en los que solo llegaron a la economía 2.700 y 5.700 millones, respectivamente, según la Comisión Europea.

La AIReF ya ha rebajado en varias ocasiones sus previsiones de impacto de los fondos sobre el PIB, ya que en el informe sobre los PGE de 2023 calculó un impacto del 2%. “Se estiman nuevos retrasos en la llegada de los recursos a la economía real”, detalló en el documento de mayo sobre el Programa de Estabilidad. Estos retardos se traducen en trasladar el mayor impacto del PRTR a los próximos años: la AIReF calcula un 1,9% en 2024; un 2,1% en 2025 y un 1,6% en 2026.

Más allá de estas estimaciones periódicas de la autoridad fiscal, España no cuenta con información del Ejecutivo sobre el impacto que prevé de los fondos en el PIB, lo cual hace imposible comparar estas cifras con lo previsto oficialmente. “Transcurridos dos años desde el inicio del PRTR, aún no se dispone de información detallada sobre su grado de implementación efectiva ni sobre la adicionalidad de los proyectos realizados, de manera que esta cuantificación no deja de ser un ejercicio teórico que debe interpretarse con cautela”, critica la AIReF.

Como consecuencia de esta falta de información, Cristina Herrero ha avisado sobre la “incertidumbre” existente en su grado de ejecución y ha anunciado la publicación de una herramienta por parte de la institución con los datos desagregados que sustentan sus previsiones a partir del análisis de las plataformas de licitación pública y de la base de datos de subvenciones. Hace unas semanas, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, también indicó que hay una “enrome incertidumbre” con la implementación del PRTR y señaló que en su modelo de proyecciones macroeconómicas contemplan un impacto sobre el PIB de 2023 del 1%, en línea con la AIReF.

Pese a que no se conoce la cifra oficial del Gobierno, la AIReF intuye que tiene que ser una cuantía “similar” a la de su previsión, pero algo más elevada, teniendo en cuenta la distinta evolución que anticipa el Ejecutivo de la inversión empresarial. En concreto, contempla un crecimiento de la formación bruta de capital fijo del 3% en 2023 y del 4% en 2024, por debajo de los cálculos de la AIReF: 2,8% y 2,6%, respectivamente. Cabe mencionar que el Gobierno incluyó cálculos de impacto del PRTR sobre el PIB en la adenda de septiembre, pero también suma el impacto de las reformas y las expectativas, algo que no tiene en cuenta la AIReF.

España ha recibido por ahora 37.036 millones de euros del Plan de Recuperación y el 65% de ellos (24.300) están asignados a las comunidades autónomas para su gestión directa, según el Plan Presupuestario de 2024. Esto pone el foco en ellas y en su capacidad para que los fondos lleguen a la economía real, ya que gran parte de la ejecución informada por el Estado solo son transferencias a las autonomías para que estas a su vez liciten contratos o convoquen subvenciones.

Según señaló la consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid, Mónica Melle, en un debate organizado por Europa en Suma sobre los fondos europeos, las autonomías no están totalmente preparadas para tramitarlos. Los informes de fiscalización de los órganos de control de las regiones o, en su defecto, del Tribunal de Cuentas estatal, detectan que salvo cuatro comunidades autónomas (Canarias, Navarra, Asturias y Murcia), las regiones “no han acometido de manera dirigida y coordinada la elaboración de instrumentos de planificación” para ejecutar el plan, señaló.

Esta opinión coincide con la expresada por la Comisión Europea en su segundo informe anual sobre los planes de recuperación publicado el pasado 19 de septiembre. En dicho documento se advertía a España de que la revisión del plan (adenda) debería ir acompañada de un “refuerzo de la capacidad administrativa suficiente como para garantizar la absorción efectiva y eficaz de los fondos”.

Otra señal de que los fondos no se están ejecutando al ritmo deseado es que España ha acordado con Bruselas una manera de que ciertas inversiones se puedan llegar a la economía más allá de 2026. Esto supone un cambio decisivo, ya que según el reglamento, la fecha límite en la que el plan debería estar completamente implementado es el 31 de diciembre de dicho año. El mecanismo consiste en hacer transferencias desde el Tesoro Público a entidades públicas empresariales, de manera que aunque estas reciban el dinero antes de 2026, no tengan que ejecutarlo al 100% en ese año para que la medida se considere cumplida por parte del Ejecutivo comunitario.