“Como jurista no lo entiendo, Ayuso debería ser la más interesada en saber qué paso en las residencias durante el covid”

Carlos Vila es un veterano abogado con 45 años de trabajo jurídico a sus espaldas. “Se define como “un obrero del derecho”. Defendió a los afectados de la Colza, fue letrado de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, que intentó que se juzgará en España las violaciones a los derechos humanos cometidos en Guatemala. Ahora, con dos compañeros, se ha embarcado en la complicada tarea de “buscar justicia” para los familiares de los mayores que murieron en la residencias públicas de la comunidad de Madrid durante lo más duro de la pandemia motivada por el coronavirus. Víctimas que no recibieron atención médica en los hospitales por los llamados ‘protocolos de la vergüenza’. “Se ha abierto una puerta de esperanza”, señala.

Se refiere al último auto de un juzgado de Collado Villalba, municipio de Madrid, fechado el 2 de octubre, que acepta el recurso interpuesto por la familia de un fallecido para seguir investigando el caso. El juzgado había decidido inicialmente archivar la causa, pero la Audiencia Provincial ha dictaminado que hay que seguir practicando “diligencias, pertinentes y necesarias, para poder concluir si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro”. No es un decisión menor. Ya que los investigados son Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y sus exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero.

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- Pregunta: ¿Esta decisión judicial que supone para los familiares?

- Repuesta: El juzgado de Collado Villalba archivó y nosotros recurrimos ese archivo. En el recurso nos da la razón la Sección 17 de la Audiencia Provincial diciendo que hay que investigar a los aforados para luego, dependiendo de si hay o no hay elementos indiciarios de delito, elevarlo al Tribunal Supremo ya que los investigados son aforados. Y el 7 de noviembre hay nuevas declaraciones. Se abre una pequeña puerta de esperanza para los familiares.

- P: La presidenta Ayuso ha dicho que esta decisión judicial se ha producido únicamente “para el archivo definitivo” de la causa.

- Es verdad que en muchos juzgados, que dirimían otros casos de fallecidos, ya ha habido un archivo completo. Confirmados por la Audiencia Provincial. Pero estos casos, más de 40, están recurridos ahora en el Tribunal Constitucional. O sea, que eso no es verdad. Es verdad que ha habido archivos definitivos, pero en este caso concreto le dicen al juzgado que investigue. De hecho, no se han practicado las pruebas que nosotros consideramos necesarias. Ahora vamos a pedir, por ejemplo, que declare también el presidente de la patronal de clínicas privadas, que dijo que habían tenido las UCI y los respiradores sin utilizar, a pesar de que el Gobierno central había permitido la utilización de estos centros privados. Por lo tanto, no es verdad que sea el principio del archivo, es el principio de la investigación.

- P: El resto de juzgados que sí han archivado otras causas, ¿qué argumentos han dado?

- P: El argumento fundamental es que sus archivos se han basado en informes forenses, en los que los médicos consideraban que se había aplicado bien la lex artis [que hace referencia al modo en el que un profesional médico reacciona ante una situación concreta], o sea, que los médicos de las residencias y los geriatras habían aplicado bien sus funciones, y al haberse aplicado bien no había ningún homicidio imprudente. Pero es que no solo las familias acusaron por homicidio imprudente, también por denegación de auxilio. Y por prevaricación, por dictar resoluciones injustas, como entendemos que pueden ser los protocolos que se dictaron. Es decir, que los archivos se han basado solo en informes forenses. Pero en el 99% de los casos los médicos y geriatras no fueron a ver a ningún residente de residencias que tuvieron síntomas de COVID. Eran charlas telefónicas para saber si tenían fiebre, cómo respiraban, qué medicación ponerles. Esa era la situación real. Y luego, el forense, basándose en eso, dice que no hubo mala práctica. Nosotros estamos recurriendo en el Constitucional para que este obligue a que se siga investigando. No estamos pidiendo al Constitucional que diga si hay delito o no, simplemente que se siga investigando.

- P: La cuestión principal es que, por ejemplo, no se ha investigado si los llamados ‘protocolos de la vergüenza’, que impidieron la derivación hospitalaria de muchos enfermos, provocó que estos enfermos de covid no tuvieran alguna posibilidad de sanar.

- R: Exacto. El propio protocolo puede ser una prevaricación, porque lo que hace es discriminar. Discriminar a las personas que podían ir o no a un hospital. Discrima. Un protocolo discriminatorio vulnera el derecho a la salud de todas las personas. Los familiares lo que quieren es que se investigue y se sancione, si hay que sancionar, si esos protocolos impidieron que los enfermos tuvieran asistencia, se les privó la oportunidad de tener los mismos elementos médicos que tenía otra persona. Además, discriminaban con respecto a los que tenían seguro privado, que sí eran trasladados a un hospital. Yo he llevado el caso de una persona que falleció en una residencia enfermo de alzheimer con 68 años que estaba muy bien de salud. Y no lo trasladaron a un hospital porque tenía alzheimer. Y estaba físicamente muy bien. Nunca sabremos si esa persona hubiera superado o no el covid y se hubiera salvado, porque no le dieron la oportunidad. Pero se les negó un derecho, que es constitucional, el derecho a la salud. Y se les negó discriminando.

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- P: ¿Y quién cree usted que es el último responsable de la negación de ese derecho?

- R: El gobierno de la Comunidad de Madrid. Y obviamente, los tres que nosotros denunciamos. La presidenta Ayuso, como presidenta de la Comunidad, Y, obviamente, el consejero de sanidad sin duda, y el consejero de justicia porque era el coordinador durante la pandemia. Es que el entonces consejero de Política Sociales, Alberto Reyero, lo advirtió: esto que estamos haciendo puede ser un delito. Y estuvo en desacuerdo.

- P: Carlos Mur, el ex alto cargo de la consejería de Sanidad que firmó los protocolos, ha declarado ante el juez que solo eran recomendaciones.

- R: Mur llegó a decir en su declaración que no estaba de acuerdo con todo, que yo soy aquí un mandado, que no tenía competencias políticas, que era un técnico. Pero que el consejero, su jefe, que es el consejero de sanidad, le dijo que firmara los protocolos y que los mandara a las residencias. Eso dijo Mur en la declaración única en la que yo he estado. Pero no eran protocolos voluntarios, no es voluntario una cosa que se firme y se manda. Porque además en ningún sitio pone que sea voluntario. Es más, en el protocolo del día 20, que yo se lo recordé a Mur, hablan de obligatorios. Era imperativo para las residencias públicas. A mí me han llegado a decir directores de residencias y médicos que cómo no iban a hacer caso a esos protocolos, si era una instrucción que venía de la Comunidad de Madrid , que ellos no podían negarse a eso aunque estuvieran en desacuerdo.

- P: Pero tantos archivos judiciales... ¿La justicia está mirando para otro lado?

- R: Los jueces archivan porque no se quieren meter en un berenjenal penal en el que puede haber implicaciones políticas. No se quieren meter ahí. Lo que te dicen en muchas resoluciones es que vaya usted a la vía civil y pida una indemnización. A mí me han llegado a decir que probablemente tenemos razón en que esos protocolos no eran correctos, pero que no suponen un delito penal. Y que pidamos indemnizaciones en la vía civil. Es muy fácil decirlo. Sobre todo cuando no eres tú el que vas a decidir sobre la indemnización, va a ser otro juez. Lo que te están diciendo los jueces es que a mí no me metas en líos, porque tengo un informe forense que de me la posibilidad de archivar porque se están fijándose solo en el homicidio imprudente, solo. Pero puede haber prevaricación y omisión del deber de socorro.

- P: En el tema del deber de socorro, la Comunidad apenas usó el hospital de campaña que se montó en Ifema ni la red de hospitales privados.

- R: . Esto es una cosa alucinante, crean lo de Ifema y no lo utilizan. A Ifema no mandaron enfermos, no mandaron más de 40 personas. Tampoco se medicalizaron las residencias. Y luego evidentemente no usaron las clínicas privadas que se podía usar legalmente, sin más problema.

- P: ¿Hay alguna familia que haya optado ya por esa vía civil?

- R: Por ahora no, en Madrid no. Vamos a ver qué pasa primero con los 40 recursos del Constucional, que afecta a un centenar de familias. Nosotros hemos presentado 400 querellas en distintos juzgados. Sé que quedan vivas unas 100. Otras están archivadas y no se han recurrido, otras están pendientes de recursos de la Audiencia Provincial, del Constitucional...

- P: ¿Qué opina cuando oye a determinados políticos que hay que dejar ya pasar este tema, olvidarlo, que removerlo es hacer daño a las víctimas.

- R: Como jurista no lo entiendo. Ayuso debería ser la más interesada en aclarar que no pasó nada irregular en las residencias durante el covid, que aquí no se podía hacer otra cosa. Segundo, los familiares que yo conozco están indignados. Indignados con esta actuación de la Comunidad de Madrid, que no ha permitido ni comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid. La gente está indignada. Quieren que se aclaren las cosas, aunque luego sepan que su familiar habría muerto igual, pero que se sepa qué paso. Y, sobre todo, para que no vuelva a ocurrir. Ahora empezamos a tener cierta esperanza, cierta esperanza en que se pueda llegar a investigar hasta el fondo. Algunos jueces están empezando a ser sensibles. Estoy esperando que el Constitucional se pronuncie, para investigar lo que ha pasado y para que no vuelva a pasar en el futuro. Incluso que haya juicios sobre esto, para que se escuchara a todas las partes. Esto merece un proceso para evitar que esto no vuelva a ocurrir. Hay que tener una respuesta institucional al dolor de las víctimas.