Afectados del Bono Alquiler Joven acusan a Madrid de incumplir su promesa: “Faltan por cobrar 4.799 personas”

Los responsables de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid han afirmado en varias ocasiones que el pago de los meses pendientes de 2022 del bono de alquiler joven se completarían “antes de que finalice el mes de octubre”. En total, 4.263 personas esperarían cobrar esta ayuda concedida por el Estado y gestionada desde el Gobierno regional.

No obstante, el pasado martes 24 de octubre la Comunidad de Madrid publicó un listado de 3.574 personas ‘requeridas al cobro’ por falta de documentación. El colectivo de Afectados Bono alquiler Madrid denuncia ahora que se trata de una “maniobra de la CAM para seguir retrasando el pago” que les deben.

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El plazo para subsanar los errores en la documentación está abierto hasta el 10 de noviembre, por lo que los incluidos en el listado no podrán recibir el dinero antes de que acabe el mes de octubre.

Los motivos de requerimiento para la mayor parte de los beneficiarios acuden al punto número 12 de los listados por la Consejería: “No se han aportado todos o algunos de los justificantes del pago del alquiler del periodo subvencionado o los aportados son incorrectos”.

“Antes de que finalice el mes de octubre estarán finalizados todos los pagos de las cantidades correspondientes a 2022″, manifestó María José Piccio-Marchetti, viceconsejera de Vivienda, el pasado 20 de octubre en la Asamblea regional.

La Consejería de Vivienda defiende que se han concedido 11.177 bonos de alquiler en la región de las 50.000 solicitudes que recibieron. De ellos, 6.914 personas han recibido el subsidio, según los datos del Gobierno.

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Ello dejaría a 4.263 personas a la espera de recibir la ayuda del alquiler. El 24 de octubre, 3.574 de estos beneficiarios pendientes entraron en un requerimiento del cobro.

Desde la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, explican que el motivo mayoritario es la falta de algún recibo entre los documentos. “Requerirles es darles la oportunidad para pagarles si presentan lo que les falta, en lugar de que pierdan el derecho a cobrar el bono”, aseguran.

El colectivo de afectados destaca también que ninguno de los beneficiarios dentro de la anterior lista de ‘requeridos al cobro’ ha visto resuelto su expediente. “Es decir, al menos faltan por cobrar 4.799 personas”, denuncian en sus redes sociales.

Los afectados han convocado una concentración para el próximo 4 de noviembre frente a la sede del Gobierno regional, junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, para protestar por su situación.

“Los jóvenes alzamos la voz porque somos constantemente invisibilizados por Isabel Díaz Ayuso, el gobierno central y este sistema que nos ahoga (sic.)”, escriben en la convocatoria.

Judith Abigail Bellido es una de las afectadas por este nuevo requerimiento. Esta sanitaria de 36 años pudo independizarse hace poco, pero con su sueldo (que no llega a los 1.000 euros), le cuesta llegar a fin de mes. Por ello, al ver el anuncio del Bono de Alquiler Joven en 2022, decidió solicitarlo.

“A duras penas llego a fin de mes, porque gran parte del sueldo lo tengo que destinar al alquiler”, aqueja Bellido.

Un año después, la beneficiaria ha acabado entre los más de 3.500 nombres a los que piden rectificar su documentación. En concreto, es un error con los justificantes de pago lo que le impide acceder a la ayuda.

“Es imposible porque yo he aportado todos los recibos correctamente, al igual que muchas personas”, asegura. La joven critica la falta de comunicación por parte de la Comunidad de Madrid, así como el tiempo dado para subsanar el error, que considera insuficiente.

Bellido destaca el impacto en la salud psicológica de los afectados y relata cómo muchos de los jóvenes, con los que contacta a través de un grupo de afectados, están en situación de estrés y nerviosismo ante la incertidumbre por el cobro de la ayuda.

“Esta ayuda ya estaba desde el principio destinada a ser un fracaso” afirma Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, uno de los convocantes de la concentración.

“Sabemos que no iba a ser una solución real al problema que tenemos los jóvenes en cuanto a acceso a la vivienda”, añade la joven de 28 años.

Además de portavoz, Racu es una de las beneficiarias del bono. Se le concedió la ayuda en junio, pero no ha recibido ningún tipo de pago. Ahora aparece como requerida a cobro y avisa: “No queda del todo claro qué es lo que hay que subsanar”.

Racu critica la gestión “nefasta” de la Comunidad de Madrid, a la que atribuye una falta de honestidad y de comunicación con los solicitantes.

Para el sindicato, la medida “se había destinado erróneamente desde el principio”, pues el dinero público, aportado por el Gobierno estatal, acababa “en los bolsillos de nuestros caseros”.

Valeria asegura que acudirá, junto con su sindicato y otros afectados, a la manifestación del día 4 de noviembre, pero no solo a pedir el pago del bono: piden intervenir el mercado, regular los precios y los contratos por habitaciones, “la trampa de los caseros”, así como los alquileres turísticos.

“Necesitamos muchas más medidas y la del bono es solo una ínfima parte de lo que se podría estar haciendo”, sentencia.