Repsol amenaza con recortar sus inversiones en España si el Gobierno hace permanente el impuesto a las energéticas

Apenas 48 horas después del acuerdo entre PSOE y Sumar, la reacción de las empresas a su futuro pacto de Gobierno ha sido contundente. En este caso, Repsol ha sido la primera en cargar contra el impuesto a las energéticas que Yolanda Díaz quiere hacer permanente y ha advertido de que “la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus futuros proyectos industriales en España”.

La compañía dirigida por Josu Jon Imaz es una de las que más capital destina al pago de este gravamen: ha desembolsado más de 450 millones solo en este ejercicio. Por detrás de ella, Cepsa, abona 323 millones de euros; Naturgy y Endesa, unos 300 millones de euros cada una; e Iberdrola, 200 millones de euros.

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Así, la petrolera considera que la posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, “que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país”, mientras que “favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España”.

En el caso de las energéticas, el impuesto vigente se aplica durante 2023 y 2024, gravando el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares. La medida ha sido recurrido por las principales compañías del sector, entre ellas Repsol, que se ha mostrado especialmente beligerante con este gravamen desde su aprobación.

Además, la petrolera subrayó que ya más de la mitad de sus beneficios se destinaron al pago de impuestos. Así, la contribución fiscal, entre enero y septiembre del grupo ascendió a 10.890 millones de euros aportados a las arcas públicas, con cerca del 70% (7.441 millones de euros) correspondientes a España.

Los tributos propios devengados ascendieron a 3.206 millones de euros y representaron más de la mitad de los beneficios (52%). Además, la compañía indicó que contribuyó durante el período con una tasa del Impuesto sobre Sociedades del 37%, muy por encima del tipo nominal aplicable en España -del 25%- y de la media de los países de la OCDE, situándose “como la empresa del Ibex 35 que más impuestos pagó en el país”.

Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.785 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una caída del 14% con respecto al mismo período de 2022, en un contexto marcado por unos precios de los hidrocarburos y unos márgenes del refino inferiores con respecto al año pasado, en el que se dispararon por la crisis energética tras la invasión de Ucrania por Rusia.

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El resultado ajustado, que mide específicamente el funcionamiento de los negocios, se situó en los 3.816 millones de euros a cierre de septiembre, con un descenso del 19% frente a hace un año. La deuda neta de la empresa se situó al final del tercer trimestre en los 1.855 millones de euros, con una liquidez que alcanza los 10.650 millones de euros, suficiente para cubrir más de cinco veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo.

Con estos resultados, el grupo seguirá acelerando en su ‘hoja de ruta’ de pagos a sus accionistas y ha anunciado un incremento en un 14% de la retribución a pagar el próximo mes de enero, hasta los 0,4 euros brutos por acción.

La energética ya este año ha adelantado el objetivo de retribución para sus más de 520.000 accionistas que tenía previsto realizar entre 2024 y 2025 dentro de su plan estratégico, que revisará en el primer trimestre del próximo ejercicio tras pulverizar todos sus objetivos. Así, sumando dividendos y reducciones de capital, supondrá la distribución de cerca de 2.400 millones de euros en el conjunto de 2023.