La proximidad de la investidura de Sánchez altera al PP: ataca a Armengol y muestra sintonía ahora con Puigdemont

Todavía no hay fecha concreta para la investidura de Pedro Sánchez, pero sí un plazo límite para evitar una repetición electoral: el 27 de noviembre. A menos de un mes para que el tiempo del líder socialista expire, el propio líder socialista auguró desde Bruselas que su investidura esta está “cada vez más cerca” después del acuerdo de coalición materializado este martes con Sumar. Y, ante el resto de acuerdos pendientes con los grupos parlamentarios, el pacto pone la primera piedra para ir “sin pausa hacia el cumplimiento del mandato de la ciudadanía española”.

El PP asume que investidura tiene muchos visos de prosperar, por lo que la idea de la repetición electoral se desvanece a medida que la cita parlamentaria se acerca. Por ello, en Génova, con su líder a la cabeza, Alberto Núñez Feijóo, refuerzan su estrategia para cercar a Sánchez a través de dos frentes: desde el Congreso, poniendo en la diana a la presidenta, la socialista Francina Armengol; y desde la oposición, con un enésimo giro sobre Junts y, especialmente, sobre su líder, Carles Puigdemont.

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Los populares, el grupo con más representación en la Cámara Baja, han centrado en Armengol sus últimas acciones en el Congreso. La última, este martes, en forma de advertencia: o la presidenta del órgano de gobierno pone fecha a la celebración de la Junta de Portavoces (solo se han celebrado dos en los dos meses de legislatura) en el plazo de 48 horas y convoca una reunión de este órgano en una semana o “en caso de no hacerlo, el PP adoptará las acciones que correspondan en derecho”.

El PP quiere que se celebre una Junta de Portavoces para fijar la comparecencia de Pedro Sánchez, para que informe del Consejo Europeo del 17 de octubre, así como de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que informen de la crisis de Oriente Medio y de la crisis migratoria, respectivamente.

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Por otro lado, acusan a la tercera autoridad del Estado de “parálisis institucional” y de “someter” a esta institución “por instrucción de Pedro Sánchez”, unas críticas que desde la Presidencia revierten con la puesta en marcha del “reloj constitucional (la primera votación de una investidura activa una cuenta atrás de dos meses para formar gobierno) para que no se dé una situación sine die y que los candidatos designados por el Rey puedan tener investiduras exitosas”.

Ante las acusaciones de “cierre a cal y canto” del Congreso, cabe destacar la puesta en marcha de las dos primeras comisiones en esta legislatura, la de Peticiones y la del Estatuto de los Diputados, ambas presididas por el PP y de carácter permanente. Sobre el resto de comisiones, las legislativas (suelen crearse en función de la composición del nuevo gobierno, aún pendiente de constituir), fuentes cercanas a Armengol señalan al PP por bloquear un acuerdo en torno al número de miembros que debe tener cada grupo parlamentario en estos órganos.

Y es que, este asunto volvió a motivar este martes un nuevo choque entre el bloque progresista (con mayoría) y el PP en su reunión semanal de la mesa. Fuentes socialistas sostienen que el PSOE propuso a los populares una fórmula “hace 15 días, que el PP no acepta pero no propone alternativa”. En concreto, la iniciativa de los socialistas pasa por repartir 37 miembros en cada comisión: 14 del PP, 12 del PSOE, 3 de Sumar, 3 de Vox, 1 de ERC, 1 de Junts, 1 Bildu, 1 PNV y 1 del Grupo Mixto. Una proporción que, sin embargo, el PP sí aceptó “contradictoriamente” para la distribución de los representantes en la Diputación Permanente (el órgano al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida).

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“La realidad es que si hubiera acuerdo de comisiones, ya estaríamos activando la mayoría de temas”, remachan fuentes de la Presidencia para negar que Armengol tenga “secuestrado” el Parlamento, en el que ya se ha celebrado un pleno para aprobar la regulación de las lenguas cooficiales en el Congreso y se pueden registrar iniciativas legislativas (el PP no ha propuesto todavía ninguna pese a su ofensiva por la “parálisis institucional”).

En cuanto a la función de fiscalizar al Ejecutivo, ahora en funciones, estas fuentes destacan que la Ley del Gobierno establece que, cuando este está en esta situación provisional, sus atribuciones se basan en facilitar el desarrollo del proceso de formación de un nuevo gobierno, así como traspasar los poderes a este; limitar su gestión al “despacho ordinario de los asuntos públicos” y abstenerse de adoptar otras medidas, “salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”.

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La acción de controlar al Gobierno no se lleva a cabo de manera oral en el hemiciclo desde el 17 de mayo (los diputados pueden hacer preguntas por escrito), aunque en estos cinco meses, desde el 30 de mayo hasta el 17 de agosto, las Cortes han estado disueltas por las elecciones del 23 de julio. Asimismo, desde el 23 de agosto hasta el 29 de septiembre estuvo en vigor el proceso de investidura del propio Feijóo, y desde el 3 de octubre hasta el 27 de noviembre es el tiempo de Sánchez como candidato.

Por otro lado, el líder del PP vuelve al carril de los equilibrios con Junts con la vista puesta en la posibilidad de boicotear la investidura de Sánchez, así como en las elecciones autonómicas previstas para principios de 2025. En su visita a Barcelona, donde participó en un desayuno informativo, el líder popular defendió “normalizar las relaciones” con los independentistas catalanes, invitándoles a impedir que la investidura de Sánchez prospere.

Incluso, manifestó su “respeto” por Puigdemont: “Hay otros que mienten mucho, Puigdemont no nos ha mentido, eso es un valor”, dijo para reconocer contactos “no personales ni directos, pero sí indirectos” de cara a su investidura fallida del pasado mes de septiembre. Todo ello a pesar de rehusar reunirse con Junts tras escuchar las exigencias del expresident catalán (ya sabidas) desde Bruselas. “No estoy de acuerdo en absoluto con sus planteamientos, pero eso no significa que desde la discrepancia pueda haber respeto. Tiene asuntos pendientes con la justicia que creo que sería conveniente que los saldase”, apostilló.

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Este es un nuevo giro en su discurso sobre el independentismo, en el que Feijóo apuesta por el entendimiento alejándose de los posicionamientos de la facción del PP más escorada a la derecha, liderada por Isabel Díaz Ayuso, y las discrepancias aireadas por el PP catalán, quien criticó los intentos del gallego de negociar con Junts su posible apoyo a su investidura. Alejandro Fernández reprochó entonces que no se podía hablar con los independentistas por pensar que “España es una dictadura dirigida por un rey fascista, con el que se niegan a ‘hablar’”.

Las palabras en la ciudad condal de este miércoles se producen en mitad de la contienda que el PP intenta agitar en la calle contra la amnistía (Puigdemont sería uno de los beneficiados), con una nueva manifestación convocada para este domingo en Málaga. La escalada verbal contra Pedro Sánchez no ha cesado, a quien acusa de no tener “amor propio” porque “toma notas, callado y servil, ante los deberes que le impone el independentismo”. Es más, a colación de la amnistía, hace tan solo dos semanas advirtió de que los nacionalismos llevan “a un horizonte similar al de los Balcanes”.