Hacienda se juega 205 millones por “defectos en el pago” tras la subasta de su edificio estrella en Madrid

El Ministerio de Hacienda y Función Pública se está jugando en estos momentos 205 millones de euros. En septiembre de 2023, tras cuatro años intentándolo, el Gobierno consiguió por fin subastar su edificio estrella en la capital, el que está situado en el número 50 de la calle María de Molina, muy bien ubicado en el distrito de Salamanca, a medio camino entre el Paseo de la Castellana y la Avenida de América. Una subasta que se llevó la firma Barnaby Investments que ofreció, exactamente, 204,7 millones de euros por el inmueble.

Pero el siguiente licitador que quedó segundo en la puja, Whiteni Socimi (que ofreció 197,5 millones de euros), acaba de presentar esta misma semana un recurso de impugnación ante la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda, porque entiende que Barnaby ha incumplido los pliegos de la subasta. Barnaby Investments se constituyó el 6 de junio de 2023 (apenas una semana antes de que el Consejo de Ministros convocara la subasta) y tiene su sede social en la calle María de Molina 39, domicilio social del Grupo Lar, una de las grandes promotoras del país. De hecho, el apoderado de Barnaby es Jorge Pereda, sobrino del presidente de Lar.

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El problema está en la forma de pago. El pliego de condiciones de la subasta establece “que el plazo máximo durante el que deberá completarse el pago de la totalidad del precio será de diez años”. Habrá un primer pago, que deberá ejecutarse en el momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa y que será, como mínimo, del 25% del importe de adjudicación. En este caso, 51,1 millones de euros.

Los siguientes pagos aplazados tendrán periodicidad anual y devengarán un interés igual al legal del dinero. Estos pagos deberán ser del mismo importe. Para Whiteni Socemi hay dos puntos claves. El primero, que “el pago en un período superior a diez años es, por tanto, contrario al pliego y, mucho más grave, completamente ilegal”. Y segundo, “es evidente que si se exige que el importe de todos los plazos, salvo el inicial, sea el mismo, la exigencia de especificar en la proposición económica el número de plazos e importe de cada uno de ellos obedece a la necesidad de garantizar que no queda margen alguno a la duda o a la necesidad de interpretación”. Se establece, por tanto, un calendario en el que conste el primer pago (de al menos el 25%) y un máximo de nueve pagos más de idéntico importe todos ellos.

Sin embargo, la oferta por escrito de Barnaby (Grupo Lar) incumpliría claramente los pliegos, según el recurso de Whiteni Socemi. ¿Por qué? Porque la “proposición no especifica el importe de los plazos y ofrece diez pagos aplazados anuales tras el pago inicial, hasta completar el precio total. De modo que la oferta de Barnaby Investments, S.L. es de un pago inicial del 25% y diez pagos anuales en los que se reparte el restante 75%, lo que ofrece un total de once pagos y, por consiguiente, incumple las condiciones de la cláusula 11 del pliego”, explica el recurso presentado. Es el matiz. Hacienda solicita diez plazos y Barnaby se llevó la subasta ofreciendo once.

La proposición económica de la adjudicataria provisional, Barnaby Investments, ya fue cuestionada verbalmente por algunos de los licitadores durante el acto público de la subasta celebrada el 29 de septiembre. En su recurso, Whiteni Socimi, solicita la “inadmisión de la proposición económica de la adjudicataria provisional Barnaby Investments por no ajustarse al pliego” y que, por tanto, la adjudicación del edificio a la segunda oferta económica más ventajosa. Llama la atención que Grupo Lar usara una empresa instrumental creada a tal efecto para concurrir a la subasta.

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Un portavoz del Grupo Whiteni “entiende que la Mesa que dirige la subasta está obligada a cumplir el pliego y que no le corresponde realizar interpretaciones sobre lo que se entiende que quiso decir el licitador, pues el tenor literal de la cláusula quinta, apartado d) es claro: ‘no se admitirán las ofertas que no se ajusten a los modelos descritos en los Anexos’. Entendemos que realizar interpretaciones a favor de un licitador excede claramente las competencias discrecionales de la Mesa y resulta de imposible justificación cuando los términos del pliego son tan claros”.

Este recurso supone una piedra más en la complicada subasta de este edificio, del que el ministerio intenta desprenderse desde el año 2019. Entonces lo ofrecía por 196 millones. Ante la falta de postores, rebajó sus pretensiones en 2020 con un precio de salida de 185 millones de euros. Ahora, en 2023, la tercera oferta partía de los 156 millones, por lo que Grupo Lar ha puesto sobre la mesa un 31,4% más que lo esperado por Hacienda. El edificio tiene 41.132 metros cuadrados y 396 plazas de aparcamiento, pero necesita una importante rehabilitación y llegar a un acuerdo con el resto de dueños, ya que el Estado solo es dueño del 51% y el resto de la comunidad de propietarios Complejo Eurocis.

Habrá que esperar ahora al recorrido del recurso. Grupo Lar tiene experiencia en crear viviendas de lujo en esa zona. Según publicó recientemente Idealista News, Grupo Lar tiene previsto instalar en el edificio subastado una residencia de estudiantes y construir algunas ‘branded residences’ en la torre de viviendas de este desarrollo. Para este último proyecto hay varias marcas hoteleras de lujo que han mostrado su interés.