Después de cinco años en vigor, este jueves tocaba hacer balance del cumplimiento del Pacto contra la Violencia de Género, una herramienta que ha permitido analizar problemas y luchar contra el negacionismo sobre la violencia machista. Según ha indicado la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, de las 290 medidas que ha contemplado el pacto entre 2017 y 2022, se han cumplido 190, un 65,5%, si bien otras 85 están en proceso de cumplimiento. En otras seis medidas, ha indicado Montero, el Estado no tiene competencias para su cumplimiento mientras que otras nueve están pendientes de ejecución.
“Este pacto demuestra el compromiso firme del Gobierno en la lucha contra la violencia de género. Durante esta legislatura hemos trabajado con la idea de que las mujeres son titulares de derechos y el Estado, por tanto, tiene obligaciones”, ha señalado la ministra durante la presentación del balance. También ha recordado algunas de las medidas que se han aplicado en estos últimos años para combatir la violencia de género como la prohibición del falso síndrome de alienación parental o que los padres acusados de maltrato no puedan visitar a sus hijos menores, así como la ley de libertad sexual que establece obligaciones al Estado para proteger a las víctimas de violencias sexuales o la estrategia estatal para combatir violencias machistas.
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Montero también ha destacado que el Pacto contra la Violencia de Género “ha sido el único que se ha seguido desarrollando y reforzado en esta legislatura” y ha asegurado que su cumplimiento no es una opción política, sino “una obligación que va más allá de los partidos políticos”.
Para que ese cumplimiento del pacto sea efectiva, ha añadido la ministra, “es imprescindible que ningún poder del Estado falle en el cumplimento de sus obligaciones para garantizar los derechos de las víctimas de violencias machistas”, al tiempo que ha recordado que se trata de una herramienta fruto de la “fortaleza del movimiento feminista”, pues las mujeres salieron a la calle no solo para que fuera un acuerdo político, sino para que tuviera dotación económica, ha añadido.
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Avanzar con determinación
Para poder seguir profundizando en los compromisos y que el pacto se pueda materializar, ha indicado Montero, se deben invertir 1.000 millones de euros en cada año de la próxima legislatura, más aún teniendo en cuenta el momento de negacionismo de la violencia machista en el que nos encontramos. “Es imprescindible avanzar con determinación porque un solo paso atrás pondría en riesgo los avances de los últimos años”, ha asegurado.
Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha destacado que el pacto ha permitido a España “crecer como país” y ha señalado que el Gobierno ha renovado el compromiso de que exista un nuevo dictamen. Rodríguez también ha recordado que el Ministerio de Igualdad ha incrementado en los últimos años, en cumplimiento con lo que establecía el Pacto de Estado, la financiación a las entidades de la sociedad civil, “muy necesaria para que siga marcándole el paso a los organismos gubernamentales que, desde luego, tienen que acometer todas las obligaciones que están por delante”.
Por último,la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha pedido mirar atrás para observar las violencias incorporadas desde el año 2017. “Me parece que esto configura un horizonte de mucho deber, de mucha deuda y de mucha tarea pendiente. Pero de verdad, miremos atrás también y veamos qué violencias hemos incorporado, dónde estamos ahora, dónde estábamos en 2017 y si no es cierto que sí hemos tendido”, ha concluido.