Un juez cancela una deuda de 76.099 euros a una familia de Almería

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Almería ha condonado todas las deudas pendientes de una familia de la localidad andaluza por considerar que los vecinos son “deudores de buena fe”. El magistrado, que se ha acogido a la Ley de Segunda Oportunidad, también les ha permitido a los deudores conservar su casa, que estaba amenazada por distintos embargos. Con esta resolución, la pareja puede comenzar de cero —económicamente hablando— y solicitar la salida inmediata de todos los ficheros de morosos en los que los titulares están incluidos.

La Ley de la Segunda Oportunidad, aprobada por el Gobierno en 2015, tiene cada vez más recorrido en nuestro país. El texto permite cancelar deudas —tanto con Hacienda como con la Seguridad Social— de hasta un máximo de 10.000 euros. Los deudores, para hacer uso de esta fórmula legal, tienen que demostrar que son insolventes y no pueden haber rechazado ninguna oferta de trabajo digna en los últimos cuatro años. Además, las personas afectadas tampoco pueden tener antecedentes por delitos socioeconómicos. En la provincia de Almería, una decena de familias y particulares han sido eximidas de sus deudas gracias a la aplicación de este mecanismo.

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No existe ninguna limitación en el número de veces que un deudor puede pedir la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Sin embargo, las personas que se benefician de esta norma tienen que esperar un mínimo de cinco años para solicitar una nueva exoneración. Esta semana, La voz de Almería ha publicado la absolución de una nueva familia en la localidad andaluza. Los implicados, con domicilio en la capital, atravesaban una situación de “asfixia financiera” que no les permitía liquidar las deudas pendientes. La pareja ha acudido a un bufete de abogados especializado en este tipo de causas para solventar el problema.

Los abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento han sido los encargados de llevar el caso. El matrimonio tiene unos ingresos de 2.000 euros al mes, que provienen de un único sueldo —el sustentador principal de la unidad familiar trabaja como profesor en un colegio público—. La defensa de los deudores sostiene, según el citado medio, que “vivir desahogadamente con ese salario es difícil”. La pareja tenía dificultades para llegar a final de mes y solicitó varios préstamos. Los problemas llegaron cuando los deudores tuvieron que pagar las cuotas y, en vistas de la situación, decidieron recurrir a otros créditos para conseguirlo.

Poco a poco, la amalgama de intereses y préstamos empezó a crecer y la familia difícilmente podía liquidar todo el dinero que debía. Las entidades bancarias no tardaron en reclamar el cobro de la deuda y amenazaron con embargar la vivienda del matrimonio. Los abogados, nada más tomar las riendas del caso, consiguieron suspender los intereses de demora y dar un respiro económico a los implicados. Más tarde, intentaron llegar a un acuerdo amistoso con los acreedores para reducir la deuda, aunque las negociaciones terminaron en saco roto.

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Finalmente, la familia acudió a los tribunales bajo el paraguas de la Ley de Segunda Oportunidad. Los magistrados, después de estudiar toda la documentación y llevar a cabo los procedimientos contemplados en el marco legal, determinaron la existencia de una deuda de 76.099,70 euros. El juez consideró que los dos miembros del matrimonio eran “deudores de buena fe”, puesto que intentaron cerrar un acuerdo con los acreedores antes de llevar el caso por la vía judicial. La deuda se canceló y la pareja ha podido empezar de cero —sin deudas ni préstamos—.