Presión a las grandes empresas: PSOE y Sumar pactan un aumento récord de los ingresos del Estado a costa de sus beneficios

Los partidos del Gobierno de coalición han desempolvado la reforma fiscal que esperaba en un cajón desde 2022 y la han incluido en el pacto firmado por ambas formaciones para reeditar un ejecutivo conjunto. Según señala el documento, la reforma estará “orientada a las familias y coordinada con la política de gasto social” con la intención de que “contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos”. Dentro de este grupo señalan específicamente a grandes empresas, patrimonios y rentas del capital y a quienes incumplen con sus obligaciones tributarias.

Según ha argumentado la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, durante la presentación del acuerdo, una pequeña empresa tributa el 17,5% en España, mientras que una multinacional lo hace al 3,8%, afirmación que se basa en las cuentas anuales consolidadas del Impuesto de Sociedades que publica la Agencia Tributaria, pero no termina de ser precisa.

Bajo esta premisa, Yolanda Díaz ha anunciado que, en caso de formar gobierno y de conseguir apoyos, se modificará el Impuesto de Sociedades (IS) para que las grandes empresas paguen al menos un 15% de sus “beneficios reales”, los que “perciben antes de los ejercicios de ingeniería fiscal”. Díaz se refiere a aplicar ese 15% sobre el beneficio contable, no sobre la base imponible, como se hace desde enero de 2022. Esta diferenciación se plantea para evitar que se apliquen bonificaciones fiscales, como la compensación de pérdidas fiscales de años anteriores, y lograría recaudar unos 10.000 millones de euros al año. Esta cantidad supone casi un tercio de lo recaudado por el Impuesto de Sociedades en el año 2022 (32.176 millones).

PSOE y Sumar también prometen revisar los gravámenes a la banca y a las energéticas para readaptarlos y mantenerlos más allá de 2024, pero lo más llamativo en materia fiscal del acuerdo es la intención de que los ingresos sobre el PIB aumenten hasta el entorno del 46% al final de la legislatura. La ratio se encontraba en el 42,6% en 2022, según el plan presupuestario de 2024, por lo que se promete un incremento de más de tres puntos porcentuales.

Esto implicaría no solo un aumento de la recaudación en términos nominales, sino también un crecimiento porcentual más acelerado que el PIB, como ha sucedido en los dos últimos años. Tras la pandemia, la recaudación tributaria ha crecido por la inflación, la recuperación de los beneficios empresariales, el crecimiento económico y el aumento de las rentas del trabajo y de sus cotizaciones, a lo que ahora se sumaría la subida impositiva a las grandes empresas.

Dicho 46% es la media europea y alcanzarla supondría superar a países como Portugal y Luxemburgo y quedar muy cerca de Alemania, un cambio profundo teniendo en cuenta la posición histórica de España en la parte baja de la tabla que publica Eurostat. Que los ingresos tengan más peso en el PIB implica también un aumento de la presión fiscal, medida como la suma de los ingresos tributarios, de las cotizaciones sociales y de los impuestos que pagan los sectores residentes al resto del mundo. El plan presupuestario cifra esta magnitud en el 38,3% en 2022, por debajo de la media de la UE, 41,4% en 2021.

Los expertos del libro blanco sobre la reforma tributaria ya constataron este diferencial entre España y la media de la UE y afirmaron que “el elevado déficit público estructural español se debería, teniendo en cuenta el PIB real per cápita de la economía española, sobre todo al desajuste existente en el lado de los ingresos públicos”. En esta premisa parece basarse la intención de PSOE y Sumar, pero no todo el desequilibrio fiscal ni el gap del peso de los ingresos se puede solucionar subiendo el Impuesto de Sociedades.

En el citado libro blanco se advierte que España tiene un peso relativo de la recaudación por el Impuesto de Sociedades “cercano al de las economías de su entorno” y que los diferenciales negativos en esta figura son “modestos” en relación con la “elevada magnitud del déficit estructural”. Es decir, que aumentar la recaudación por beneficios empresariales no es suficiente para solventar los problemas de déficit de la economía española.

No obstante, los expertos sí recomendaron diseñar un IS “menos distorsionador de la actividad económica” en alusión discreta a limitar la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, algo que ya se ha hecho de manera temporal aprovechando la legislación de los gravámenes extraordinarios a banca y energéticas.

En el pacto entre PSOE y Sumar se señalan algunas acciones menos definidas para apoyar la consolidación fiscal por el lado de los ingresos: un plan de acción contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal, afloramiento de economía sumergida y avanzar en la fiscalidad verde, pero también adoptar medidas de gasto para compensar a las rentas bajas. Por otra parte, el futuro del impuesto a los ricos no queda definido.

En cuanto a las medidas de gastos, más allá de las ya legisladas de incremento de las pensiones contributivas y no contributivas, se plantean nuevos mecanismos para reducir la brecha de género en las pensiones, mejoras en los incentivos por hijo, por dependencia y por cuidados en el IRPF y en las políticas de gasto. También se abre la puerta a incentivos fiscales para autónomos y pymes y a mantener parte de las medidas extraordinarias para paliar los efectos de la crisis inflacionista.

Se acuerda mantener la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024 y se prometen “ayudas directas focalizadas” para las familias más vulnerables en los alimentos, aunque sin concretar cómo se articularán. “Se establecerá un sistema de seguimiento, información y evaluación de los precios de los alimentos básicos que contribuya a disponer de una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad, que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez, contribuya al objetivo de contención de la inflación”.