Los jubilados de 32 provincias reciben una pensión inferior al salario más habitual en España pese a la revalorización con el IPC

Los jubilados han sido uno de los colectivos que más han acusado la pérdida de poder adquisitivo derivada de la crisis inflacionista. Para poner fin a esta situación, el Gobierno vinculó la subida de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC) en la reforma acometida durante el pasado ejercicio. Si bien es cierto que estas prestaciones se han revalorizado considerablemente tras esta medida del Ejecutivo lo cierto es que, en muchas provincias, aún es inferior al salario más habitual en España.

Ante la espiral inflacionista de los últimos años, y con el objetivo de evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, el Ejecutivo estableció un cambio normativo en la reforma de las pensiones que trasladó a Bruselas y en el que se estipula que el porcentaje de revalorización viene marcado por el IPC interanual del mes de noviembre. Este año, con una inflación que durante 2022 llegó a superar el doble dígito, las pensiones se han revalorizado un 8,5%.

Te puede interesar: A Escrivá no le salen las cuentas con las pensiones: las personas que abandonarán el mercado laboral superan en un 40% a los nuevos trabajadores

Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario más habitual en nuestro país —que cobran 563.384 asalariados— asciende a 18.502 euros anuales. Una cifra que los jubilados de 32 provincias españolas no consiguen alcanzar. Los que más se alejan de estos ingresos son las personas retiradas en Orense, cuya pensión anual en 14 pagas se sitúa en 13.760 euros anuales, seguida de Lugo, donde los jubilados ingresan 14.700 euros cada año.

Así, atendiendo a la disposición por comunidades, Andalucía cuenta con una pensión media de 17.338 euros anuales —por debajo del salario más habitual en nuestro país— con todas sus provincias por debajo de este umbral, excepto Cádiz, donde la pensión media asciende a 19.796 euros anuales. Por su parte, tanto Baleares como Canarias tampoco alcanzan esta cota: los jubilados insulares cobran 17.800 euros al año.

La pensión media en Castilla y León supera en 1.100 euros anuales al salario más frecuente, aunque no en todas las provincias. Zamora y Ávila son las dos regiones de esta comunidad con la pensión de jubilación más baja —en torno a 16.500 euros anuales— aunque también Segovia, Salamanca y Soria se encuentran por debajo de la cota de los 18.500 euros del salario más habitual. En Castilla la Mancha, salvo en Guadalajara, todas las provincias se encuentran por debajo de este umbral.

En el lado contrario, País Vasco es la región donde los jubilados reciben una mayor prestación de jubilación, superando en casi 5.000 euros anuales al salario más frecuente. Cierran el top tres de comunidades con la pensión más alta, Asturias, con 22.974 euros anuales, y Madrid, con 22.274.

Pese a que esta revalorización está reduciendo el impacto de la subida del IPC, esta situación es complicada para las arcas públicas. El gasto en pensiones ha superado por primera vez en su historia los 12.000 millones mensuales en junio. El Ejecutivo de Pedro Sánchez derogó la reforma que aprobó el PP en 2012 por la que se limitaba el incremento de las pensiones a un máximo del 0,25%. Sánchez ha impuesto de nuevo el sistema antiguo: ligar la subida de las pensiones a la previsión para ese año de la inflación. Este año, un 8,5%.

Te puede interesar: El Banco de España alerta de que los ingresos previstos en la reforma de pensiones no compensarán los gastos récord

De esta forma, el país se encamina en su conjunto hacia la marca de un pensionista por cada dos trabajadores, pero hay algunas regiones que están más envejecidas y más vaciadas que se acercan ya al límite de un trabajador por cada pensionista.

Las reformas que desde 2011 se vienen acometiendo para garantizar la sostenibilidad del sistema conllevan, en la mayoría de los casos, una disminución de las expectativas del importe de la pensión. La elevación progresiva de la edad de jubilación, mayor exigencia de años cotizados, la ampliación de las bases de cotización, o la concreción de un factor de equidad intergeneracional son medidas encaminadas a afrontar estas presiones, y que podrían reducir en los próximos años el importe de las pensiones.