Y Franco salió de su tumba: las cuentas pendientes de la Memoria Histórica cuatro años después de la exhumación del dictador

El 24 de octubre de 2019, el dictador Francisco Franco salía de la tumba que él mismo se había diseñado para la eternidad. Rodeado de cadáveres y fosas comunes de cuerpos que fueron tiroteados durante la Guerra Civil, el militar fue exhumado por orden del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tras más de cuarenta años enterrado con honores en el Valle de los Caídos.

Han pasado cuatro años desde aquel momento y con la legislatura agotada, el Gobierno busca una reedición en la que debería rendir cuentas con las víctimas del franquismo. El diseño de una ley que amplificaba las conquistas de Zapatero en 2007 y la exhumación del dictador han quedado ensombrecidos por las cuentas pendientes que este Ejecutivo tiene en las fosas comunes dispersadas por España.

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Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), una de las principales organizaciones que lleva a cabo exhumaciones de represaliados por la dictadura franquista, califica de “cagada” la forma de sacar a Franco del Valle de los Caídos: “Fue un espectáculo insultante para las víctimas que siguen en las cunetas. Que dejaran sacar el ataúd a hombros ya dice mucho. Gritaron vivas a Franco, que están prohibidos y la ministra de Justicia no parpadeó”, recuerda el activista, que ha podido comprobar como el actual cementerio de Mingorrubio, donde se ubican ahora los restos del dictador, se ha convertido estos días en un “altar civil”.

Queda lejos aquel escenario, a caballo entre una ceremonia y un trámite, que llevó al dictador a parar a un cementerio público. Ese primer paso de Pedro Sánchez cristalizó tres años después en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que promulgaba, entre otras cosas, un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, a cargo ahora de Dolores Delgado, la resignificación del Valle de los Caídos (ahora Valle de Cuelgamuros), el traslado también de los restos de Primo de Rivera, una auditoría de bienes incautados por el franquismo o que el gobierno asumiera la responsabilidad de las exhumaciones. Hasta 69.000 personas han recibido la nacionalidad española fruto de aquellos que perdieron la nacionalidad por la represión. Cuba ha sido de las naciones donde más nacionalidades se han repartido, con unas 15.000.

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A pesar de que la exhumación de Franco se produjo a pocos meses de la configuración del nuevo gobierno, la Memoria Histórica ha tenido un peso mediático muy reducido durante esta legislatura, en parte por la irrupción de la covid-19 o la guerra de Ucrania, pero la formación de nuevos gobiernos autonómicos de PP y Vox, con intención de derogar las leyes comunitarias para la Memoria, son el síntoma de que el conflicto ahora es más político que nunca.

El trabajo en torno al Valle de los Caídos, del que ya se trabaja para sacar a más de 128 víctimas, donde Fausto Canales, de 87 años, ha sido una de las caras más visibles de la lucha, ha sido uno de los grandes focos para cambiar el concepto del mausoleo de un dictador a un espacio para la Memoria Histórica. Manuela Bergerot, diputada de Más Madrid y especialista en políticas de Memoria, valora positivamente esos primeros pasos, inéditos hasta ahora en la democracia española: “Hay que poner en valor el plan de exhumaciones del Gobierno a lo largo de todo el Estado. Es una realidad que ha generado reparación en la fosa del Valle de los Caídos. En España había memoria, pero era la memoria de los fascistas”.

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En cuanto a la Ley de Memoria Democrática, la Administración pública se hacía cargo de la exhumación de las fosas comunes en España, tarea que hasta ahora realizaban de forma casi exclusiva las organizaciones por la reparación de los crímenes del franquismo. La nueva legislación abre partidas presupuestarias y los ayuntamientos pueden solicitar partidas económicas para que se lleven a cabo tareas de búsqueda de cuerpos, un formato que, en palabras del presidente de la ARMH, es mejorable: “Es posible que un pueblo sí busque una fosa y otro a cinco kilómetros no, porque su ayuntamiento no quiere. Es vergonzoso que un gobierno permita que el derecho del crimen más grave, que es la desaparición forzada, dependa de la configuración de un pleno municipal. Lo que han hecho es someter a un criterio de subjetividad partidista que algunas personas tengan esa ayuda o no. Es un dinero, además, limitado. Para conseguirlo tiene que haber familias de desaparecidos compitiendo con otras familias”, critica Emilio Silva ante la configuración de la ley.

En este sentido, Bergerot pone el foco en la necesidad de agilizar los trámites, puesto que muchos de los demandantes de verdad, justicia y reparación son personas de mucha edad, los cuales pueden ver sus objetivos truncados por enredos administrativos: “No puede ser que la burocracia impida una y otra vez que España se haga cargo de derechos fundamentales. Entiendo que hay herramientas que son intermedias, pero se alarga el tiempo en una cuestión en la que hay familiares con 94 años que no pueden estar a expensas de tramitaciones burocráticas para saber si amplían la subvenciones”, apunta la diputada.

Que el sistema funcione a través de subvenciones es otro de los déficits de esta ley, aunque el propio PSOE no ha querido visibilizar sus logros, tal vez para rebajar la exposición y el conflicto que alimenta la derecha: “Hay miedo a la pedagogía, hay miedo en demostrar los avances en exhumaciones que se están haciendo. Son timoratos, porque cuando cuentas las exhumaciones que se hacen a lo largo de España, la gente no tiene ni idea”, asegura Bergerot.

Además, la ley dejaba un margen de un año, que se cumple ahora, para la creación de un par de comisiones de las que aún no hay noticias. La primera, una comisión técnica para realizar un estudio “que describa el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura”. La segunda, para estudiar “supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas”.

De este modo, se podría ampliar la idea de víctimas del franquismo a todas los muertos durante los cuarenta años de dictadura y no solo al pequeño lapso de la Guerra Civil: “Es importante incorporar la perspectiva de todas las víctimas de la transición, es muy importante para todos los hombres y mujeres que trajeron la democracia y están vivos. Esa comisión que se comprometieron a abrir sigue sin ponerse en marcha”, denuncia la diputada de Más Madrid y experta en Memoria Histórica.