Las claves del acuerdo PSOE-Sumar: reducción de jornada, mejorar el SMI y los permisos de paternidad, límite por ley a las listas de espera, impuestos a empresas...

Tres meses de negociaciones resumidos en un documento de 48 páginas y 230 medidas. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han presentado este martes el acuerdo programático que han alcanzado para intentar reeditar un Gobierno de coalición progresista que “consolide las reformas logradas, recoja sus frutos y dé nuevos pasos hacia el bienestar y la justicia social, la prosperidad económica y la sostenibilidad medioambiental”. Estas son las claves del acuerdo, que en el caso del bando socialista, deberá ser ahora refrendado por sus militantes.

El acuerdo estrella en este capítulo, y uno de los que más horas de reuniones ha necesitado por lo alejado de las posturas iniciales, es la reducción de la jornada laboral, sin disminución salarial, en 37,5 horas semanales (ahora es de 40). Habrá un paso intermedio en 2024: “Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025″, recoge el acuerdo. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”. El objetivo de Sumar es llegar a las 35 horas semanales. Un pacto que las patronales ya han calificado de “atropello”. Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, si el futuro Gobierno consigue el apoyo de los grupos parlamentarios, esta medida beneficiará a 12 millones de personas asalariadas del sector privado.

- Sumar y PSOE quieren también que “los salarios ganen poder adquisitivo tomando en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas, utilizando la información del Observatorio de los Márgenes de Beneficio de las empresas (OMB)”. Además, impulsarán la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice “la recuperación del poder adquisitivo de los salarios”.

- El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, “garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio”. Actualmente, el SMI es de 1.080 euros, lo que ha supuesto una subida del 47% en los últimos cinco años.

- Aprobación del estatuto del becario.

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- Ambos socios han pactado “una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades (en muchos casos, fuertemente feminizadas) a partir de cierta edad”.

- Los autónomos podrán aplicarse la cuota reducida (tarifa plana) en la cotización a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de su actividad en los que se produzcan una caída en sus ingresos, cuando declaren por estimación directa, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, sin pérdida de derechos de protección social.

- Habrá también nueva legislación de prevención de riesgos laborales. Para ello, “se actualizará el catálogo de enfermedades profesionales, así como el procedimiento de notificación del accidente de trabajo. Además, se evaluará con especial atención la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud”.

Un decálogo de buenas intenciones en este apartado para “seguir impulsando una transición ecológica justa”. El reto que PSOE y Sumar se han marcado es “revisar los compromisos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición. España realizará la contribución que le corresponda para cumplir con el objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030 y además trabajará para alcanzar en dicha fecha el 48% de energía renovable sobre el uso final de la energía, un 81% de energía renovable en la generación de electricidad y presentar emisiones netas nulas en 2050″.

- Otro de los compromisos es el “cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa”.

La futura coalición, si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente, extenderá el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, “incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16, y avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo, con el objetivo de remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024″.

- “Reforzaremos y mejoraremos el Ingreso Mínimo Vital, simplificando los requisitos exigidos y mejorando los sistemas de acceso, extendiéndose además los itinerarios de inclusión socio-laboral”.

- “Seguiremos garantizando la sostenibilidad de las pensiones y su actualización conforme al IPC, para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. Seguiremos aumentando durante la legislatura las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas,hasta alcanzar la media europea”.

Aunque las competencias en materia de sanidad están transferidas a las comunidades, PSOE y Sumar han pactado “acabar con las listas de espera en la sanidad pública, estableciendo por ley unos tiempos máximos de espera: 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia. En el caso de la salud mental la garantía de tiempo máximo de espera será de un máximo de 15 días para jóvenes, adolescentes y menores de 21 años”.

- “Propondremos un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años para familias con menos recursos”

- “Impulsaremos un plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el Estado que permitirá a las Comunidades aumentar plantillas, mejorar infraestructuras y modernizar el equipamiento de sus centros sanitarios”. El objetivo también es aumentar la plantilla de sanitarios “ampliando las plazas de formación de medicina, enfermería y psicología en las universidades públicas”.

- Otro de los objetivos que se han marcado es universalizar la educación de 0 a 3 años promoviendo su inclusión plena en el sistema educativo, así como el aumento progresivo de la oferta de escuelas infantiles públicas. “Al final de la legislatura el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal”, reza el acuerdo.

Otro de los compromisos es aumentar el parque público de vivienda para alquiler asequible “a través de una decidida y ambiciosa política de inversión pública a medio y largo plazo, para elevar su peso hasta el 20% del parque total de vivienda, poniendo a los jóvenes en el centro”. El parque de vivienda pública se constituirá mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando la vivienda vacía. Para dicho objetivo, se contará también con la vivienda que actualmente es propiedad de la Sareb. “Blindaremos el uso público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible”.

- “Desarrollaremos las medidas contempladas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para la contención de los precios, incluyendo tanto los incentivos fiscales como los mecanismos de regulación de los alquileres. En concreto, se definirá con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres.

- “Ampliaremos hasta la renta media (37.800€) el umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas: ampliación de crédito hasta siete años y congelación de cuota de un año”

- El acuerdo quiere aplicar una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años. ¿Cómo? Avalando el 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes con el objetivo de posibilitar la adquisición de unos 50.000 inmuebles.

Tal y como están haciendo otros países de nuestro entorno, “impulsaremos la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales”.

En energía, dos medidas sobresalen por encima del resto en el acuerdo del PSOE y Sumar: la voluntad de duplicar el número de hogares que se pueden acoger al bono social eléctrico y la promesa (abierta) de “continuar profundizando en la reforma mayorista” de la luz, encaminada “a resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista y los llamados beneficios caídos del cielo”.

Ambos partidos también se comprometen a desarrollar “una política fiscal justa e inteligente, capaz de hacer frente a los retos de una economía globalizada, marcada por la digitalización, la transición verde y la lucha contra el fraude”. Esta reforma asegurará que se alcanza el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades, la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto. El endurecimiento del impuesto de sociedades elevará, según Yolanda Díaz, la recaudación en “10.000 millones”. Esa cifra saldrá de las grandes empresas, a las que la vicepresidenta en funciones ha acusado de incurrir en “ingeniería fiscal” para pagar menos impuestos.

En lo relativo a los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas, el objetivo es “revisarlos” para “readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”. También se evaluará los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas “con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.

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Otra de las medidas es reformar, y derogar, “aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la ‘ley mordaza’ y el Código Penal). En concreto, garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados”.