La ‘ley mordaza’ que la izquierda no deroga deja ya 1,8 millones de sanciones y 1.117 millones recaudados

En 2015, en 2018, en 2019, en 2021… Son múltiples las ocasiones en las que el líder socialista Pedro Sánchez ha anunciado la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’. Lo dijo estando en la oposición y en el Gobierno. Aprobada en marzo de 2015 por el Partido Popular (al mismo tiempo que se modificaba el Código Penal), esta normativa sigue todavía vigente. Entre abril de 2015 y el 31 de diciembre de 2022 ha supuesto la imposición de 1.871.478 sanciones y la recaudación de 1.117 millones de euros en multas. Los últimos datos oficiales hechos públicos, los de 2022, revelan que su aplicación ha perdido fuelle, ya que no se ponían tan pocas sanciones (227.080) desde el año 2016.

El PSOE, no obstante, parece que ha dejado aparcado este espinoso asunto. No llevaba implícitamente la derogación de la ley en el último programa electoral con el que concurrió a las pasadas elecciones generales de julio. Y meses antes, en marzo, cuando intentó modificarla, se encontró con la negativa de algunos de los partidos de izquierda (como ERC y EH Bildu) que no apoyaron los cambios que proponían los socialistas argumentando que “no derogaban los artículos más lesivos” y mantenía “intacta” la esencia de la ley que aprobó el PP de Mariano Rajoy. Y eso que la reforma planteaba modificar 36 de sus 54 artículos.

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Así, con los datos en la mano, la ‘ley mordaza’ sigue castigando a una media de 622 ciudadanos cada día y engordando las arcas públicas. La normativa convirtió en 2015 un abanico de comportamientos que antes eran delito en faltas administrativas con multas de hasta 600.000 euros en las que prevalecía el relato del agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad frente al del ciudadano. Si este es sancionado, solo le queda el recurso de acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Aunque las críticas a la ley se sustentaban en que limitaban los derechos de expresión y manifestación de la ciudadanía, el grueso de las sanciones, concretamente el 59%, se han impuesto por el incumplimiento del artículo 36.16, que penaliza “el consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares”. Se han puesto 1.111.222 de sanciones en estos ocho años que han conllevado 704 millones en multas.

La segunda infracción más sancionada es “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. El artículo 36.6. Se han tramitado 342.000 sanciones.

De todas ellas, 243.000 (el 71%) se pusieron en 2020, año que cambió el mundo con la llegada del coronavirus. Con la aprobación del primer estado de alarma de la pandemia, el Gobierno que había prometido la derogación de la ‘ley mordaza’ pasó a hacer un uso intensivo de la misma. El Tribunal Constitucional anuló en 2021 los distintos confinamientos aprobados por el Gobierno de Sánchez, por lo que muchas de estas multas están siendo anuladas al haber perdido el soporte legal para su aplicación.

La tercera sanción más sancionada es por incumplir el artículo 37.04 de la ley: “Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”, Desde 2015 se han interpuesto casi 149.000 que suman 236 millones de euros. Habrá que ver ahora cuál es el futuro de esta ley en la nueva e incierta legislatura que se ha iniciado y en la que Sánchez persigue reeditar un Gobierno de coalición progresista con Sumar.

La coalición de partidos que lidera Yolanda Díaz sí se comprometió en su programa a dar pasos para acabar con esta ley, reformando y derogando “aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión en un momento en el que las movilizaciones sociales son importantes para, por ejemplo, concienciarnos de la emergencia climática”. Podemos, por su parte, que forma parte de Sumar, ha pedido a Sánchez que derogue totalmente la ley, un requisito, aseguran, para apoyar su investidura.