Las lenguas como arma política del PP y Vox: desde la marginación en Galicia hasta el fin del plurilingüismo en Valencia

Desde la formación de los gobiernos autonómicos y municipales tras las elecciones del 28 de mayo, las lenguas cooficiales han tomado una especial relevancia, aunque no gracias a políticas de promoción, sino por todo lo contrario. Su uso en el Congreso de los Diputados sirvió de munición para el PP y Vox, que dispararon contra la riqueza lingüística a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Pero la batalla contra el euskera, el catalán y el gallego no ha terminado en terreno nacional, ya que los populares han emprendido una ofensiva técnica contra la construcción plurilingüe en el Congreso de los Diputados.

La estrategia del PP pasa por anular la adjudicación de los contratos menores del servicio de interpretación de lenguas oficiales al castellano, que es lo que permite el funcionamiento de las lenguas cooficiales. El grupo popular ha interpuesto un recurso para que el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes Generales analice la anulación de los contratos, en el caso de que la Mesa no tenga competencias para ello. Los populares se respaldan en que los 12 contratos firmados se tramitaron como contratos menores, es decir, por un valor de menos de 15.000 euros, para eludir el procedimiento competitivo de adjudicación, porque el Gobierno necesitaba ahorrar tiempo para poner en marcha cuanto antes las lenguas cooficiales en la Cámara.

Sin embargo, en el Senado, donde ostentan la mayoría absoluta, no ven obstáculo para su utilización, es más, los propios presidentes del Partido Popular en sus lenguas propias en la Cámara Alta, como hicieron el pasado jueves en la comisión de comunidades autónomas.

Te puede interesar: Feijóo retrasa la renovación del PP de Cataluña: no consigue la fuerza suficiente para evitar que una crisis interna le salpique

Pero esta ofensiva no es la única emprendida por la derecha durante esta joven Legislatura. El PP y Vox se han hecho con buena parte del poder territorial de España a partir de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. En este sentido, en conjunto o por separado, han iniciado su propia batalla cultural, esta vez, con la política lingüística como munición habitual.

En Galicia, el Partido Popular de Alfonso Rueda ha borrado del temario de la selectividad la marginación del gallego durante el Franquismo, hasta ahora muy presente en la educación del alumnado gallego. Se trata de un ataque a la reconciliación de la juventud con un idioma cada vez más denostado en el ámbito educativo por los sucesivos gobiernos del PP. El uso menguante del gallego entre los más jóvenes era contrarrestado a través del valor que se daba al hecho de poder usarlo, algo que con el Franquismo no sucedía.

En definitiva, los adolescentes gallegos dejarán de tener en cuenta durante sus estudios elementos tan importantes para la lengua y la cultura gallegas como las viñetas de Castelao, o dejarán de plantearse cuáles eran los objetivos de la ridiculización del idioma y del acento que lanzaban ciertos eslóganes franquistas.

Te puede interesar: Feijóo pone en marcha su estrategia para unas futuras elecciones: busca fortalecer el PP en Cataluña y en Euskadi

Todo ello porque el grupo de trabajo que prepara la ABAU (la selectividad), ha decidido que solo se incluya en el temario la historia y la situación del gallego posterior a 1981, cuando se hizo idioma oficial con el Estatuto de Autonomía.

En la Comunidad Valenciana, el PP va de la mano con Vox. Allí cerraron el primer acuerdo de coalición tras el 28M, no sin polémicas, pero lo cerraron. Entre las exigencias de Vox estaba el cierre de la televisión autonómica À punt, la eliminación del requisito lingüístico en el acceso a plazas de profesorado y de administración pública y el “desalojo” de los asesores lingüísticos de las aulas. Finalmente, y tras meses de Gobierno de coalición, decretaron la suspensión del plurilingüismo valenciano, de forma que no tendrá que estudiarse en zonas donde se hable el castellano. Ahora se podrán aplicar los currículos educativos sin tener en cuenta la política lingüística, es decir, sin que el mínimo del 25% de valenciano.

De esta forma, enmiendan todo lo avanzado en esta materia por el anterior Gobierno del Botànic, ya que se suprimen los dos organismos creados por el anterior Consell, como es la Oficina de Derechos Lingüísticos y el Consell Social de les Llengües.

En Aragón, el popular Jorge Azcón también comparte gobierno con Vox. Allí, la extrema derecha planteaba la eliminación de lengua aragonesa a través de la derogación de la ley de Lenguas y los institutos del catalán y del aragonés, todo ello, mucho antes de las elecciones del 28 de mayo.

Pese a estas exigencias de los de Santiago Abascal, Azcón pactó un gobierno de coalición y un acuerdo en el que se comprometía a revisar la ley de lenguas para acabar con la protección del aragonés, y también la erradicación del catalán en este territorio. “El objetivo es prevenir las interpretaciones interesadas que pervierten el espíritu de respeto hacia la libertad de los hablantes”, dejaban por escrito en su acuerdo programático.

En Baleares, que junto con Murcia, eran las dos comunidades donde el PP no necesitaba el sí de Vox para formar gobierno, sino la abstención, el Partido Popular se ha topado con las consecuencias de su acuerdo con la extrema derecha que, aunque no es de coalición, ha frenado los presupuestos para 2024. Este enfrentamiento, que pone en cuestión el pacto de legislatura, viene porque el PP se abstuvo en una iniciativa sin rango de ley (PNL) que abogaba por acabar con el plurilingüismo en la enseñanza a partir de 2025.

Lo cierto, es que el acuerdo programático cargaba contra la “imposición lingüística del catalán”, contemplaba la elección de lengua en los primeros años de la enseñanza y una escuela “libre de adoctrinamiento ideológico”. Dentro de las 110 medidas a las que se somete el PP para lograr el apoyo de Vox, está la modificación de cualquier norma que suponga una “imposición del catalán”. También a modificar todas las de rango superior e inferior para elevar la presencia del castellano, a eliminar la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y a crear otra que incluyese el fomento del castellano. Además, el PP pasaba por el aro de la inspección educativa, y de la intrusión en los contenidos curriculares.