Estudia una carrera con salidas. Las ingenierías y las nuevas tecnologías son el futuro. Es un trabajo para toda la vida… Muchas son los argumentos esgrimidos por amigos y familiares al inicio y al final de los estudios. Pese a que las virtudes y defectos de trabajar en una empresa privada o ser funcionarios son por todos conocidos, la estabilidad y, sobre todo, el salario siguen siendo los puntos principales para decantarse por una u otra. Y según los últimos datos publicados por Hacienda, en lo que a salarios se refiere, la gran mayoría de españoles que trabajan para el Estado tienen una retribución mayor que los del ámbito privado.
Las bonanzas del sector público son ampliamente conocidas: horarios, en general, mejores y más estables que en sector privado; jornada laboral que cuenta con menos horas a la semana; más vacaciones y días libres… Sin embargo, el sector privado ofrece mucha más variedad de puestos ofertada y la capacidad de progresión en términos laborales y económicos es mucho mayor que en el sector público.
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los trabajadores con contrato indefinido tuvieron un salario medio anual de 27.228,80 euros. Así, si se tienen en cuenta los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre los salarios de funcionarios, se puede extraer que solo dos de cada 10 trabajadores de la administración pública en nuestro país–concretamente el 26,1%– tiene un sueldo por debajo de la media de asalariados del sector privado.
De los 125.199 funcionarios que componen la administración de las diferentes comunidades autónomas, 28.000 cobran entre 20.000 y 25.000 euros anuales y solo un 3% –cerca de 5.000– percibe una retribución por debajo de esa cifra, correspondientes al sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), que el ministerio de María Jesús Montero acaba de actualizar.
En el rango salarial más alto dentro del funcionariado –que cobran más de 55.000 euros anuales– se encuentra el 5% de la plantilla. Así, el grueso de estos trabajadores se encuentra en la horquilla salarial de entre 30.000 y 45.000 euros anuales, rango salarial en el que se enmarcan más de 56.000 empleados públicos.
Según el Estudio sobre el Emprendimiento en España en 2023, elaborado por la compañía Holded, trabajar para el Gobierno era la primera opción solo para uno de cada diez jóvenes menores de 24 años. Esto demuestra, según el citado informe, que España es cada vez más un país de emprendedores. De hecho, el 60% de los españoles se decantaba por abrir su propio negocio al terminar su formación.
El porcentaje de personas que quieren trabajar en el sector público se eleva significativamente en otras franjas de edad: el 20% de los mayores de 55 años desea trabajar para el Estado, duplicando el porcentaje de los más jóvenes. Esta cifra no solo varía por edad, también lo hace por localización. Albacete es la ciudad en la que más habitantes manifiestan querer trabajar para el Gobierno, alcanzando el 45%, seguida de Cádiz, con un 40%, Asturias, con un 35%, y Zaragoza y Valladolid, con cerca de un 30% de su población queriendo opositar.
La temporalidad, un grave problema en la Administración
Hace casi cinco años se observaron por última vez unas tasas de temporalidad superiores en el sector privado que en el público. En el último trimestre de 2018, en el sector privado, dicha tasa ascendió al 27,0%, mientras que en el público se situaba en un 26,3%. Desde este período, la tasa en el sector privado fue descendiendo, hasta situarse en un 13,9% en la actualidad –tras haber repuntado dos décimas en el segundo trimestre como consecuencia de la incidencia que tiene en esta variable las contrataciones estacionales vinculadas a la campaña turística–.
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Por el contrario, en el sector público la tasa de temporalidad ha ido creciendo y en este segundo trimestre de 2023 se sitúa en un 31,1%. De hecho, la temporalidad en el sector público lleva 10 trimestres consecutivos, desde el inicio de 2021, por encima del 30% y no refleja síntomas de una tendencia a la reducción.
Según el análisis de Randstad, en el sector privado la tendencia de reducción de la temporalidad tiene una larga trayectoria previa a la reforma laboral –de un 28,2% en el tercer trimestre de 2017 a un 22,1% entre enero y marzo de 2022, justo antes de la entrada plena en vigor de dicha reforma–, y en dicho caso constituye una disminución genuina de la temporalidad, mientras que la observada con posterioridad a la reforma –donde la temporalidad en el sector privado ha caído seis puntos porcentuales en cinco trimestres, hasta el actual 13,9%– es fundamentalmente una reducción estadística, puesto que la reforma laboral ha encubierto actividades estacionales o temporales bajo el manto de un contrato indefinido de corta duración o con períodos de inactividad.
En el caso del sector público, lo más llamativo es, sin duda, el carácter refractario de su temporalidad a la reforma, puesto que, lejos de descender, se mantiene sólidamente por encima del 30% y lleva la diferencia con el sector privado a niveles récord durante el último año.