Un estudio rebaja el optimismo del Gobierno con las subvenciones al transporte público: no reducen los vehículos privados en Madrid

En septiembre de 2022 entraron en vigor las subvenciones a distintos tipos de transporte público con la doble finalidad de paliar los efectos de la inflación de los carburantes sobre el bolsillo de los consumidores y de reducir los viajes en vehículos privados. Tras más de un año de implantación, han tenido resultados controvertidos apuntados tanto desde ámbitos académicos como desde la AIReF, a lo que se suma el elevado impacto fiscal de la medida, que asciende a 1.322 millones presupuestados.

Un informe de EsadeEcPol que se publica este jueves y al que ha tenido acceso Infobae España concluye, tras analizar los datos de tráfico de la ciudad de Madrid, que “no se puede afirmar que la subvención haya reducido los coches” en la capital de España entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023. Según señalan los autores del estudio, Jorge Galindo, Javier Martínez y Natalia Collado, el impacto no se percibe ni en términos acumulados ni medios diarios. “Tampoco hay efecto para las zonas con mayor intensidad de tráfico, menor (o mayor) nivel de renta, ni para las vías principales (M-30) de acceso a la ciudad, ni en las zonas con mejor acceso a tren de cercanías o metro”, detallan.

En concreto, el documento desgrana el impacto de la subvención al transporte metropolitano en ferrocarril (cercanías y metro) en Madrid comparando el tráfico real con el de una serie estimada. La diferencia entre ambas “no es estadísticamente distinta de cero”, señalan, a lo que se añade que la probabilidad de obtener ese resultado de forma aleatoria es “muy alta”, un 36%. Este resultado solo atañe a la capital, por lo que el estudio reconoce que no se puede “descartar por completo” que la subvención aplicada en toda España haya tenido un efecto de reemplazo del vehículo privado por el público.

Aun con esta importante salvedad, la conclusión choca con el análisis hecho por el Gobierno y pone en entredicho que se haya producido una reducción intensa del vehículo privado a raíz de las subvenciones. Madrid es la ciudad con más tráfico de España y dispone de una de las redes más nutridas de transporte público para que se produzca la buscada sustitución.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró en junio durante unas jornadas de movilidad de El Español que la bonificación del transporte público “está permitiendo sacar vehículos de la carretera”, de manera que “esos usuarios pasan al tren y consumen menos litros de gasolina”. Según los cálculos de su cartera, como consecuencia de esto se “han podido ahorrar” en torno a 118 millones de litros de combustible y se ha evitado la emisión de 360.576 toneladas de CO₂ en lo que va de 2023. Sánchez señaló además que la demanda de trenes de media distancia y regionales ha crecido “un 50%” y que el cercanías ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia.

Sobre la reducción de emisiones, un estudio publicado a finales de 2022 por Albalate y otros autores concluía que el aumento de los viajeros en tren resultado de los descuentos no había tenido un impacto positivo sobre la calidad del aire de 23 ciudades españolas. “Así como la dotación u oferta de transporte público sí tiene un impacto sobre la calidad del aire, no parece que las reducciones de precio substanciales tengan ese mismo efecto”, explicaron.

Por otra parte, desde Esade inciden en que incluso en el caso de que haya un aumento del volumen de viajeros en los transportes subvencionados, eso no implicaría en sí mismo un fomento del transporte público en comparación con el vehículo privado. “Con este tipo de dato conoceríamos el destino, pero no el origen, de estos nuevos viajeros. La auténtica vara de medir está en el uso del vehículo privado”, defienden. A lo que Martínez añade que, más que el aumento en sí misma de la demanda en cualquier transporte público, lo que habría que comprobar es si está provocada por una reducción del vehículo privado en esas mismas distancias.

Por la parte de alivio de los consumidores, la AIReF ya señaló en 2022 que las bonificaciones al transporte público no tienen especial focalización en los más vulnerables al concentrarse estas infraestructuras en ciudades que, en general, presentan mayor nivel de renta. Donde sí han tenido un impacto inequívoco es en la rebaja de la inflación, de hecho, su retirada en los próximos meses sumaría una décima más al IPC subyacente, según el Banco de España.

Las subvenciones al transporte deberían finalizar el 31 de diciembre de 2023, pero la prórroga presupuestaria ha permitido que se contemplen para 2024. El Gobierno ha reservado 1.440 millones para esta política en el Plan Presupuestario enviado este lunes a Bruselas porque el plan de un Ejecutivo en funciones debe ser a política constante. Al estar incluidas las subvenciones en los PGE que se prorrogarán de 2023, se han replicado, pero el nuevo Gobierno podrá modificar la medida.

La ministra de Transportes ya avanzó en el citado foro que el Ejecutivo está analizando “si es una medida que podemos mantener con carácter estructural”, aunque ya dudó de si podría consolidarse en los mismos términos en los que está vigente. Fuentes ministeriales afirman que la intención del Gobierno es “incentivar el transporte público de una forma estructural y mantenida en el tiempo”, aunque no concretan propuestas.

En el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, Podemos incluso ha pedido ampliar la subvención al 80%, algo que se antoja poco compatible con cumplir la recomendación específica de la Comisión Europea y con bajar el déficit al 3% en 2024. El informe de Esade señala que, a la vista de sus conclusiones, sería más adecuado adoptar otro tipo de medidas para reducir el uso de los vehículos privados: invertir más en mejorar la red de transportes, facilitar la combinación de diferentes medios y cobrar peajes en la ciudad diferenciados por el tamaño del coche y su potencial contaminador.