Nueve comunidades reducen su inversión en Dependencia y se aprovechan del aumento de financiación del Gobierno

La aportación por parte de las Comunidades Autónomas para la Atención a la Dependencia se redujo en 98 millones de euros en 2022 respecto al año anterior, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez, desde el ministerio de Ione Belarra, ha aumentado progresivamente sus partidas presupuestarias a través de los Presupuestos Generales del Estado.

De este modo, nueve comunidades han reducido su inversión en Dependencia y han aprovechado para “aliviar sus arcas, en lugar de incrementar la atención a personas dependientes”, asegura la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales en un nuevo informe publicado este miércoles.

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La reducción de los casi 100 millones de euros se reparte entre Cataluña (57,3 millones), Comunidad Valenciana (-40,6), Andalucía (-51,6), Extremadura (-11), Madrid (-15), Castilla y León (-7,4), Cantabria (-8,7), Asturias (- 10,8), y Murcia (-1). “Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña, que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia”, subraya la organización.

Durante el 2022, 45.360 personas fallecieron mientras estaban en las listas de espera de la Dependencia. Según el análisis publicado, cada 12 minutos ha muerto una persona a la espera de prestaciones o atención del Sistema de la Dependencia. En total, la inversión de ese año fue de 10.234 millones de euros, del cual el 74% ha corrido a cargo de las comunidades, las grandes sostenedoras del sistema.

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Aunque la premisa original de este sistema era que se repartiera a partes iguales entre Estado y comunidades, nunca ha sido así. El actual ministerio de Derechos Sociales, a cargo de Unidas Podemos durante esta legislatura, ha aumentado considerablemente las partidas, que aun así de momento se sitúan en el 26%, lejos del ideal. “La aportación estatal se sitúa en 2.661 millones de euros, habiendo incrementado un 33,6% respecto a 2021, que fue de 1.992 millones”, asegura el informe.

Otro elemento crucial es el de la acusada desigualdad territorial. Las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.329 euros por persona) y Extremadura (1.706 euros), mientras a la cola continúan Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros).

El reparto de la financiación entre la Agencia General del Estado y las Comunidades Autónomas presentan grandes diferencias entre los territorios. Mientras País Vasco (86,00%), Baleares (83,09%) o la Comunidad Foral de Navarra (81,56%) asumen la mayor parte de la inversión de sus sistemas, la media de financiación autonómica cae hasta el 74%, con Galicia (64,80%), Andalucía (66,87%) y Castilla y León (67,25%) entre las que menos inversión llevan a cabo.

El último informe de la Asociación Estatal de Directores Gerentes en Servicios Sociales revelaba que la falta de inversión pública deteriora los servicios sociales para personas mayores y los recursos para la inserción social. La cobertura del Servicio de ayuda a domicilio se ha reducido una décima, del 5,1% al 5,0%, mientras que los Centros de día se estancan, del 1,06% al 1,05%, al igual que el servicio de teleasistencia, que pasa del 10,0% a 9,9%.