Los nuevos pobres de España: trabajar y estudiar ya no significan estabilidad económica

“No debemos de confundir medidas que palían la pobreza con las políticas que erradican la pobreza”, sostenía Carlos Susías, presidente de la EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), durante la presentación del XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza en España. El 33% de las personas en riesgo de pobreza en España tienen trabajo, una muestra de la precarización de las condiciones laborales. Trabajar o tener estudios ya no desliga al ciudadano de la pobreza, asegura este reciente estudio, y el perfil del pobre no es una persona excluida que duerme entre cartones. Un pobre es aquel que tiene casa, coche, hipoteca, trabajo e hijos, pero apenas llega a fin de mes.

El índice AROPE marca el porcentaje de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social y sirve para evaluar por igual a todos los países de la Unión Europea. Es un indicador válido para conocer las mejoras sociales, puesto que la EAPN asegura que la mejora del PIB, en muchas ocasiones, no trae consigo una reducción de la pobreza. En 2022, el 26% de la población española, 12,3 millones de personas, han estado en riesgo de pobreza. De ellos, 3,6 millones (el 7,7% de la población española) viven con “privación material y social severa”.

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España tiene unos 1,8 millones de personas en AROPE por encima de las que debería tener para cumplir sus compromisos en la Agenda 2030, y los resultados desvelados por el estudio inciden en una fuerte brecha entre el norte y sur del país. Mientras que las comunidades autónomas al sur de Madrid se resienten y tienen más porcentaje de población en riesgo de exclusión social, la zona norte del país vive menos tensionada.

Las regiones más afectadas son Extremadura (36,9% de personas en riesgo de pobreza) y Andalucía (35,8), sin contar Ceuta (40,1%), Melilla (41,3%) y Canarias (36,2%). Sin embargo, las que menos porcentaje en exclusión tienen son Navarra (14,5%), País Vasco (15,7%) y Aragón (19,1%) y Cantabria (19,5%). En un lugar intermedio se ubican Madrid (20,3%), Cataluña (20,4%), Baleares (21,5%)

“Las diferencias entre regiones son más que evidentes, lo que evidencia que el territorio es una significativa fuente de desigualdad y la cohesión territorial debería ser, no solo desde un punto de vista formal, un importante objetivo político. El informe muestra una España dividida en dos mitades”, asegura la conclusión de esta amplia información. Los datos del norte se asemejan a los guarismos de los países desarrollados de la Unión Europea y las regiones del sur son incluso mayores que en los países más desfavorecidos del continente.

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Cualquier gasto extra supone, en términos económicos, una complicación que acerca a esa persona a engrosar los números totales de personas en riesgo de pobreza. A la luz de este informe, tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza y/o exclusión: “Todos los hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes tiene tasas más altas en los principales indicadores que aquellos donde hay adultos solamente”, asegura la investigación. Además, “debe subrayarse especialmente la debilidad de los hogares monoparentales, casi la mitad de los cuales están en AROPE (49,2% este último año y 54,3% el anterior)”. Esos hogares que, como en la Comunidad de Madrid, son rechazados cuando solicitan becas comedor para los menores.

Como ya había desvelado Eurostat, pero vuelve a confirmar el XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza en España, se ha multiplicado por 2,5 en los últimos cuatro años el número de hogares que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada, el 17,1% de las casas del país. También se ha incrementado hasta el 5,4% la tasa de personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. “Este indicador se ha doblado sobradamente desde el año 2015″, asegura el informe.

También es un indicador de pobreza, aunque no definitivo, llevar a final de mes. Si eso fuera concluyente, la mitad de España sería pobre, puesto que casi la mitad de la población (47,8%) ha tenido dificultad de algún tipo para no acabar el mes en números rojos. Aquellas personas que llegan a fin de mes “con cierta dificultad” ha aumentado desde el 23,3% hasta el 25,7%.

Además, el informe revela las enormes garantías que trae consigo el Estado de bienestar y la presencia de unas instituciones fuertes. Las llamadas “transferencias del Estado” (sin considerar dentro de esta definición las pensiones de jubilación o de viudedad, por ejemplo) reducen la pobreza severa en 6,5 puntos porcentuales, dato que crece hasta 23,6 puntos si se incluyen todo tipo de ayudas.

Sin embargo, el índice AROPE para medir el riesgo de pobreza, aunque en España se ha reducido lentamente con los años tras el estallido de la crisis de 2008, es 4,4 puntos superior a la media de la Unión Europea y la quinta más alta de todos los países miembros. Por encima solo aparecen están Rumanía, Bulgaria, Grecia y Estonia. Además, con un 7,7% de tasa de privación material social y severa, España se sitúa en el séptimo puesto, justo por encima de la media europea (6,7 %) y por detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia, Hungría, Letonia y Francia.

Con todos estos datos, se puede construir un arquetipo de persona pobre en España, donde las mujeres tienen más opciones de pertenecer a esta categoría que los hombres debido a las desigualdades de género históricas que aún se arrastran. Por ejemplo, el 52,6% de las personas en riesgo de pobreza son mujeres, el 32,9% de la población pobre tienen un trabajo remunerado y su renta media es tres veces inferior en comparación con el perfil de persona que no está en situación de pobreza.

Además, “el mercado laboral somete a más precariedad a las mujeres que a los hombres”, ya que al desempleo, donde hay más mujeres que hombres sin trabajo (14,8% frente a 11,3%), se registra que las mujeres tienen muchas más jornadas parciales que los hombres (21,6% frente a 6,6%). “Todo ello afecta a los ingresos de las mujeres, tanto en salarios como en pensiones, aunque se aprecia una tendencia a reducir la diferencia”, asegura el informe.

En cuanto a la vivienda, las personas pobres residen más en viviendas de alquiler (34,9 %). La cifra es más del doble que entre las personas no pobres (14,5 %). “El gasto dedicado a la vivienda entre la población en pobreza equivale al 39,1% de los ingresos del hogar”, asegura este estudio, y “el 35,8% de la población bajo el umbral de pobreza se enfrenta a un gasto en vivienda quince veces mayor que el resto de población (2,4%). Además, cuatro de cada cinco personas con gasto elevado en vivienda son pobres (79,1%). Los retrasos de los pagos de facturas de suministros y de hipoteca o alquiler son casi cuatro veces mayores entre las personas pobres que en el resto de población (20,4% vs 5,7% para los primeros y 26,4% vs 7,1% para los segundos).

También se identifica una diferencia entre aquellos que viven en la España rural, más empobrecidos que la España urbana. La tasa de riesgo de pobreza en las zonas urbanas es del 20,2% mientras que en las zonas rurales es del 22,1%. Para concluir, el 9,1% de la población urbana y el 7,9% de la rural se encontraban en pobreza severa en 2022.