La polémica ley gallega del litoral del PP y recurrida por el Estado no gusta a oposición ni a ecologistas: “Solo buscan conflicto con el Gobierno”

Desde que el Partido Popular aprobó en solitario el pasado mes de julio la ley para que Galicia pueda asumir la ordenación de su litoral, una norma que además pretende regularizar unos 4.000 inmuebles en la costa, no ha cesado la polémica. La ley salió adelante en el parlamento gallego con la abstención del BNG y del PSOE, al considerarla “apresurada” y “partidista”, mientras que el Gobierno central en funciones ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional porque “invade competencias estatales” en distintos ámbitos e “incorpora de manera unilateral el mar” al territorio de esa autonomía.

El recurso del Gobierno central “impugna hasta 31 artículos de la ley, lo que supone un 40% de la misma”, tal y como explicó hace unos días ante la prensa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, quien también indicó que la norma “reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar”.

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Además, el Gobierno asegura que Galicia se atribuye competencias propias que no estaban previstas en su Estatuto y recuerda que, por el contrario, Cataluña, Andalucía, Canarias y Baleares sí tienen capacidad en la gestión de costas porque así lo han reconocido en sus estatutos de autonomía. “Galicia no ha reformado su Estatuto y, por tanto, no puede asumir competencias que no están previstas en su norma básica”, indicó Rodríguez.

Desde Ecologistas en Acción consideran que la norma aprobada por el PP supone un retroceso, pues pretende “terminar con los escasos avances que se habían logrado en la protección del litoral con la ley de costas”. “Podríamos aplaudir la ley si fuera más restrictiva o proteccionista ambientalmente, pero es todo lo contrario. Es una maniobra, otra más, de las que tiene el Gobierno autonómico [que preside Alfonso Rueda] con el central”, dice a Infobae España Cristóbal López, portavoz de la organización ecologista.

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No obstante, la organización asegura que tras el recurso del Gobierno ante el Constitucional, la ley del litoral “no va a tener mucho recorrido” e insiste en que la Xunta de Galicia no tiene competencias en la materia.

Como vía intermedia para llegar a un acuerdo, el BNG, que defiende que Galicia debe tener esas competencias sobre la gestión del dominio público marítimo-terrestre y está de acuerdo con el PP en que no es necesario modificar el estatuto, propone “tramitar desde el parlamento gallego una proposición de ley de transferencia para que sea aprobada por el Congreso y, a partir de ahí, convertirlo en un real decreto que pase por la Comisión Mixta” y pueda resolverse.

“La diferencia es que el Partido Popular utiliza este tema de manera interesada y partidista para una confrontación con el Gobierno central porque le vale todo. La Xunta, que utiliza al sector de la cadena mar-industria para esta confrontación, en realidad no quiere nuevas competencias, solo quiere el conflicto”, dice a Infobae España el viceportavoz parlamentario del BNG, Luis Bará.

Por su parte, el PSOE de Galicia, que también optó por la abstención en julio y está de acuerdo en que la competencias sobre la gestión de la costa deben llegar a la región, insta al PP a que elija la “vía legal y segura” que vienen reclamando desde hace tiempo. “Llamamos al PP y a la Xunta a volver al diálogo, la cordura y el sentido común para hacer las cosas bien y garantizar la seguridad jurídica”, indicó el pasado viernes Patricia Otero, portavoz de infraestructuras del PSOE en el Parlamento de Galicia.

“Tienen que respetar la legalidad, negociar con el Gobierno para reclamar los poderes de la manera correcta. Lo que no puede hacer el PP es defender la Constitución por la mañana e incumplirla por la tarde”, añadió Otero.

El BNG critica tanto la forma “a toda prisa” de la tramitación de la ley del litoral como el contenido, pues se presentó como una vía para dar nuevos usos a edificios abandonados en el litoral, así como para instalar parques de eólica marina, lo que podría ser “contraproducente, al generar más presión sobre la costa”, según el partido nacionalista.

“No nos fiamos para nada de las intenciones del PP”, que entre otros aspectos, pretende “legalizar todo tipo de construcciones y fomentar usos turísticos”, señala Bará.

El BNG considera que se debe hacer una diferenciación entre los núcleos tradicionales de población en la costa -que a su juicio pueden ser regularizados cambiando el deslinde del dominio público marítimo terrestre como se ha hecho en otras ocasiones- y las “infracciones”, las construcciones ilegales que ocupan la costa. “No puede haber barra libre para legalizar todo”, sostiene Bará.

Además, añade el diputado, en el caso de que haya instalaciones como centros de salud, centros educativos o pabellones deportivos que estén en dominio público, la administración “debería dar ejemplo y trasladarlos fuera de forma progresiva”. “Siempre que sea posible, debería llevarse a cabo ese cambio de ubicación porque están invadiendo el dominio público”, insiste.

Respecto a las cerca de 300 empresas que también quedarían legalizadas por la ley del total de esos 4.000 inmuebles, el BNG cree que hay instalaciones que deben estar en el litoral porque “necesitan la captación del agua del mar o un acceso a la lámina de agua”, como es el caso de una depuradora de marisco o un astillero, pero “una industria contaminante como Ence (una productora de celulosa) no tiene que estar en dominio público marítimo-terrestre”, sostiene Bará, que también critica la instalación de empresas conserveras en el litoral.

Por su parte, el PSOE asegura que a día de hoy en Galicia “ninguna instalación ni empresa del sector marítimo-industria corre peligro por la normativa estatal”, ya que todas las prórrogas de concesión solicitadas “han sido autorizadas por el Gobierno central”. Los empleos en la cadena mar-industria, indicó Otero, “no están en riesgo”, pero si el PP y la Xunta “juegan con fuego”, advierte, e intentan cambiar “unilateralmente las reglas del juego, pueden provocar inseguridad jurídica”.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llegó a afirmar a principios de este año que la ley gallega del litoral constituía “casi una declaración de independencia”, mientras que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la constitucionalidad de la norma.

La conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, también ha señalado que la norma “no tiene resquicio alguno de inconstitucionalidad”. “Lo que hace es preparar a Galicia para asumir de forma plena las competencias de gestión del dominio público marítimo terrestre que le otorga el Estatuto”, sostuvo.