Iberdrola, Endesa y Naturgy gastan medio millón al año en presionar a eurodiputados durante la elaboración de leyes

Las relaciones entre política y empresas son por todos conocidas. Los lobbies son piezas angulares en la elaboración de muchas leyes y, ante los cambios y problemáticas de los últimos años, el mercado eléctrico se ha convertido en un tira y afloja entre consumidores, políticos y, por supuesto, entre las empresas del sector. Así, las tres grandes energéticas españolas —Iberdrola, Endesa y Naturgy— gastan casi medio millón de euros en ejercer presión sobre eurodiputados a la hora de elaborar las leyes, según el informe Radiografía del Lobby del Mercado Eléctrico elaborado en el contexto de la campaña europea People OverPolluters del Corporate Europe Observatory, junto con la coordinación de Alianza contra la Pobreza Energética, Enginyeria, SenseFronteres y Fossil Free Politics.

De esta forma, como empresas privadas e internacionales, velan por sus intereses económicos y empresariales también en Europa. El registro de Transparencia de la UE sí permite —de manera generalizada— ver cuánto invierte cada empresa en ejercer sus presiones y las reuniones que tienen para intentar que los eurodiputados modelen las leyes a su beneficio. Entre las tres, sumándole lo invertido por las patronales Aelec y Eurelectric, pagan, como mínimo, 1,5 millones de euros cada año para ejercer lobby en la Unión Europea, asegura el documento.

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Por empresas, Iberdrola es la que más invierte en esta cuestión y desde que existen registros ha tenido un total de 75 reuniones con europarlamentarios. Para ello, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán desembolsa 400.000 euros al año y dispone de cinco pases para entrar al Parlamento Europeo, siempre según refleja el texto elaborado por el lobby del mercado eléctrico al que ha tenido acceso Infobae España. Además, paga cerca de 10.000 euros anuales a Fleishman-Hillard, un potente despacho de abogados europeo y el mayor lobbista de la UE, que representa intereses de otras empresas como Banco Santander, Apple o General Electric. Algo que se ve reflejado en el importante flujo de contacto que tienen con Bruselas: han mantenido 13 reuniones con Kadri Simson, comisaria europea de energía, desde que esta ostenta el cargo.

Por su parte, Naturgy paga 50.000 euros anuales para ejercer su lobby, lo que le ha valido para tener 41 reuniones con eurodiputados y tiene pase para que dos lobistas accedan al Parlamento Europeo. Asimismo, Endesa desembolsa 25.000 euros anuales con el fin de ejercer presión en Europa, consiguiendo reunirse hasta 12 veces con eurodiputados y disponer de dos pases para lobistas. Ambas empresas han mantenido también contacto con Kadri Simson, aunque en muchas menos ocasiones que Iberdrola: la energética presidida por Francisco Reynés ha conseguido citarse cinco con la comisaria europea de energía, cifra que se reduce a tres encuentros en el caso de Endesa.

Fuentes directas de los partidos del Parlamento Europeo aseguran que también presionan a través de mails y con cartas de posicionamiento ideológico. Cuando quieren aprobar una medida, las eléctricas les hacen llegar qué piensan al respecto, destacando por la facilidad a la que acceden a la información que se trata en Bruselas. “Cuando empezamos las negociaciones con los partidos, a veces, no llegamos a reunirnos con todos y ya les han filtrado a las empresas qué se plantea hacer”, aseguran esas mismas fuentes.

Las empresas eléctricas en España han destacado por tener abundantes cargos políticos en su plantilla durante el paso de los años. La privatización de Endesa, comenzada por el expresidente Felipe González y culminada por José María Aznar y el paso del segundo por dicha empresa, es solo uno de los capítulos que hacen que se cuestionen los intereses de los políticos en las eléctricas y viceversa. Según el citado informe, el mayor interés de las eléctricas en los políticos reside en su agenda de contactos. Destacan algunos como José María Aznar o Felipe González, que pasaron por Endesa y Naturgy y otros que aún se mantienen como exministro de Interior, Ángel Acebes, en Iberdrola.

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Además de las evidentes relaciones entre las eléctricas y los dos partidos más votados en España, existe otro problema: la opacidad en la ley de transparencia. Si bien los ministerios detallan su agenda política, para los diputados, la ley tiene un carácter voluntario. En la pasada legislatura, solo un 10% de los parlamentarios del Congreso de los Diputados publican alguna de sus reuniones con los lobbies y la propia Cámara Baja ve “alta mente improbable” que haya tan pocas.

Las fuentes parlamentarias consultadas en el informe aseguran que las eléctricas plantean los intereses de la empresa como “interés general para la sociedad” y también lo amparan bajo el discurso de no perder competitividad. Además, en las reuniones con los parlamentarios acuden departamentos especializados de relaciones institucionales.

“Hace años me invitaron junto a todos los diputados a escuchar las opiniones de una serie de empresas al respecto de la energía. Ellas querían trasladar su discurso a los políticos. Es una forma de lobby encubierto, vendida como acto institucional y neutro”, explica Álvaro del Río, exdirector general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). En ese encuentro, Del Río explicó las inexactitudes que se estaban cometiendo por los intervinientes respecto al potencial y el futuro de las energías eólica y fotovoltaica. “Tal vez por no seguir el guion nunca volví a ser invitado” asegura.