El PSOE no tiene prisa para poner fecha a la investidura y se aferra al apagón informativo sobre las negociaciones

Pedro Sánchez tiene hasta el 27 de noviembre para intentar armar una mayoría en el Congreso que le vuelva a elegir presidente del Gobierno. Y a este plazo se agarra el PSOE para justificar la ausencia de una fecha de investidura del secretario general socialista pese a que han transcurrido ya 15 días después desde que el rey le designó como candidato a líder del Ejecutivo.

Fuentes del cuartel general de los socialistas, situado en la madrileña calle de Ferraz, destacan que no hay prisa para fijar el día del debate de investidura, ya que “dependerá de la evolución de las negociaciones” con los grupos parlamentarios necesarios para que la investidura prospere (además de los votos de PSOE, hacen falta al menos los de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV) sobre las que sigue habiendo un manto del silencio.

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Tras finalizar el presidente del Gobierno la ronda de contactos con los grupos el pasado viernes, la comisión negociadora del PSOE se reunió este martes en Ferraz con Pedro Sánchez a la cabeza. En ella, el líder socialista transmitió a sus integrantes, entre los que figuran María Jesús Montero o Félix Bolaños, su “confianza en poder sacar adelante la investidura”, como reveló el diputado Óscar Puente.

Si bien, Sánchez no les trasladó ninguna fecha orientativa para la sesión de investidura. Y es que, más allá de poner el foco en los posibles escollos de la negociación, que apuntan a la redacción de la exposición de motivos en la ley de amnistía (el relato del 1 de octubre), Puente se ha limitado a decir que “es una cuestión de ir madurando los acuerdos”.

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Esta situación de indefinición ya motivó un escrito del PP a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Asimismo, este martes lo volvió a poner de manifiesto la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, cuyo grupo registró otro escrito instando a la tercera autoridad del Estado a convocar la Junta de Portavoces, así como a recuperar la actividad del resto de órganos habituales de la Cámara Baja.

Gamarra lamentó que “han pasado casi tres meses desde las elecciones del 23 de julio y dos meses desde la constitución de las Cortes... y se confirma que Armengol ha parado el reloj de las Cortes y se lo ha entregado a Sánchez, lo que supone un secuestro del Congreso que está cerrado a cal y canto”. Y, en el marco de esta “obstrucción” de la vida parlamentaria, urgió a Armengol a poner fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez.

Desde la Presidencia de la Cámara Baja explican que Armengol, “de manera muy escrupulosa, está facilitando precisamente la formación de un nuevo Gobierno, cumpliendo con las funciones de su cargo y poniendo en marcha el reloj constitucional para que no se dé una situación sine die y que los candidatos designados por el Rey puedan tener investiduras exitosas”.

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Con este argumento se pretende revertir las acusaciones de la derecha, que compara el tiempo transcurrido desde el que Felipe VI encargó al investidura fallida a Feijóo y el día que se fijó la fecha (menos de 24 horas) con el que afecta al actual proceso de investidura de Sánchez (alcanza los 15 días sin poner fecha al debate de investidura). “Tenemos un plazo máximo de investidura que arrancó cuando se celebró el pleno de investidura de Feijóo [...] Si no hubiera sido así y nos encontráramos en una situación sine die, sin fecha, ni plazos, ni candidato designado por el Rey, se podría plantear, como se hizo en el 2016. Pero no es el caso”, apostillan voces cercanas a Armengol.

Estas fuentes se refieren así a la situación ocurrida tras las elecciones de junio de 2016, cuando la entonces presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, tardó 21 día en fijar la investidura de Mariano Rajoy, alargando en el tiempo la puesta en marcha del reloj electoral (si ningún candidato es elegido en los dos meses desde la primera votación de investidura, el rey disolverá las Cortes Generales y convocará nuevas elecciones, que deben celebrarse en un plazo de 47 días).

Por ende, desde la Presidencia del Congreso ponen en valor la actuación de Armengol, tanto en la investidura de Feijóo como en la de Sánchez. Sobre esta última, detallan estas fuentes, “se le ha dado tiempo para que pueda desarrollar esas negociaciones que resulten en un proceso de investidura exitoso, y con tiempo límite aunque no haya fecha fijada para el Pleno, porque esa investidura tiene que desarrollarse en cualquier caso antes del 27 de noviembre”, recuerdan.

Por otro lado, se desconoce la posición concreta del PSOE sobre los temas que afectan a las negociación de la investidura, siendo la amnistía la piedra angular, una explicación que el presidente del Gobierno ha retrasado hasta en dos ocasiones. En septiembre, desde Nueva York, dijo que aclararía públicamente su posición sobre algunos temas de la negociación cuando recibiera el encargo del rey al estar por aquel entonces en curso la de Feijóo. Tras aceptar este encargo, el pasado 3 de octubre, Sánchez avisó que despejaría esta incógnita una vez concluida la ronda de reuniones con los grupos.

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Sobre esta tardanza, la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, apuntó que, tal como también ha dicho Sánchez en los últimos días, “nada está acordado hasta que todo esté acordado; estamos en ese proceso de trabajo. Y todo lo que se acuerde será en el marco de la Constitución”, señaló para reiterar el método seguido por los socialistas: “Discreción en los trabajos y transparencia en las conclusiones. Cuando hayamos culminado esos trabajos, los contaremos con absoluta transparencia”.

En medio de este apagón informativo, el PSOE ya ha activado el botón del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El ex secretario general socialista, que ya fue el encargado de vender los logros del Ejecutivo de coalición durante la campaña del 23 de julio, activando al electorado progresista, entró en escena este lunes para salir en defensa de Pedro Sánchez y defender con vehemencia la amnistía.

En una entrevista en Más de uno, el programa conducido por Carlos Alsina, Zapatero justificó la medida de gracia a los encausados por el procés. “Cuando se está en el Gobierno, si hay que cambiar de opinión, se cambia por el interés general”, alegó ante una iniciativa “de la que disponen todas las democracias homologables”, pero que en caso de aplicarse debe estar “motivada, justificada y amparada adecuadamente”.

Dentro de este silencio, Puente fue “más lejos de lo que quería”, como aseguró a la prensa tras salir de la reunión de la comisión negociadora, al apuntar que el PSOE está dispuesto a conceder la amnistía ahora porque “las circunstancias van cambiando y hay que adaptarse a ellas. Hay que pensar siempre en lo mejor para el país”, sostuvo.

Estas palabras contrastan con la crítica por parte de la vieja guardia encabezada por Felipe González. Este mismo martes, el también expresidente del Gobierno volvió a tomar la palabra para señalar a Sánchez, al asegurar que no estaría dispuesto a aprobar la amnistía si no necesitara los votos de Junts para seguir en La Moncloa, al tiempo que habló de “interés personal”.

Preguntada por las palabras de Zapatero y González, Isabel Rodríguez mostró respeto por ambas “opiniones”. Y, desde la sala de prensa de Moncloa no perdió la oportunidad de emitir “la opinión en nombre del Gobierno de coalición”, cuyo presidente del Gobierno está inmerso en el proceso de investidura. ”Queremos continuar liderando ese despliegue de los fondos de recuperación que consiguió Pedro Sánchez. Es legítimo querer continuar con la tarea de transformación que va a permitir una España mejor [...] Y para eso estamos escuchando y atendiendo la expresión de los españoles que se manifestó en las urnas y se traduce en la representación parlamentaria del Congreso, que es quien tiene que otorgar esa investidura al nuevo presidente del Gobierno”.