Orden de desahucio para un hombre con esclerosis múltiple y su madre de 79 años: “Quieren echarnos y vender la casa”

*Tras la publicación de esta información, el desahucio ha sido paralizado 72 horas después.

Ni Manuel ni María esperaban algo así. La esclerosis múltiple del hombre de 43 años avanza progresivamente y su ojo derecho ha perdido toda la visión. Solo queda una pequeña rendija en el izquierdo, en la parte inferior, por la que poder intuir movimientos. Mientras, su madre pasa los días postrada en una silla, enferma de una artrosis degenerativa que a sus 79 años le convierte en una persona dependiente. La propiedad de la vivienda, Promontoria Coliseum, empresa que pertenece fundamentalmente a Cerberus, un fondo de inversión protagonista de otros casos de desahucios en España y que ahora quiere ejecutar este por el impago de un mes.

“Dicen que hay cinco recibos que no se han pagado, pero no es así, he presentado los recibos y solo falta uno. Yo creo que quieren echarnos para vender la casa y hacen como que no les llegan los recibos”, dice este hombre, residente en Callosa de Segura, un pueblo del sur de Alicante y su hogar de toda la vida. Hace unos años compraron una vivienda y pusieron de aval el piso donde vivían sus padres. Las complicaciones llevaron al embargo de esa segunda casa y pasaron a vivir de alquiler en el hogar que han habitado desde que nacieron. “Mi madre lleva aquí 69 años”, asegura el hombre, que recibe una pensión no contributiva de 450 euros, que se suma a los 700 euros por la pensión de viudedad de su madre. Entre los dos, afrontan los gastos diarios y pagan a la empresa propietaria de 357 euros. Cuesta cuadrar las cuentas a final de mes.

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“Es la casa en la que me crie y todos los vecinos están con nosotros. Llevamos dos semanas fatal, hemos cambiado la medicación a mi madre porque está nerviosa y a mí me han recetado lorazepan. Esto tampoco es bueno para mi enfermedad”, apunta Manuel por teléfono a Infobae España mientras su madre atiende y aporta detalles por debajo. La mujer no puede valerse por sí misma y entre los gastos mensuales se encuentra la contratación de una persona que la cuide, sin contar el precio de la luz o los productos de farmacia que no cubre la sanidad pública.

El domicilio es pequeño y estrecho. Cuenta con dos habitaciones y una estancia que hace las veces de salón. Un hogar escaso en un pueblo de apenas 18.000 habitantes que ya se anuncia en los portales de compra de viviendas. En todos los anuncios se dice que se vende el piso “con okupas dentro” y el precio oscila los 40.000 euros. El Ayuntamiento también está involucrado en los trámites para suspender o prorrogar el desahucio.

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El desahucio, asegura la familia, estaba programado para el 24 de octubre, pero pidieron al juez un aplazamiento, un salvoconducto por el que aún pelea su abogado. Desde la Plataforma de Afectado por la Hipoteca (PAH) de la zona no ven con esperanza el caso, aunque esperan que al menos se postergue la decisión hasta que haya una alternativa habitacional para María y Manuel, los cuales no deberían poder ser desahuciados hasta el 31 de diciembre porque un Real Decreto del Gobierno paralizó las ejecuciones de los casos vulnerables hasta que la inflación y la crisis generada por la guerra de Ucrania quedara algo más estabilizada.

Cerberus es un fondo de inversión (fondo buitre, tal y como se renombran a estas empresas dentro del activismo) que está detrás de otras ejecuciones de desahucios en la Comunidad de Madrid y Cataluña. La Comunidad Valenciana es la segunda región de España donde más desahucios se ejecutan, 1.090 en el segundo trimestre de 2023, solo por detrás de Cataluña, con 2.274. En líneas generales, las órdenes de lanzamientos han caído un 32% respecto al primer tramo del año, según la última actualización del Consejo General del Poder Judicial. Aunque una vez caiga la limitación impuesta por el Gobierno de España que restringe los desahucios, los datos darán cuenta del problema de la vivienda en España.

España sufre más de 100 desahucios al día y en la Comunidad Valenciana, en 2022, se produjeron más de 5.000. Manuel sueña con solventar la situación y poder evitar sufrimiento a su madre, que está de ser obligada a dejar la casa en la que ha vivido toda su vida. “Yo no quiero problemas”, dice este afiliado de la ONCE con problemas de vista. Mientras intenta eludirlos, no concibe ser expulsado de su casa. Su madre, postrada en la silla y con las extremidades ya atrofiadas, está a merced del mercado inmobiliario.