Las CCAA dejarán de ingresar 2.051 millones por bajar impuestos en 2024 tras la llegada del PP a sus gobiernos

Las medidas de política fiscal adquieren una especial relevancia con la vuelta de las reglas fiscales en 2024. Cuadrar el déficit de las administraciones públicas en el 3% del PIB el próximo año como exige Bruselas va a depender, en gran medida, de que las autonomías lo reduzcan, algo que según el Plan Presupuestario de 2024 se producirá y será compatible con hacer rebajas fiscales y aprobar incrementos de gasto público. Todo ello a la vez es posible gracias a la liquidación extraordinaria que recibirán las autonomías del sistema de financiación autonómica.

Según el documento publicado este lunes por el Ejecutivo, las bajadas de impuestos aprobadas por las autonomías en los últimos años implican dejar de ingresar 801,9 millones en 2023 y 2.051,5 millones en 2024. El importe se ha más que duplicado como consecuencia de los nuevos alivios fiscales aprobados mayoritariamente en las regiones que ya gobernaba el PP (Madrid, Andalucía y Castilla y León) y en las que el PP consiguió los apoyos suficientes para gobernar tras las elecciones del 28 de mayo: Baleares, Extremadura, La Rioja, Canarias, Valencia, Aragón y Cantabria.

Algunos gobiernos socialistas también aprobaron bajadas de impuestos a raíz de la crisis inflacionista para 2022 y/o 2023, pero de menor impacto que las introducidas posteriormente por el PP. Esto sucedió, por ejemplo, en Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia. El caso de Canarias es llamativo, ya que con un gobierno socialista deflactó las bases liquidables del IRPF hasta 90.000 euros, entre otras medidas.

La mayor parte de lo que dejarán de ingresar las autonomías este año y el próximo viene por parte de las bajadas del IRPF, un total de 1.728,6 millones en 2024 y 613,4 millones en 2023. Por otra parte, la factura de suprimir o reducir notablemente los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados asciende a otros 322,9 millones de euros en 2024 (188,5 millones en 2023).

En total, contando con el aumento de la recaudación derivado de la implantación del nuevo impuesto sobre residuos en vertederos, el plan presupuestario señala que las medidas discrecionales de ingresos de las autonomías restarán 513,8 millones de euros en 2023 y 2.040,3 millones en 2024. A estas rebajas fiscales se suman incrementos de gastos adicionales que, excluyendo las medidas relativas a la crisis inflacionista, alcanzan un valor de 330 millones de euros en 2023 y 224,4 millones en 2024. Estos importes se derivan de mejoras para los empleados públicos autonómicos, ayudas y transferencias y medidas de gasto farmacéutico y hospitalario.

No obstante, pese al recorte de ingresos y el aumento de gastos, las cuentas salen según el Gobierno central. Las autonomías descenderán su déficit del 0,6% previsto para 2023 al 0,1% en 2024, por debajo de la tasa de referencia del 0,3%. De hecho, la reducción del déficit por parte de este subsector supondrá la mayor parte de rebaja del conjunto de las administraciones públicas para 2024 y permitirá cerrar el año en el 3%. El misterio reside en la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2022.

La recaudación por impuestos por parte del Estado en 2022 fue muy superior a la estimada por el Gobierno en los presupuestos de ese año por el efecto de la inflación. Esto ha provocado una mayor diferencia entre las entregas a cuenta que efectuó el Gobierno central a las autonomías y lo que realmente deberían haber recibido, de manera que la liquidación de 2022, que se efectúa en 2024, repartirá unos 20.000 millones de euros adicionales a las comunidades.

“El escenario de ingresos refleja una mejora sustancial respecto a 2023 en los recursos del sistema sujetos a entrega a cuenta y liquidación dada la favorable evolución de los ingresos tributarios del Estado”, reconoce el plan presupuestario. Aparte de no ser estructural esta transferencia tan abultada, el sistema de financiación autonómico está diseñado para que las regiones que bajan impuestos tengan un doble impacto. Al tener que aportar igualmente al Fondo de Garantía el 75% de su capacidad tributaria normativa que calcula la Agencia Tributaria, si la recaudación real de las comunidades está por debajo de la prevista, tienen que ingresar fondos que salven la diferencia restándolos de otros fines.

Según ha incidido la AIReF en reiteradas ocasiones, la liquidación de 2024 es “extraordinaria” y no se repetirá en 2025 porque la inflación de 2023 será mucho menor. Por ello, ha recomendado a los gobiernos autonómicos evitar aumentos estructurales de ingresos o de gastos que pongan en peligro el cumplimiento de la disciplina fiscal y al Ejecutivo que publique la tasa de referencia de la regla de gasto para 2024, algo que no se ha producido por estar en funciones.

En su aval emitido este lunes sobre el plan presupuestario, la institución solo verifica el cuadro macroeconómico, dejando todo lo demás para un informe posterior, por lo que habrá que esperar hasta entonces para saber si considera que los cálculos de déficit del Ejecutivo son realistas.