La invisibilizada violencia machista en el entorno rural: 17 de las 51 mujeres asesinadas este año vivían en pueblos

La violencia de género es transversal: no entiende de edades ni clases sociales. Tampoco entiende de lugares y se produce tanto en la propia casa como en calles y parques, bares y discotecas, en ciudades o en el entorno rural, aunque es en los pueblos donde el problema se puede agravar más debido a la escasez de recursos con los que cuentan las víctimas y a la falta de anonimato, entre otros motivos.

De hecho, según ha alertado la Federación de Mujeres Rurales (Fademur) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se celebra el 15 de octubre, 17 de los 51 feminicidios registrados en lo que va de año se han producido en municipios de menos de 20.000 habitantes, lo que supone el 33% de los crímenes machistas. “Cuando denuncias en una sociedad tan pequeña igual estás haciendo frente al primo de tu marido y eso supone un problema para muchas de las víctimas en el medio rural”, dice Fademur a Infobae España, desde donde indican que las relaciones de maltrato en los pueblos se prolongan más que en las ciudades y lamentan que las administraciones “sigan sin prestar atención específica” a las mujeres que sufren este tipo de violencia en el ámbito rural.

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En un estudio elaborado en 2020 junto al Ministerio de Igualdad, Fademur también recuerda que son las mujeres las que soportan un 38,4% de tasa de inactividad frente al 15,1% de los hombres de este entorno, además de sufrir una “fuerte segregación horizontal y vertical” en el mercado laboral de los pueblos: el 78% de las que trabajan lo hacen en el sector servicios.

El estudio, que lleva por título Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, también señala que están “sobrerrepresentadas en los puestos con peores condiciones laborales”, es decir, aquellos con ingresos entre 400 y 1.000 euros, “con contratos temporales, fijos-discontinuos, en las jornadas parciales y mayoritariamente presentes en las posiciones inferiores de la jerarquía laboral”. Además, el informe destaca que las mujeres rurales están sobrecualificadas, al situarse “más de 7 puntos por encima de los hombres entre los 35 y los 49 años, y más de 14 entre los de 20 a 34 años”.

La carga mental de las mujeres, todo ese trabajo invisible y poco valorado que implica la administración de un hogar, también suele mayor en los pueblos. El hecho de no disponer de líneas de transporte público, consultas sanitarias diarias o una línea de internet decente condiciona sus vidas, “provocando una sobrecarga de tareas de cuidados y limitando su acceso a trabajos o formación”, añade el estudio.

“Si al final eres la cuidadora de las personas mayores porque no hay centros de día, la que lleva a los niños al colegio y la que cuida de los más pequeños porque no hay guarderías, eso también repercute en sus posibilidades de empleo y hace que sean más vulnerables a la violencia machista porque de esa manera son más dependientes económicamente [de los hombres]”, sostiene Fademur.

Por otro lado, la federación destaca que se haya implementado la primera Política Agraria Común (PAC) con perspectiva de género, lo que en España, explican, se ha traducido en una “ayuda directa a las explotaciones con mujeres al frente”. Además, en los primeros meses de este año, también se ha logrado la aprobación del Estatuto de la Mujer Rural y del Mar en Galicia, así como el proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón. Sin embargo, aseguran que ambos proyectos “han tenido un sabor agridulce”.

En ese sentido, Fademur critica la “tramitación opaca” del estatuto en Galicia y aseguran que el texto es “superficial y carente de propuestas”. Tanto esta organización como la de Mulleres Salgadas, del sector pesquero, han denunciado a la Xunta de Galicia, al considerar que el proyecto “obvia las diferentes realidades que deben ser atendidas con rigor y de manera individual”.

Por otro lado, si bien Fademur celebra que el proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, aprobado el pasado mes de marzo con el consenso de asociaciones y buena parte de los grupos políticos, incluya la representación paritaria de las mujeres en las organizaciones profesionales que operan en el medio rural, también lamentan que “aún esté en un cajón” tras la entrada del nuevo Gobierno autonómico.